Tarifas y subsidios: por qué la energía se convirtió en la protagonista que signó el acuerdo con el FMI

Además de la cobertura política que, de cara al debate en el Congreso, el ministerio de Economía se procuró con su “relato”, el Anexo I al más técnico Memorándum de Entendimiento con el FMI llama la atención por el amplio espacio que da a la cuestión energética.

Era esperable, por caso, que Martín Guzmán, como hace en la parte inicial del documento, reitere buena parte del discurso oficial sobre la economía de los últimos años, desde el tamaño del crédito concedido por el FMI al país en 2018 y su fracaso, pasando por el relato de la lucha oficial contra la pandemia, con un 2020 en el que –según el documento– el PBI se despeñó exclusivamente a causa de los impactos económicos del virus y un 2021 en el que se recuperó gracias a la virtuosas medidas oficiales, obviando el tremendo efecto que en la caída tuvo la cuarentena XL que impuso el Gobierno y su cese en la recuperación. De igual modo, el Gobierno que se jactaba de la reducción de la inflación de 2020 (36,1%, alta para cualquier estándar, pero menor al 53,8% de 2019), cuando los precios mundiales se desplomaron, atribuye el 50,9% de inflación 2021 al “aumento de los precios internacionales”. De afuera, solo calamidades. De adentro, solo virtudes.

Así, por caso, los puntos 5 a 8 celebran la restructuración de la deuda con los acreedores privados (aunque el riesgo-país se mantiene cerca de los 1.900 puntos y el acceso al crédito internacional se estima recién para 2025), la recuperación, la campaña de vacunación (sin mención a su morosidad ni a la previa falta de testeos, que hicieron de Argentina uno de los países con peores resultados sanitarios del mundo), la reducción del déficit fiscal en 2021 (de 6,4 a 3%, dice el documento, sin aclarar que allí se incluyen más de USD 4.300 millones que envió el propio FMI), el superávit comercial 2021 (sin mención a la mejora de los precios exportables), el “afianzamiento” del mercado interno de bonos (obviando el brutal aumento de la deuda por ese canal) y hasta la reciente mejora de indicadores sociales, afirmando que la tasa de desempleo ya se redujo de 13 a 8,2% y la de pobreza de 45 a 40 por ciento. Economía hasta promete “reforzar” una estabilidad inexistente. En fin, un grado de deshonestidad algo por encima de la media de estos documentos.

Los puntos 9 a 11, a su vez, hablan de desembolsos, metas macroeconómicas y posibles desvíos y “recalibraciones” a causa de lo que el documento llama tersamente “el conflicto en el este europeo”. Hay allí USD 45.000 millones de refinanciación: a partir de un primer desembolso de USD 9.800 millones y otros que resultan en una yapa financiera de USD 5.000 millones respecto de los vencimientos 2021. Al igual que hasta ahora, Alberto Fernández concluirá su mandato sin sacar un solo dólar neto del Banco Central (los pagos a la fecha coincidieron con el dinero que el FMI envió al BCRA en agosto pasado), al que igualmente atribuye un peso decisivo en los pesares económicos.

Watts, moléculas y financiamiento

El tema energético asoma recién en la sección sobre “Política fiscal y financiamiento”, cuando Economía promete “focalizar mejor los subsidios a la energía” con la meta de “reducirlos en 0,6% del PBI en 2022″, pero reconociendo que “existen incertidumbres importantes y riesgos”. Siempre externos.

En ese tramo del documento, kilowatts y BTUs pasan casi desapercibidos entre menciones a “una firme expansión de la deuda pública denominada en pesos”, un revalúo para que las provincias recauden más impuesto inmobiliario y Nación más Bienes Personales, promesas de revisar las “transferencias discrecionales” (políticas) a provincias y empresas estatales y retocar el sistema previsional (regímenes especiales y edad de retiro) y mejorar el sistema de compras estatales (no más fideos al doble que el chino de la esquina).

Luego, tras el paso por las cuestiones monetarias y cambiarias, la “inflación multicausal” y medidas para mantener bancos híperlíquidos, de modo que sigan enjugando el aumento de la deuda interna, y el diseño de una “hoja de ruta” para desmontar los cepos, el texto vuelve con un notable énfasis sobre la cuestión energética, que consume el grueso del tramo final.

