Acuerdo con el FMI: por la alta inflación, el Gobierno se comprometió a emitir menos deuda atada a la suba de precios

Uno de los compromisos que tomó el Gobierno nacional ante el FMI en el acuerdo que comienza a discutir este lunes el Congreso está relacionado a la inflación persistente y que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. El Ministerio de Economía aseguró en la letra chica con el organismo que buscará reducir el peso de la deuda indexada a los precios y que intentará diversificar el menú de bonos que ofrece a los inversores del mercado local. Casi el 60% de los vencimientos en pesos de los próximos meses están explicados por este tipo de instrumentos de financiamiento.

El memorando de entendimiento con el Fondo Monetario incluye un apartado sobre cuáles serán los planes que tiene el equipo económico para mejorar su estrategia de colocación de deuda y de cobertura del déficit fiscal por medio de licitaciones en la plaza financiera local. Para eso, el área de Finanzas el Palacio de Hacienda realizó un trabajo técnico con los funcionarios del FMI durante los últimos meses para planificar pasos a seguir en los próximos meses en este aspecto.

Uno de los compromisos explicitados en la letra chica con el organismo es la magnitud de las colocaciones de deuda en pesos en el mercado doméstico que deberá concretar el Poder Ejecutivo para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas. “Nuestro plan apunta a un financiamiento neto del sector privado en pesos al Tesoro de alrededor de 2% del PIB por año durante 2022-24, sobre la base de nuestro plan de consolidación fiscal debidamente equilibrado”, menciona el memorando de políticas económicas. A valores nominales de hoy, 2% del PBI representan unos 1,3 billones de pesos.

“Con base en los esfuerzos emprendidos hace dos años, continuaremos reforzando las prácticas de gestión de la deuda a fin de establecer un mercado líquido y profundo de deuda soberana y desarrollar una curva de rendimientos de referencia. En aras de estos objetivos a largo plazo, elaboraremos una estrategia de gestión de la deuda a mediano plazo”, anticipa el texto girado este fin de semana al Congreso para su discusión parlamentaria.

En ese sentido, marca como fecha de referencia para tener finalizado un plan hacia adelante a diciembre de este año. Esa estrategia seguirá determinadas pautas: racionalizar el número actual de instrumentos; mejorar la predictibilidad de las licitaciones de deuda; limitar el uso de precios mínimos en las licitaciones sólo para ofrecer orientación sobre nuevos instrumentos y para períodos de tensión en el mercado y desarrollar bonos de referencia para apoyar la liquidez y el descubrimiento de precios en el mercado secundario, adelantó el Ministerio de Economía.

El compromiso sobre el financiamiento local también incluye un llamado de anteción sobre la deuda atada al índice CER, que sigue la evolución de los precios. “En este sentido, y conforme al sendero proyectado de desinflación, tenemos previsto reducir gradualmente el uso de instrumentos vinculados a la inflación, ampliar la cartera de instrumentos de deuda de referencia y extender el perfil de vencimientos”, consideró el memorando de entendimiento.

La deuda atada a la inflación representa el 58% de los vencimientos de deuda que afronta el Ministerio de Economía en los próximos seis meses, según información oficial. Además, significa poco más del 80% del stock de deuda en pesos informada por la Secretaría de Finanzas: 6,7 billones de stock en relación a los 8,2 billones que están actualmente en circulación. El resto de la deuda en moneda local son letras y bonos a tasa fija.

Otro compromiso asumido por el Gobierno a la hora de apuntalar la financiación en el mercado será la relación con los fondos inversores. “Tenemos previsto, además, expandir el programa de creadores de mercado, establecido hace un año, para lo cual ampliaremos el conjunto de valores elegibles, e impulsaremos nuestro programa de relación con inversores, dando a conocer presentaciones semestrales y celebrando reuniones periódicas con inversionistas en las que se informará sobre la evolución y las perspectivas macroeconómicas y se proporcionarán detalles sobre la evolución de la deuda pública y el financiamiento público”, adelantó el Gobierno en su presentación del acuerdo con el FMI.

La meta que pretende cumplir el Poder Ejecutivo a través de un financiamiento más robusto en el mercado local es el de la asistencia monetaria al Tesoro por parte del Banco Central, que este año deberá caer desde un 3,7% del PBI hasta 1 por ciento. Otra pata de ese plan serán los préstamos desde organismos internacionales de crédito y desde el propio FMI.

“Se prevé que el financiamiento neto proveniente de bancos multilaterales de desarrollo y acreedores oficiales bilaterales sea de 0,4% del PIB por año durante 2022-24, una porción del cual ayudará a financiar tanto proyectos de infraestructura como programas para reforzar la protección social y la eficiencia energética”, explica el memorando de entendimiento.

También habrá financiamiento neto desde el FMI, lo que implica que no todo el préstamo bajo el formato de Extended Fund Facility (EFF) -por 45.000 millones de dólares- será destinado a cubrir los vencimientos del Stand By de 2018, sino que habría un diferencial que quedaría en el Tesoro.

“Este apoyo oficial, combinado con un financiamiento neto del FMI al Tesoro en 2022 (0,7% del PIB), ayudará a reducir el financiamiento del presupuesto por parte del Banco Central a 1% del PIB en 2022 (criterio de ejecución cuantitativo), 0,6% del PIB en 2023 y cero en 2024. Adicionalmente, las condiciones de financiamiento buscarán reducir con mayor rapidez el financiamiento del Banco Central al Tesoro para acelerar el restablecimiento de la confianza en la moneda doméstica”, asegura el texto oficial. Ese financiamiento de 0,7% del PBI desde el Fondo Monetario implicaría unos USD 3.850 millones al Tesoro.

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