El sistema jubilatorio en la mira: qué opinan los expertos sobre los cambios que evalúa el Gobierno

El acuerdo que está por cerrar el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional introduce un debate que ya generó olas internas y que promete un debate ríspido dentro del propio oficialismo. La letra chica del programa con el organismo incluirá una discusión de fondo sobre el sistema previsional, aunque rápidamente desde la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el de Trabajo se apuraron a descartar que se trate de una “reforma” jubilatoria, una exigencia común del organismo para acuerdos de este tipo.

El Poder Ejecutivo niega que busque un cambio directo en el régimen general de jubilaciones. Sino que se trata de un abordaje sobre algunos puntos en particular del sistema previsional. Por un lado, dos regímenes especiales que en el Gobierno consideran de privilegio: el de judiciales y el del cuerpo diplomático. Ambos son los dos esquemas de jubilaciones con haberes más altos de todo el sistema, con ingresos mensuales diez veces superior al promedio.

El presidente Alberto Fernández tuvo que salir a aclarar horas después del trascendido sobre que el acuerdo con el FMI se metería con las jubilaciones: “De lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces pero deberíamos avanzar más. Lo mismo con los embajadores”.

“No habrá ninguna reforma jubilatoria”, dijo en el mismo sentido el ministro de Economía Martín Guzmán en su cuenta de Twitter. “Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”, agregó.

Lo que sí el Gobierno estudiará en los próximos meses de qué manera “incentivar” a los trabajadores que están por alcanzar la edad jubilatoria a que prolonguen su vida activa, con el beneficio de obtener luego un haber más alto. Tendrá carácter voluntario para complementar un esquema de retiro “optativo” que está vigente desde hace poco más de cuatro años.

Desde el Ministerio de Trabajo aseguraron que no habrá un cambio en la ley que rige el esquema general de jubilaciones, y que el Poder Ejecutivo estudiará cómo incentivar a aquellos trabajadores o trabajadoras que están límite de la edad jubilatoria, para que continúen aportando para conseguir, en el momento del retiro, una mejor remuneración en su etapa pasiva.

Está vigente, en rigor, un esquema de jubilación “optativo” que fue aprobada en el Congreso durante el Gobierno de Mauricio Macri. En esa ley, sancionada a fines de 2017, se estableció un sistema de jubilación voluntaria a los 70 años, tanto en hombres como en mujeres. Lo que implica es que los empleadores ya no tienen la obligación de intimar a los 65 y 60 años, respectivamente, a que sus empleados inicien el trámite jubilatorio.

Un jubilado o jubilada que quisiera seguir trabajando una vez que pasó a su etapa pasiva puede seguir haciéndolo en relación de dependencia, pero perderá su antigüedad y dejará de aportar de forma tal que le implique un incremento en sus haberes. La intención que persigue el Gobierno ahora es la de incentivar el ingreso en ese esquema, aunque la forma en que lo hará todavía es materia de discusión. El Poder Ejecutivo planteó que el estudio de fondo del sistema jubilatorio tendría lugar durante la segunda mitad de este año.

El debate de fondo

El Gobierno prometió considerar un debate sobre la “equidad y sostenibilidad” del sistema de jubilaciones, características que según los expertos convocados por Infobae en la actualidad el sistema no tiene. La extensión de la vida activa, los aportes privados individuales y los regímenes de excepción atraviesan esa discusión.

Para Rafael Rofman, director del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), “el sistema previsional tiene serios problemas de equidad y sostenibilidad, por lo que creo que es bueno que se encaren”, este tipo de debates, consideró.

“La principal causa de la falta de equidad es la existencia de regímenes de excepción, que incluyen a especiales (Jueces, Servicio exterior, docentes, investigadores científicos, trabajadores de Luz y Fuerza), diferenciales (más de 70 esquemas que dan mejores condiciones a trabajadores en tareas “arduas o riesgosas”), provinciales (empleados públicos de provincias), personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad y Pensiones no contributivas, entre otras. En total hay más de 170 regímenes, que explican un 40% de los beneficiarios actuales y un 55% del gasto total”, mencionó Rofman.

“Esto es a la vez muy injusto (dado que tratan más generosamente a sus participantes que el régimen general) y costoso. Una reforma de fondo que elimine hacia el futuro todas estas excepciones e integre a todos los ciudadanos en un sistema único (reconociendo situaciones excepcionales, pero que por definición deberían ser muy limitadas) reduciría fuertemente la inequidad y mejoraría la sostenibilidad del sistema”, consideró el experto en temas previsionales.

