Falta de información, dudas y escepticismo sobre la promesa de Alberto Fernández de plantar 100 millones de árboles

Además de fijar, con reminiscencias jesuíticas, nueve “misiones industrializadoras” y destacar como “objetivos realistas” para lo que resta de su gobierno la creación anual de “al menos 200.000 puestos de trabajo de calidad en el sector privado”, la puesta en marcha de “10.000 nuevas empresas” por año, la exportación anual de bienes y servicios por más de USD 100.000 millones y el abatimiento “sostenido y paulatino” de la inflación, en su reciente mensaje a la Asamblea Legislativa el presidente Alberto Fernández prometió también un “Plan Nacional de Forestación” para plantar y cuidar 100 millones de árboles hasta fines de 2023. Los árboles, explicó, “son el mecanismo natural manejable más eficiente para la captura de carbono”.

La promesa había sido anunciada por primera vez por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el 7 de diciembre de 2021, cuando se presentó el relevamiento satelital de bosques realizado por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-Industrial de la cartera. Semanas antes, Domínguez había asistido a la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, COP 26, en Glasgow, donde se impulsó la plantación de árboles como una forma de “mitigar” el problema y lograr sistemas de producción de carne “carbono-neutral” en esquemas productivos silvo-pastoriles.

El anuncio de los 100 millones en plazo tan breve sorprendió a los dirigentes del sector forestal privado e incluso al entonces director del área en la cartera agrícola, Daniel Maradei. El 15 de febrero lo reiteró el jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto a Domínguez y los ministros de Interior, Eduardo de Pedro, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, y Educación, Jaime Perczyk. “Hay una decisión del Estado nacional de articular con las provincias, los municipios y el sistema educativo para coordinar y fortalecer la implementación de este programa a nivel federal”, dijo Manzur. Son poco más de dos árboles por habitante, agregó Domínguez.

Bajo fuego

Ya entonces Corrientes estaba bajo incendios que arrasaron más de 900.000 hectáreas, hasta que fueron sofocados por la lluvia. Esos fuegos, más los que asolaron partes de Entre Ríos y Misiones, consumieron, estiman en el sector, unos 40 millones de árboles, la enorme mayoría en bosques nativos. Y a las cerca de 40.000 hectáreas de bosques quemados en lo que del año hay que agregar unas 20.000 hectáreas de bosques consumidas por el fuego el último año.

A más de dos meses del anuncio original, sin embargo, ni en el sector privado ni en el Gobierno se sabe en qué consiste el plan, cómo se financiará, de dónde saldrán los plantines necesarios, qué especies se plantarán, dónde, quiénes lo harán, quiénes se harán cargo de los cuidados (riego, desmalezado, control de plagas) en la etapa inicial, en que más se necesitan.

“Y muchísimas preguntas más que haré cuando conozca algo del plan”, dijo a Infobae un funcionario del INTA vinculado a temas forestales que pidió reserva de su nombre. “Es necesario definir fines y especies y dónde plantarlas: ¿tierras del Estado o privadas?, ¿vía grandes y medianos productores o agricultura familiar? Para que el plan sea exitoso se necesita una organización federal, que tal vez estén delineando”, dijo con esperanza el experto estatal. Agricultura no respondió a una consulta de este medio al respecto.

Se trata de aspectos clave que definen si el “plan” realmente existe y si es viable. En San Luis, contó una fuente del sector privado, se llevaron a cabo varios planes de forestación, pero la tasa de sobrevivencia de las unidades plantadas en algunos casos fue de apenas el 10%. Nueve de cada diez plantines, gajos o semillas no llegó a ser árbol, por mala plantación o falta de cuidados.

Principales dudas

Tantas son las dudas sobre la promesa oficial de plantar 100 millones de árboles, y tan poca la información, que el 16 de febrero, el día después del anuncio en boca de Manzur, las entidades asociadas en el Consejo Foresto-Industrial Argentino (Confiar) reiteraron el pedido, que ya le habían hecho a Domínguez el 24 de enero, de una reunión “urgente” para saber de qué se trata, pero aún no tuvieron respuesta.

“Queremos que nos escuchen. Este plan de forestación tan grande es muy importante para lograr la descarbonización y atraer inversiones para la foresto-industria, de modo que también sirva para generar empleo y exportaciones”, dijo a Infobae Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), uno de los firmantes de la misiva.

“No sabemos qué tipo de árboles quieren plantar, queremos saber para poder opinar, pero no tuvimos respuesta y en el medio sucedió el desastre ecológico de los incendios. Vamos a reiterar el pedido”, agregó Queiroz. El objetivo climático, resaltó, no es incompatible con el de la industria forestal.

“Cuando se corta madera (renovando plantaciones) también se produce captura de carbono, por lo que se reemplaza, explicó Queiroz. “Nosotros cortamos pinos y eucaliptus que plantamos, no árboles nativos”. Los pagos a la industria forestal, en virtud de la ley 25.080, para la inversión en bosques cultivados, sancionada en 1998, agregó el presidente de Faima, están muy atrasados, en una actividad en que entre plantar y aprovechar la madera pasan fácilmente 8 años.

Claudia Peirano, de la Asociación Forestal Argentina (AfoA) precisó al respecto que los aportes por esa ley, que hasta 2019 surgían de un “seguro verde” sobre las pólizas al sector automotor, se redujeron de $592 millones en 2019 a $256 millones en 2020 y sumaron 265 millones en 2021: esto es, cayeron a menos de la mitad en términos nominales, pese al más de 105% de inflación acumulada en el último bienio. El atraso en los cobros desalienta a su vez la forestación. “En los próximos años posiblemente falte materia prima para industrializar”, dijo Queiroz.