Según el documento, para que el PBI crezca las “mejoras de la eficiencia y sostenibilidad del sector energético” son tan importantes como “la inversión y la productividad”. Hay un auto-elogio al Plan Gas y se proyectan “inversiones en producción y transporte” para “reducir la dependencia de onerosas importaciones de energía”.

Segmentación: la solución del 10%

¿Cómo se hará? En primer lugar, Economia menciona la “segmentación de subsidios para los hogares con mayor capacidad de pago” y precisa que antes de fin de abril “convocará a una audiencia pública con la propuesta de eliminar los subsidios a la electricidad y el gas, a partir del primero de junio del corriente año, al 10% de consumidores residenciales de mayor capacidad de pago”. El propio gobierno reconoce la cortedad de esa medida que ahorraría subsidios por 0,06% del PBI, esto es, apenas una décima parte de la reducción total prometida para este año.

De ahí que para 2023 el documento indique una “expansión del plan de segmentación”. Un recorrido que anticipa fuertes tensiones: basta recordar que a fines de abril de 2021 Guzmán no pudo echar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que limitó el aumento de la tarifa de distribución eléctrica que pretendía el ministro. Máximo Kirchner, lejos de ayudar al objetivo de Economía de acotar los subsidios, los aumentó con su ley sobre las tarifas de gas en “zonas frías” dibujadas con buena dosis de arbitrariedad política.

Según Alejandro Einstoss, economista del Instituto Argentino de Energía, al decidir no tocar el gasto social ni el de capital, el gobierno se condenó a que el ajuste fiscal se recueste en el recorte de los subsidios económicos, y 75% de estos son energéticos. La “línea roja” del FMI, dijo, es el sendero fiscal. Y el gobierno decidió transitarla por el lado de la energía.

El documento recuerda al respecto que desde el martes 1 de marzo el precio mayorista de la electricidad “para todos los consumidores residenciales y para los usuarios no residenciales (excluyendo a los Grandes Usuarios) fueron actualizados en 28 y 42% respectivamente” y tras citar la incertidumbre en torno de los precios mundiales, afirma: “nos proponemos alcanzar niveles de tarifas energéticas (de electricidad y gas) razonables, que serán actualizadas de manera justa y equitativa”.

De hecho, Economía precisa que “antes de que finalice abril convocaremos a una audiencia pública con la propuesta de actualizar los precios mayoristas de la energía con vigencia a partir del primero de junio de 2022″, lo que augura un invierno de gas más caro, aunque con actualizaciones diferenciadas según se trate de usuarios con o sin tarifa social. Además, dice, para los grandes usuarios “las tarifas energéticas cubrirán la totalidad del costo, mientras que, para el resto de los usuarios no residenciales (pymes, comercios), se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública”.

Aumento promedio

Según el documento, de estas decisiones resultará que “en 2022 el promedio ponderado del precio mayorista de la energía se mantenga constante en términos reales”, lo cual sugiere un aumento promedio en torno al 48% de inflación en que se basan los supuestos macroeconómicos del acuerdo. Desarrollaremos un plan de mediano plazo para continuar con la reducción de los subsidios energéticos y mejorar la eficiencia de nuestra matriz energética”, dice el texto .

Otro pasaje va más allá aún: “El plan apuntará decididamente a aumentar el recupero de los costos de la electricidad y el gas en el mediano plazo”, a “mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso” y a “asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor y de manera más predecible los costos mayoristas del gas y la electricidad”.

Son conceptos a contramano del credo energético kirchnerista y, llevados a la práctica, pueden provocar un terremoto en la coalición de gobierno.

El 15 de septiembre de 2013, en Río Gallegos, al inaugurar la llamada “línea fría” del sistema nacional de electricidad, la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner precisó cuánto más consumía la Argentina de electricidad y gas respecto de Brasil, Chile y Uruguay. Tras dar algunas cifras al respecto, afirmó: “O sea que en la Argentina, per cápita en consumo energético, por así decirlo, consumimos 329% más que Brasil, 184% más que Chile y 174% más que Uruguay”, comparando el consumo promedio por argentino con el de vecinos de similar e incluso superior PBI por habitante.

Entre aquella jactancia de derroche y las promesas eficientistas de Guzmán al FMI hay un abismo que en algún momento pasará la cuenta y difícilmente se pague con relato.

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