Carta de Intención: el Gobierno pidió al FMI que si aparece un mecanismo más favorable en el futuro le permita utilizarlo

En el documento presentado ante el Fondo, que lleva la firma de Martín Guzmán y Miguel Pesce, se dejó abierta una puerta frente a una eventual modificación de los programas estandarizados del FMI

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El ministro de Economía, Martín
El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce

En la carta de intención presentada hoy ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno pidió al organismo ser tenido en cuenta para aplicar a un programa que le ofrezca condiciones más favorables, si es que ese esquema aparece durante la vigencia del acuerdo. La posibilidad de que una eventual flexibilización de los programas del FMI en el futuro pudiera beneficiar a la Argentina, y que por ello debía incluirse en el acuerdo, había sido expresada por el Gobierno desde los comienzos de la negociación.

“Finalmente, le solicitamos que confirme que, si en algún momento a lo largo de la duración del acuerdo, el Fondo creara un nuevo mecanismo con mejores condiciones financieras para el cual la Argentina fuera elegible, la Argentina tenga la oportunidad de hacer uso de la nueva facilidad, de conformidad con las políticas y procedimientos del FMI”, reza el último párrafo del texto.

La Carta de Intención lleva la firma del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del titular del Banco Central, Miguel Pesce, y está dirigida a la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva y lleva adjuntos los dos documentos centrales del acuerdo alcanzado: El Memorando de Políticas Económicas y Financieras y el Memorando Técnico de Entendimiento. En este último, se enumeran los objetivos específicos a los que la Argentina se comprometerá.

El Gobierno le solicitó al FMI, sujeto a la aprobación del Congreso, el apoyo para afrontar el programa de pagos de la Argentina que “en su mayoría reflejan el calendario de pagos al FMI resultante del Acuerdo Stand By acordado en 2018″.

“Nuestro plan está cuidadosamente calibrado para las circunstancias específicas de Argentina, en particular la difícil situación económica y social que se vio agravada por la pandemia mundial”, señaló la Carta. En el texto se formaliza que el programa de facilidades extendidas propuesto será por 30 meses por un monto de 31.914 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a alrededor de USD 45.000 millones, o el 1.000% de la cuota de Argentina dentro del Fondo.

En el documento queda claro que cualquier excedente que reciba la Argentina dentro de los fondos necesarios para cumplir con el acuerdo de 2018 será destinados a cubrir el déficit fiscal primario. “Pretendemos tratar la financiación del FMI como apoyo presupuestario, específicamente (i) para cumplir con las obligaciones pendientes con el FMI derivadas del Stand By de 2018; y (ii) financiar el déficit fiscal primario con el monto que exceda los pagos descritos en (i), ayudándonos al mismo tiempo a reconstruir nuestra posición de reservas internacionales”, explicitó el documento.

El Gobierno agregó en la Carta de Intención que para implementar el programa ya tomó “varias medidas iniciales” y agregó que el acuerdo con el Fondo es su plan económico, una expresión que el Gobierno siempre fue reacio a aceptar, al punto que Guzmán siempre mencionó que su único plan económico era el Presupuesto 2021.

“De conformidad con nuestra legislación interna, estamos presentando nuestro plan económico al Congreso de la Nación para su aprobación y estamos trabajando para garantizar que obtenga un amplio apoyo político y social”, señaló la Carta.

El plan, según explicaron Guzmán y Pesce, tiene como objetivo central “sostener la continua recuperación económica, fortalecer nuestra infraestructura pública y profundizar las mejoras en nuestra sociedad y condiciones de empleo”. En ese sentido, el documento menciona políticas destinadas a:

- mejorar de forma gradual y sostenible las finanzas públicas para garantizar la sostenibilidad de la deuda sin comprometer la recuperación, al mismo tiempo que se abordan las profundas brechas sociales y de infraestructura;

“De conformidad con nuestra legislación interna, estamos presentando nuestro plan económico al Congreso de la Nación para su aprobación y estamos trabajando para garantizar que obtenga un amplio apoyo político y social”, señaló la Carta

- reducir de manera duradera la alta inflación persistente a través de una estrategia múltiple que involucre un combinación de políticas fiscales, monetarias y de precios-ingresos;

- fortalecer la resiliencia externa y las reservas a través de políticas que apoyen el superávit comercial, fomentar las exportaciones netas y las entradas de capital a largo plazo, y allanar el camino hacia una eventual reingreso a los mercados internacionales de capital; y

- mejorar la sostenibilidad del crecimiento a través de políticas destinadas a movilizar el ahorro interno, fortalecer la efectividad de la inversión pública en infraestructura e innovación, y incentivar el desarrollo de sectores transables estratégicos.

“Creemos que estos primeros pasos decisivos, junto con las políticas elaboradas en el Memorando, son adecuados para lograr los objetivos económicos, financieros y sociales del programa. Además, estamos dispuestos a tomar cualquier medida adicional que sea apropiada para este propósito”, concluyó el documento.

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