No los necesitamos

Hasta ahora, el Gobierno ignora por completo al sector privado, y vuelven las preguntas. ¿De dónde saldrán los plantines, quién plantará los árboles, quién los cuidará? Según el técnico del INTA consultado, hay unos 145 viveros en todo el país, pero no un listado actualizado y casi no hay viveros de especies nativas. Una fuente privada estimó por su parte que la provisión local de plantines alcanzaría para plantar unos dos millones de árboles al año, de unas pocas especies. Aunque no todas las especies requieren plantines, la falta de escala es evidente. Así las cosas, ¿Cómo podría la prometida plantación abarcar todo el territorio?

La idea de Domínguez, contó off the record otra fuente, es mejorar el ambiente rural a través de cortinas forestales y la plantación de especies de rápido crecimiento (pinos, eucaliptos, salicáceas) alrededor de escuelas y centros urbanos y en los márgenes de los arroyos, para evitar el arrastre del suelo. Se buscaría además mejorar la producción ganadera mediante esquemas silvo-pastoriles.

“El árbol fija carbono y brinda protección a la hacienda durante los calores del verano y a las pasturas durante las heladas en invierno. También sirve para hacer cortinas en cultivos florales y frutícolas. La idea es visualizar el compromiso del productor rural con el cuidado del ambiente. Ya lo hace a través de la siembra directa y cultivos mínimos, pero plantar árboles sería una forma de exteriorizar su compromiso”, explicó la fuente.

De la resina a la resignación

La explicación choca contra los argumentos que esgrimió el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, cuando, en medio de los incendios en Corrientes y para eludir su morosa respuesta al pedido de ayuda de la provincia, culpó a los productores privados y a los bosques implantados por el avance del fuego.

Daniel Maradei, el director del área forestal de Agricultura, declaró entonces al sitio especializado “Argentina Forestal” que el ministro estaba mal asesorado. “En plantaciones forestales solo un 2,4% se vio afectada hasta ahora, no un 90%”, dijo, rectificando al mimado ministro camporista. Esa osadía le costó el puesto. No es gratis contradecir a Cabandié. Lo único seguro del reemplazo es que debe ser una mujer.

“Eso de que el fuego se esparció porque los pinos son resinosos es una de las tonterías que dijo Cabandié”, dijo a Infobae un conocedor de la interna. “Hay imágenes satelitales -señaló- de pastizales totalmente quemados, en los que el fuego se corta al llegar a bosques implantados, porque están manejados”. Esto es, lo contrario del desmanejo oficial.

La Ley 25.080, impulsada por Maradei en los 90, impuso a los productores dejar calles cortafuegos, hacer lotes de un máximo de 25 hectáreas, equiparse en función de la superficie forestada y, en plantaciones de más de 700 hectáreas, contar con torres y cámaras de vigilancia permanente. La ley dio origen a “consorcios” regionales, con brigadas capacitadas y equipadas para combatir el fuego.

“Nada más alejado de la realidad de que porque se vaya a hacer con pinos el plan de forestación puede ser peligroso”, explicó una fuente con algo de información. En EEUU –explicó- se quemaron millones de hectáreas de pinos, pero eran bosques nativos, sin caminos, ni cuidados, ni cortafuegos. “Cualquier zona abandonada es riesgosa de incendio, incluso un edificio”, explicó.

El pedido de reunión al ministro Domínguez de las entidades agrupadas en Confiar (además de Faima, la asociación Forestal, la de Fabricantes de Celulosa y Papel y la de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera) reconoce que los árboles son una solución basada en la naturaleza y una forma eficiente y rentable de “capturar” CO2 (dióxido de carbono) de la atmósfera, pero menciona planes dignos de ese nombre.

La Unión Europea, cita un pasaje, “emitió un compromiso en 2021 de plantar 2.000 millones de árboles bajo el lema ‘el árbol correcto, en el lugar correcto y con el propósito correcto’, identificando los múltiples destinos para esos árboles: restauración de bosques nativos, arbolado urbano, fitorremediación, silvopastoril y plantaciones comerciales, entre otros”. Nada de eso se conoce de la gran promesa anunciada por Domínguez, Manzur y Alberto Fernández, en ese orden.

En la carta enviada a Agricultura, las entidades agrupadas en Confiar, es decir el sector privado involucrado en la plantación de árboles, producción y uso de la madera, le recordaron a Domínguez que el ambicioso objetivo del ya bautizado “Plan Nacional de Forestación” se puede lograr en sistema “en sistemas foresto-ganaderos con triple propósito: carne, madera y carbono, permitiendo la certificación de la carne carbono neutro” y que la plantación (y reposición) comercial también contribuye a la “captura” de carbono y mitiga el cambio climático al reemplazar productos no renovables o fósiles como cemento, plásticos y gasoil en actividades que van desde la construcción de viviendas y muebles hasta textiles, paneles y bioproductos.

Remember Moreno

Un forestador del norte de la Patagonia que dejó la actividad, harto de los tiempos burocráticos y la falta de apoyo real para una actividad de tan larga maduración, y que ahora se dedica íntegramente a la agricultura y la lechería, le dijo a Infobae que la nueva promesa presidencial le recordó la que el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, hizo en diciembre de 2008, cuando aseguró que en 3 a 4 meses el gobierno pondría en marcha 5 megafeedlots con 40.000 cabezas de ganado cada uno para bajar el precio de la carne. Una “guerra” que el kirchnerismo, 14 años después, sigue librando.

Cinco meses antes de aquella promesa morenista, Alberto Fernández había dejado de ser jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner para convertirse en uno de los más feroces críticos del gobierno y de los anuncios de Moreno. Ahora no se trata de 200.000 cabezas de ganado, sino de 100 millones de árboles.

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