El Gobierno admitió que la suba de la energía complica el acuerdo con el FMI y lo obliga a pensar en cambios para cumplirlo

La suba sostenida en los precios internacionales de la energía asoma, días después del anuncio del acuerdo técnico y cuando recién empezó su paso por el Congreso, como el primer factor relevante de riesgo en el cumplimiento de metas y de compromisos asumidos por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. Algunos cálculos privados prevén que la situación global de valores de la energía impedirá el recorte de 0,6% del PBI en la cuenta de subsidios y que el Poder Ejecutivo podría necesitar otras estrategias para cumplir con la meta fiscal comprometida.

La cuestión de los subsidios fue el último tema que trabó la resolución del programa técnico definitivo entre Buenos Aires y Washington. Sucede que las condiciones internacionales que determinan el costo que tiene la generación de la energía y, por lo tanto, el gasto público necesario para cubrirlo, cambiaron abruptamente en plena negociación. Solo como referencia, el 28 de enero cuando el ministro de Economía Martín Guzmán anunció el primer entendimiento con el FMI, el barril de crudo internacional valía 90 dólares. Cuando se cerró la letra chica cinco semanas después ya costaba 118, más del 30% de aumento.

El tira y afloje entre los funcionarios de Economía y los técnicos del FMI incluyó salvaguardas que abren el paraguas de condiciones internacionales que perjudiquen la viabilidad de algunos objetivos del programa. La guerra en Ucrania impactó de tal forma en la economía global que el día de la invasión rusa un grupo de funcionarios del equipo económico ya comenzaban a hacer cuentas sobre cuántos dólares más para importar gas se necesitarían y, del otro lado, cuántas divisas extra ingresarían por el salto en el precio de los alimentos.

El presidente del Banco Central Miguel Pesce asegura que esa cuenta da un resultado “neutro”. “Además de los combustibles, también tenemos una variación del precio de los granos. Es una dinámica muy compleja para todas las commodities. La posibilidad de determinar el efecto final es bastante difícil. La semana pasada la última estimación que hizo el Banco Central, el efecto combinado del aumento de granos y de energía daba una cifra similar. No habría pérdida de reservas o pérdida en la balanza comercial por las dos subas”, aseguró en el plenario de comisiones de Diputados en que se debatió el acuerdo con el FMI.

Desde el Ministerio de Economía aseguraron a Infobae que la exposición de factores de riesgo en el programa con el FMI es parte de una negociación como la que encaró la Argentina y que una situación de tensión geopolítica debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar un programa económico a varios años.

“Un acuerdo a 10 o 12 años como este siempre está sujeto a riesgos, es algo usual. Los convenios entre organismos multilaterales y Estados tienen que tener en cuenta imponderables de este tipo”, afirmaron.

Un cálculo privado refleja que también habrá efectos contrapuestos, aunque no habla de un impacto nulo. Una estimación del economista Martín Castellano, jefe de investigación para Latinoamérica del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF), consideró que “Argentina se convirtió en importador neto de energía en 2011, por lo que los altos precios del petróleo y el gas erosionan la cuenta corriente”, mencionó.

“Estimamos una escasez de divisas de USD 388 millones por cada USD 10 de aumento en el precio del petróleo. No obstante, el aumento de los precios agrícolas debería ayudar a compensar el impacto adverso”, comentó Castellano. De acuerdo a su proyección, el desequilibrio para las reservas sería menor al 0,10% del PBI, lo que implicaría menos de USD 550 millones.

En el memorando técnico, como luego Martín Guzmán y el propio staff del FMI se encargaron de remarcar, se señaló que el programa económico consensuado está sujeto a factores de riesgo que podrían poner en peligro la viabilidad de los objetivos. El riesgo más relevante dada la situación actual es el de una escalada de precios globales de la energía, lo que pone en duda -más de las que ya había- la real posibilidad que tendrá el Poder Ejecutivo para llevar adelante una reducción efectiva de subsidios de 0,6% del PBI. Una hipótesis que ya estaba en discusión incluso antes de la guerra en el este europeo.

“En los documentos se reconoce la situación de alta incertidumbre que se está viviendo sobre todo en el contexto geopolítico y de guerra y lo que ellos implica para el precio del gas, hay un reconocimiento de que hay un riesgo, también en la velocidad en que puedan reducirse los subsidios. Cuando estábamos en la parte previa de las negociaciones había condiciones diferentes que las que hoy se presentan. Hoy hay una guerra en un lugar de alta relevancia para la energía mundial”, dijo Guzmán ante los diputados. Repreguntado por el diputado radical Martín Tetaz sobre qué proyección de incremento de tarifas podría hacer con los precios actuales, el ministro de Economía replicó: “No tengo la bola de cristal para saber qué va a pasar en el mundo con el precio del GNL”.

