El Gobierno afirma que llegó a un acuerdo técnico con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) en torno del aumento de las tarifas públicas para este año “por debajo” del 45 por ciento.
Dos fuentes oficiales en Buenos Aires indicaron a Infobae que de este modo se habría logrado que “la suba de las tarifas se ubique por debajo del aumento de los salarios” y no por encima de la inflación, como pretendía el equipo técnico del organismo multilateral.
Tal como informó este medio el viernes pasado, la apuesta oficial era a lograr esa victoria simbólica, que todavía hay que ver reflejada en el entendimiento técnico que debe publicar el FMI y en la carta que debe enviar el Gobierno a Washington para su tratamiento en el directorio una vez que el acuerdo pase por el Congreso Nacional.
“Quedaron debajo de la inflación”, comentó, escueta, una calificada fuente oficial. Otra fuente oficial indicó que “la idea es, como en 2021, que las paritarias promedio estén unos puntos por encima de la inflación anual y, por lo tanto, por encima de las tarifas energéticas”.
“Si se supone que se están cerrando acuerdos paritarios por 40 a 45 por ciento, con una revisión hacia el último trimestre, las tarifas deberían estar por debajo de 45 por ciento”, precisó.
Dado que el Gobierno promueve acuerdos paritarios del 40 al 45 por ciento, con una revisión hacia el último trimestre, el aumento de las tarifas debería estar por debajo del 45 por ciento, según indicaron en el Ejecutivo
Claro está que los consultores económicos calculan que la inflación rondará entre el 55 y el 70 por ciento este año a partir de una aceleración del tipo de cambio oficial y del mencionado aumento de las tarifas, luego del 50,9% registrado en 2021.
Esta percepción es la que llevó al staff del Fondo a pedir un ajuste tarifario la semana pasada del 60 por ciento (frente al 20% que proponía el Gobierno inicialmente), que el ministro Martín Guzmán calificó de imposible de aprobar políticamente en Buenos Aires.
Hasta el mediodía de Buenos Aires del lunes, según las fuentes, las negociaciones técnicas continuaban a contra reloj, dado el apuro del presidente Alberto Fernández por brindar algún anuncio positivo mañana en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional.
Justamente habrá que ver cuál es la redacción definitiva de este aumento tarifario para que pueda ser digerido por la mayoría del bloque oficialista y, en particular, por el kirchnerismo más duro, luego que los funcionarios del área de Energía ligados a la vicepresidente Cristina Kirchner impulsaran aumentos del 20 al 35 por ciento en la luz y el gas.
Uno de los aspectos que quedaría plasmado en el acuerdo es una cláusula que se suele utilizar en los acuerdos de mediano plazo con el FMI que da cuenta de la posibilidad de que, ante un cambio de condiciones globales, se revisen las metas pactadas a priori. Esto no se debe exclusivamente a la invasión rusa a Ucrania, sino a contingencias que pueden ocurrir en el período de 10 años de vigencia del nuevo programa.
Por otra parte, como aclaró el ex representante argentino ante el Fondo, Héctor Torres, estas cláusulas “corren para los dos lados: si las metas no se pueden cumplir o si se sobre cumplen”, por lo que pueden ser un alivio o un peso adicional para el país deudor.
“La flexibilidad es para los dos lados: no solo para no cumplir con las metas, sino también para sobre cumplirlas si hay viento de cola por el aumento del precio de los productos que exporta la Argentina, o un aumento en los valores de la energía que importa el país”, expresó.
“Estamos en una situación realmente muy particular y hay artículos de la carta del Fondo que permiten tener mayor flexibilidad frente a situaciones absolutamente excepcionales”, explicó Torres.
De este modo, con la invasión rusa a Ucrania y las sanciones anunciadas en los últimos días por las principales potencias occidentales, quedará más lejos de concretarse el deseo del presidente Alberto Fernández de “depender menos de Estados Unidos y el FMI” y acercarse más a Moscú. Este cambio de circunstancias se reflejó en la condena del Gobierno a la invasión rusa a Ucrania ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego de la dubitativa postura inicial del Poder Ejecutivo en otros foros internacionales.
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