Ajuste de tarifas y suba récord de materias primas presionan sobre la inflación: podría llegar al 60%

Mauricio Macri se la jugó el último año de su mandato y le salió mal. Para seguir recibiendo desembolsos del FMI y calmar la situación cambiaria buscó llegar al déficit cero casi de la noche a la mañana, reimplantando retenciones, suspendiendo baja de impuestos y achicando la estructura del Gobierno. Pero en agosto de 2019 se chocó con una derrota de 14 puntos en las PASO que no pudo remontar. Ahora el FMI no le exige tanto a Alberto Fernández, pero sí lo obliga a un ajuste fiscal adicional en medio de un año electoral. Su antecesor lo hizo y perdió. ¿Estará dispuesto a seguir la misma receta?

El gradualismo que tanto se le criticó a Macri vuelve a ser la receta elegida en esta ocasión por el Gobierno y avalada por el propio FMI. Pero incluso la reducción del déficit primario de 3,1% el año pasado a 2,5% este año no parece sencilla. El acuerdo carga las tintas sobre las tarifas. Incluyendo el ajuste previsto para grandes usuarios, a duras penas se podría alcanzar un recorte de 0,4% del PBI por la eliminación de subsidios. Claro que semejante ajuste tendrá claros efectos sobre la inflación, que según el economista Fernando Marul agregará 3,5 puntos adicionales para 2022.

El acuerdo estipula que para el 1 de junio ya deberán estar eliminados los subsidios energéticos para los hogares más “ricos”. La suba de luz y gas generará un doble impacto en los precios. Por un lado, hay fuertes subas que se aplicarán de manera directa, por ejemplo en luz y gas. Pero, además, como los grandes usuarios tendrán sustanciales aumentos en el costo de la energía, trasladarán ese incremento de costos a los consumidores.

El Gobierno también se comprometió ante el FMI a mejorar la eficacia a la hora de recaudar, se pondrá el foco en reducir la evasión y también avanzará en un revalúo inmobiliario para acercar el valor fiscal de los inmuebles al precio de mercado. Sin embargo, es muy poco o casi nada lo que estas medidas aportarán a mejorar los ingresos en un corto plazo.

Todo conduce a que la baja del rojo fiscal que se precisa para este año la aportará la inflación que apunta a estar un par de escalones arriba en relación al año pasado. Esto es fundamental para el objetivo del Gobierno, porque infla nominalmente la recaudación cada vez que el consumidor compra algo. Y en segundo lugar provoca un silencioso recorte del gasto público, porque tanto el pago de los empleados públicos como de las jubilaciones van quedando rezagados en relación al incremento de precios.

¿De 55% para arriba?

El Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a febrero arrojó una estimación de inflación del 55% para el 2022. Sin embargo, la estimación de las consultoras económicas que participan aún no había incorporado en el análisis la invasión rusa a Ucrania, junto con el aumento récord del precio de las materias primas.

Está en marcha un tridente que hará volar la inflación este año: tarifazo, suba récord de productos primarios y aceleración del dólar oficial, que el Gobierno también comprometió ante el FMI. Semejante combo presagia un aumento inflacionario muy por encima del registrado en 2021. Según algunas estimaciones preliminares que ya circulan entre economistas, podría llegar al 60%. En febrero (mes de estacionalidad baja) no habría bajado del 4% y en el caso de los alimentos la suba se habría ubicado en torno al 5,5%. Todo esto antes de la guerra.

Todas estas consideraciones no tienen en cuenta la suba de los precios de la energía a nivel global, que también se trasladarán, aunque más lentamente a la Argentina. Habrá presión para que sigan aumentando los combustibles y además la importación de energía en invierno demandará de más dólares y también gatillará un aumento de costos para las empresas.

Estos cálculos dejan muy desactualizada la estimación pactada por el Gobierno con el propio FMI, que ubicó la inflación en un rango de 38% a 48% para el 2022 y luego un descenso de 5 puntos porcentuales por año. Sin embargo, la realidad podría superar en por lo menos diez puntos los cálculos incluídos en el acuerdo.

Más allá de la resistencia dentro del propio oficialismo, especialmente del kirchnerismo duro, el arreglo con el Fondo consiguió el principal objetivo que tenía el Gobierno en el corto plazo: tranquilizar el frente cambiario. Los próximos desembolsos y la suba de tasas que definió el Central ayudaron a prolongar la paz cambiaria. El dólar libre siguió en baja y cerró la semana a $ 201, mientras que el “dólar Bolsa” se consigue a $ 197.

Mercados

Es creciente el número de inversores que optaron por apostar por la rentabilidad en pesos, apostando a que el dólar se mantendrá tranquilo. El “carry trade” es una opción tanto con plazos fijos tradicionales, como también con depósitos a plazo y bonos que ajustan por CER.

La aceleración del ajuste del dólar oficial, que aumenta a un ritmo de casi 3% mensual, y la estabilidad del tipo de cambio libre implica una reducción de la brecha cambiaria. En la última semana se multiplicaron los pronósticos de una reducción marcada a lo largo del año, un paso clave para empezar a normalizar la economía. Para TPCG Securities podría caer del 100% del arranque del año al 60%, mientras que el dólar oficial aumentaría menos de lo esperado, finalizando el año a $ 158. Adcap Grupo Financiero también revisó sus pronósticos a la baja y estimó que la brecha podría achicarse hasta el 50%, transformándose en el más optimista del mercado.

Los bonos, en cambio, reaccionaron negativamente tras el anuncio del acuerdo y el riesgo país llegó a los 1.930 puntos. El consenso del mercado es que el Gobierno que asuma en 2023 no tendrá otro remedio que renegociar nuevamente la deuda con los bonistas privados, ante la imposibilidad de cubrir los vencimientos a partir de 2025.

Sólo un verdadero milagro le permitiría a la próxima administración recuperar el acceso al financiamiento al punto de poder renovar voluntariamente la deuda que vence en cuatro años. No sólo se registran vencimientos por arriba de los USD 15.000 millones (entre deuda privada y FMI), sino que además la deuda en pesos crecerá exponencialmente en los próximos tres años.

Desde Juntos por el Cambio criticaron duramente el acuerdo con el FMI, indicando que se trata de una “bomba de tiempo” que le queda al próximo gobierno. La falta de reformas estructurales, la lentitud para bajar el déficit y el fuerte aumento del endeudamiento son factores que condicionarán fuertemente a la próxima administración.

Varios diputados de Juntos por el Cambio, como Ricardo López Murphy, ya habían anunciado su intención de votar negativamente el acuerdo. La mayoría de los legisladores del PRO que se retiraron del recinto en el discurso presidencial durante la asamblea legislativa harían lo propio. Sin embargo, tanto el radicalismo como Coalición Cívica tendrían posturas más cautas. Dentro del PRO también hay posturas como la del diputado Rogelio Frigerio, que considera que no es momento para empujar a la Argentina ante un default con el FMI.

Alberto Fernández se verá obligado a encarar la última etapa de su gobierno con el apoyo del peronismo más moderado, la alianza del Frente Renovador y gobernadores. Sin embargo, seguramente se distanciará cada vez más del núcleo duro del kirchnerismo, el que le dio la posibilidad de llegar a la presidencia. En las próximas semanas quedará claro si se trata de una suerte de segunda presidencia dentro del período de cuatro años, ahora que –para bien o para mal- ya tiene un plan económico en marcha.

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