En pocos días, la guerra lo cambió todo. Muchas de las proyecciones, metas y supuestos sobre los que el Gobierno y el FMI estuvieron trabajando dificultosamente en los últimos meses para alcanzar el acuerdo que finalmente se anunció ayer se convirtieron, en pocas horas, en meras adivinanzas. Desde la pauta de crecimiento, difícil de predecir en un entorno global literalmente hostil que provocará una desaceleración de la economía mundial, hasta la estimación del rango de inflación, ambas variables clave para, por ejemplo, proyectar el nivel de recursos con el que dispondrá, son ahora aproximaciones más bien inciertas.
El ejemplo más claro y contundente de lo movediza que resultará la letra acordada con el Fondo es, paradójicamente, la cuestión que llevó más tiempo negociar y que mayores resistencias provoca en el oficialismo: el aumento de tarifas y la reducción de subsidios. El compromiso exigido por el organismo es una reducción de 0,6% del PBI en los subsidios a la energía, que en 2021 insumieron unos USD 11.000 millones y que, de acuerdo a los cálculos que los especialistas en el sector manejaban hasta la semana pasada, treparían a USD 14.000 millones, en función del aumento de tarifas anunciado por el Gobierno hasta ese momento, de apenas 20%. Ese nivel de incremento no pasó el filtro de los técnicos del FMI, quienes exigieron un aumento promedio mucho mayor.
Las primeras estimaciones privadas arrojan que, de acuerdo a los detalles oficialmente informados, el promedio suba de tarifas se ubicará en torno al 60%, entre quienes deberán afrontar un incremento de más del doble de la boleta actual, quienes recibirán un aumento de 45% y quienes deberán pagar 22% más que hasta ahora. Para el diputado Luciano Laspina, sin embargo, el aumento promedio es mucho mayor y alcanza 85% respecto de los valores actuales. El dato nuevo es que, a pesar de acceder a esa condición del Fondo, el nivel de subsidios no se reduciría. Por imperio del salto de los precios internacionales del gas, el gasto para subsidiar las tarifas se mantendría estable aun a pesar del aumento.
Coinciden en esta cuenta los economistas Fausto Spotorno, de OJF & Asociados, y Fernando Marull, de la consultora FMyA. “El impacto sobre el nivel de subsidios, con los aumentos previstos en el acuerdo, es nulo”, afirmó. “No alcanza”, agregó.
Desde el IAE General Mosconi admiten que no hay manera, en el contexto actual, de evaluar el efecto del aumento tarifario. “Los costos son un problema enorme porque no hay precios de referencia. Por ejemplo, en el gas. El GNL estaba a USD 25 la semana pasada y hoy está arriba de los USD 50. Hay que ver cómo se estabiliza y, además, no se ha resuelto todavía la compra de gas a Bolivia, que se está renegociando muy tarde”, apuntó Julián Rojo, experto del instituto de energía.
La reducción de los subsidios es considerada, dentro del acuerdo, como una reforma estructural. De ahí que, de no cumplirse a pie juntillas, es probable que el argumento del contexto volátil contribuya a hacer la vista gorda. No ocurrirá lo mismo, sin embargo, con la meta fiscal.
El objetivo de 2,5% de déficit fiscal es, desde la perspectiva del mercado, una meta laxa que se puede alcanzar aun cuando el gasto en subsidios se mantenga constante. Esta variable, en definitiva, será una de las únicas tres exigencias en las que el Fondo Monetario pondrá la lupa. Sin margen para atrasar jubilaciones, se descuenta que la tijera pasará para el gasto social que no está sujeto a una fórmula de movilidad y que el año pasado representó 1,2% del PBI, el doble de la caída del déficit que pide el Fondo para este año.
El ejemplo más claro y contundente de lo movediza que resultará la letra acordada con el FMI es, paradójicamente, la cuestión que llevó más tiempo negociar y que mayores resistencias provoca en el oficialismo: el aumento de tarifas y la reducción de subsidios
“El FMI va a mirar tres cosas: las cuentas fiscales, la emisión monetaria y el nivel de reservas”, afirmó Fausto Spotorno. Son, en definitiva, los únicos tres pilares básicos que determinarán los desembolsos.
Mucho menos laxa que la meta de déficit, la exigencia de cubrir sólo 1% del PBI del desequilibrio fiscal con emisión monetaria es el desafío más grande para el Gobierno. Sin acceso al mercado internacional de deuda, existen dudas de la capacidad del mercado doméstico de proveer financiamiento suficiente.
La madre de todas las batallas, será, la acumulación de reservas. En este plano, la suba de los precios de los granos es factor clave que alimentará el superávit comercial y ofrecerá una inmejorable oportunidad de acercarse al objetivo de USD 5.000 millones de acumulación. Pero lo cierto es que lo mismo ocurrió en 2021 y, a la fecha, las reservas netas se ubicarían en USD 700 millones negativas, según los cálculos del economista Martín Polo. De ahí que el Banco Central ya inició el camino para desmantelar algunas de las restricciones que estimulaban la ampliación de la brecha cambiaria, al tiempo que sigue haciendo los deberes respecto del ritmo de devaluación y la posibilidad de una nueva suba de tasas. En ese camino, otra proyección completamente volátil volcada en el acuerdo, puede complicar todos los planes: nada indica que la inflación se ubique por debajo de 60% este año. El acuerdo prevé que, como máximo, llegará a 48%. Una estimación, más que desactualizada, casi imposible.
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