El jefe de la misión argentina del Fondo Monetario, Luis Cubeddu, también alertó, horas después de presentado en sociedad el memorando de entendimiento, que el objetivo de recorte presupuestario de subsidios está atada a condiciones que están fuera del control del Gobierno argentino. “La reducción de 0,6% del PBI en subsidios está basado en suposiciones sobre los precios globales de la energía y consideraciones sobre el cambio climático”, apuntó.

“Por lo tanto esta es una proyección de base, todas las proyecciones de base están sujetas a riesgos y esos riesgos dependen mucho de la evolución de los precios de la energía. Lo que hicimos con el Gobierno fue trabajar en un programa que trata de reducir los subsidios pero también con la conciencia de la evolución del mercado de la energía. Y trabajar con ellos para ajustarlo de una forma tal que ese ahorro pueda alcanzarse”, concluyó Cubeddu.

El memorando de entendimiento asegura: “Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda. De manera importante, la intensificación de las tensiones geopolíticas—incluidos aquellas relacionadas con el conflicto en Europa del Este— han aumentado significativamente la incertidumbre alrededor de nuestro escenario base, especialmente para los subsidios de energía”.

El único punto “a favor” que tiene el Gobierno en este aspecto es que esa reducción planificada de subsidios no forma parte del listado de políticas económicas condicionales en el programa con el FMI. Es decir, su cumplimiento no influye directamente en la posibilidad de contar con los desembolsos trimestrales. Por razones lógicas, de todas formas, lo que suceda con la cuenta de subsidios incidirá en el nivel de gasto público, de déficit primario, y como tal, en la meta fiscal acordada con el organismo.

“En las revisiones el FMI sólo será determinante que se cumpla el objetivo de déficit primario, sin importar para la aprobación del desembolso cómo se llega a ese resultado. Por esta razón, el acuerdo no tiene una ‘meta’, es decir, un ‘criterio de ejecución’, acerca de cuánto deben subir las tarifas de los servicios públicos, por ejemplo”, mencionó el último informe de la consultora PxQ, del ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis.

“El cálculo del escenario base del Memorándum se basa en que el costo mayorista de la energía se mantendría constante en términos reales durante 2022, lo cual parecía difícil dado el escenario de precios internacionales previo al conflicto entre Rusia y Ucrania y se volvió prácticamente imposible en el contexto actual”, advirtió

“Nuevamente, la reducción de subsidios no es una meta cuantitativa del programa, es decir que la aprobación de los desembolsos no depende de su cumplimiento. Aunque si no se reducen los subsidios en la cantidad que prevé el memorando el Gobierno deberá buscar otro mecanismo para lograr la reducción del déficit primario, el cual si es una condición para recibir los fondos en cada una de las revisiones. La pregunta relevante, por lo tanto, es cuánta reducción de subsidios necesita el Gobierno para alcanzar la meta del FMI en un escenario razonable de ingresos y gastos”.

En ese sentido, planteó qué alternativa podría tener el Poder Ejecutivo para, en caso de no poder llevar adelante la poda de subsidios, aún así cumplir la meta fiscal. “Si el gasto en prestaciones sociales, transferencias a provincias y universidades y otras transferencias creciera 1% real con el PIB creciendo 4% (punto medio del rango estimación del FMI para 2022) habría un ahorro de 0,4% del PBI. Si, a su vez, se logra algún incremento de ingresos se podría alcanzar el 0,6% para cumplir el objetivo del FMI en caso de que no se lograra ahorro por el lado de los subsidios”, ejemplificó.

La consultora Invecq, por su parte, consideró que “con alta probabilidad podemos decir que recortar 0,6% PBI en subsidios tarifarios no es posible. En base al esquema propuesto por el gobierno, en el escenario más optimista, se conseguiría que los subsidios se mantengan estables en términos reales o creciendo muy poco”, alertaron.

“No es llamativo que en el propio texto del memorando ya se comience a abrir el paraguas sobre los riesgos acerca del cumplimiento del ahorro en subsidios energéticos como consecuencia de la guerra iniciada por Rusia y el impacto de la misma en el aumento del precio de la energía importada por Argentina. Sin embargo, lo llamativo es que el ahorro de subsidios no es factible aún sin que entre el juego la guerra. Solo con que el costo de la energía tenga un aumento similar al que tuvo en 2021 (67% en pesos) tal ahorro no se consigue. Es decir, en todo caso, el riesgo es que el conflicto bélico haga subir los subsidios durante este año en relación al año pasado, no que imposibilite su baja”, anticipó Invecq.

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