Críticas al gobierno de Macri y al FMI por el crédito del 2018 en el mensaje del Gobierno al Congreso para aprobar el nuevo acuerdo

El proyecto de aprobación del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Congreso contiene fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri y al anterior crédito que otorgó el organismo, al que señala como responsable por haber permitido la salida de activos del país.

En el mensaje que acompaña los dos memorandos técnicos, el Poder Ejecutivo señaló que “el Programa que se somete a consideración parte de una concepción y de una lógica totalmente distinta al Acuerdo Stand-By suscripto en 2018, cuya deuda refinancia”.

“En mayo de 2018, en el contexto de colapso del modelo económico que se implementó en la República Argentina a partir de diciembre de 2015, donde el mercado comenzó a evaluar como insostenibles los grandes volúmenes de deuda pública en moneda extranjera (principalmente bajo legislación extranjera) que el país había acumulado en los 2 años previos”, indicó.

Este endeudamiento no fue “acompañado por un incremento de la capacidad productiva que permitiera el cumplimiento de tales obligaciones respetando la sustentabilidad social, con la reversión del flujo de capitales externos de corto plazo, amplificada por la liberalización de la cuenta corriente y de capital, generando tensiones continuas sobre el balance externo que se reflejaron en abruptas devaluaciones”.

Por este motivo, “la administración anterior decidió acudir al FMI y posteriormente acordó un préstamo récord -en cuanto al monto - en la historia de esa Institución”.

“El acceso bajo el acuerdo Stand-By más grande de la historia del FMI ascendió, después de un aumento posterior a su firma, a una suma de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalente aproximadamente a 57.000.000.000 millones, lo que representaba el 1277 % de la cuota de la Argentina en el Organismo. Del monto previsto se desembolsaron en DEG montos cercanos a los USD 44.500.000.000″.

Esto fue “con un programa de políticas, plazos y montos de repago de características insostenibles e insustentables para nuestro país”. Luego recordó que la Argentina “entiende que la aplicación de los sobrecargos constituye una falencia de la arquitectura financiera internacional, generando efectos negativos para la estabilidad financiera global, y continúa llevando adelante diálogos tendientes a su revisión”.

“Como producto del proceso de endeudamiento público, mayormente en moneda extranjera y a corto plazo, la situación financiera pasó a ser especialmente crítica”.

“El proceso de endeudamiento público combinado con la fuerte devaluación del peso de los años 2018 y 2019 disparó la ratio de deuda pública a PIB, la cual pasó del 52,6 % en el año 2015 al 88,8 % a finales de 2019, alcanzando una carga de vencimientos en moneda extranjera insostenible en función de la capacidad de repago de la Argentina”. “Los desembolsos se utilizaron principalmente para financiar la formación de activos externos y para cancelar deuda de los acreedores privados en moneda extranjera que estaba en situación de insostenibilidad”

“La deuda externa había sido irresponsablemente aumentada durante el período diciembre de 2015 y marzo de 2018, en más de USD 80.000.000.000, de los cuales, aproximadamente unos 55.000.000.000 dólares correspondieron a deuda con acreedores privados y que termina revelándose profundamente dañina para las posibilidades de desarrollo económico y social de la Argentina”.

“De ahí que la carga de deuda resultó insostenible para la capacidad de desarrollo de nuestro país, generando una profunda dependencia con un Organismo con el que la Argentina ha mantenido una larga experiencia de programas fallidos”.

“Con todos los indicadores macroeconómicos deteriorados, el propio FMI, en su evaluación ex post del acceso excepcional en el marco del Acuerdo Stand-By de 2018, reconoció el fracaso de las políticas implementadas, admitiendo que no se logró alcanzar ninguno de los objetivos que se habían planteado, tanto en la esfera económica como en las esferas social y financiera”.

“Este programa de 2018 partió de 3 grandes errores en su concepción: no planteó una reestructuración de la deuda insostenible en moneda extranjera con acreedores privados; no definió un esquema de regulaciones de los flujos de capitales entre fronteras para evitar que el préstamo se utilizara para formar activos externos y se financiara así la formación de capitales en el exterior, generando daños a la sostenibilidad de la balanza de pagos y en su diagnóstico, la inflación era un fenómeno puramente monetario”

“En consecuencia, el gobierno nacional no planteó la construcción de una agenda cooperativa entre el sector público y el privado para poder implementar políticas de precios e ingresos que contribuyesen a que las expectativas que movilizan los precios tuvieran un comportamiento más estable”.

“No puede dejarse de lado la dimensión institucional en la decisión de firmar el Acuerdo Stand-By del año 2018, el que fue aprobado sin que el Honorable Congreso de la Nación discutiese, con madurez democrática y transparencia, un programa de la envergadura del Stand-By solicitado al FMI. En efecto, la participación del Congreso en esa decisión debió ser insoslayable, por imperativo constitucional, institucional y político”.

“Ello así, dado que sin la existencia de un efectivo consenso para llegar a un acuerdo, no puede surgir el compromiso político y social que se requiere para asumir y afrontar acuerdos de este tipo, por sus dimensiones, y por las gravosas consecuencias que acarreaba, destacándose, paradójicamente, que el apoyo político e institucional es uno de los criterios para el acceso excepcional que considera el mismo FMI”.

“El programa tuvo 4 de las 12 revisiones previstas originalmente en junio de 2018. La primera revisión demostró que el índice de sostenibilidad de la deuda pública externa había empeorado. Además, requirió una renovación de la estrategia del programa, con objetivos macroeconómicos revisados, junto con cambios en la política fiscal y monetaria a aplicar”.

“En la segunda revisión, una decisión del mayor ajuste fiscal fue incorporada al presupuesto 2019 y el tipo de cambio se mantuvo en la banda de no intervención. Asimismo, se observaron la mayoría de los puntos de referencia estructurales”.

“Para la tercera revisión, la inflación y las expectativas en los precios seguían aumentando, mientras los activos financieros no repuntaban. Tras la cuarta revisión, el FMI advirtió que las necesidades brutas de financiación seguían siendo elevadas y preveían etapas más duras para el programa. Al incumplirse todos los objetivos y haber empeorado los indicadores económicos y sociales, el Acuerdo Stand-By 2018 fue cancelado el 24 de julio de 2020″.

“Frente a ello, el Gobierno Nacional emprendió, a partir del 10 de diciembre de 2019, la difícil tarea de mejorar el presente tan duro que la Nación enfrentaba y, a partir de allí, sembrar condiciones para construir el futuro”.

“Se buscó una salida al ahogo generado por los plazos exiguos y por los términos que se acordaron para pagar tamaña deuda sin que ello socavara las posibilidades de desarrollo de la Argentina”, se concluyó.

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