Por su parte, Clara Estevarena, directora de wealth de la consultora Mercer, opinó que como recomendaciones en términos de sostenibilidad para el sistema jubilatorio postula “complementar los beneficios estatutarios con el ahorro privado e individual por lo que se debieran crear las condiciones para que los argentinos ahorren y fomentar el mismo. En términos globales la recomendación del estudio de Mercer es que el 80% de la población activa sea miembro de planes privados”, explicó.

“Rediseñar el financiamiento, ya que hoy el sistema de reparto se financia con los aportes y el fondo de sustentabilidad. En términos de aportes, las bajas en la natalidad y los aumentos de la longevidad crean una tormenta perfecta para los sistemas que se financian con los aportes de las personas en etapa activa, ya que genera un desequilibrio de menor proporción de activos sobre pasivos. La recomendación del estudio de Mercer es que los activos de fondos de pensiones superen el 100% PBI para fondear futuros pagos de beneficios”, apuntó Estevarena.

Respecto a una revisión de los regímenes especiales de judiciales y diplomáticos, el Gobierno apunta a modificar las condiciones por las cuales reciben haberes mucho más altos en comparación con el régimen general. Según datos de Anses, los trabajadores retirados del Poder Judicial ganan en promedio $385.181, con información hasta diciembre pasado. En total son beneficiarios de este régimen especial 7.252 personas.

El universo de alcance de las jubilaciones del personal diplomático es mucho más acotado en términos de cantidad de beneficiarios. La base de datos de Anses da cuenta que a diciembre de 2021 se pagaban 693 beneficios (428 jubilaciones y 265 pensiones). El ingreso promedio para los dos casos fue de $524.993 y $317.133. Eso da como promedio de este régimen especial un haber de $445.508. En este caso, poco más de la mitad de los beneficiarios son hombres.

Según Rofman, “sin duda es conveniente revisar los regímenes del Poder Judicial y Servicio Exterior, que son muy generosos en relación al régimen general sin ninguna justificación. Pero es importante recordar que, aunque son muy visibles, son una parte muy menor del problema. Entre ambos esquemas el gasto anual es de cerca del 0,08% del PBI, el conjunto de los sistemas de excepción (que también son inequitativos aunque menos llamativos) gasta cerca de un 7% del PBI”, consideró.

En tanto que Estevarena, opinó que “aunque el impacto es menor en términos de cantidad de personas alcanzadas, es un tema de equidad entre lo aportado y el beneficio retribuido que debiera ser ecuánime. Y en todo caso, si coexistieran regímenes diferentes por diseño y estructura, los mismos debieran ser de opción abierta en su elección para respetar equidad”.

El último aspecto en esa revisión planteada por el Gobierno es sobre la edad jubilatoria. Aunque no se trata de un aumento propiamente dicho de ese límite sino de “incentivos” para que las personas que están cerca de alcanzar esa edad puedan seguir trabajando, generando aportes al sistema y tener haberes más altos cuando pasen a la vida pasiva.

“Es importante avanzar en una estrategia que promueva la prolongación de la vida activa, por razones fiscales pero también por la necesidad de la sociedad de beneficiarse con la productividad de trabajadores que, dada la evolución en la expectativa de vida, las condiciones de salud y las demandas físicas de los trabajos, se extiende cada vez más en la vida. Una reforma para promover este aumento debería enfocarse más en incentivos (premiando a quienes postergan el retiro, y permitiendo un retiro más temprano pero con un costo significativo) que en cambios de edades mínimas”, propuso Rofman.

Por último, Estevarena consideró que “el aumento en la edad jubilatoria, por más antipático que sea, es una realidad basada en el aumento de la longevidad. Los sistemas que fueron diseñados considerando que la expectativa de vida era menor a la actual tienen inconvenientes para permitirse ser sostenibles en el tiempo puesto que se mantiene el mismo tiempo de ahorro y mayor tiempo de desahorro. Es como si un mes pasara a tener 60 días, y quisiéramos seguir trabajando 20/22 días al mes ganando lo mismo”, afirmó.

“Hay que buscar formas de generar eficiencias en el modelo, generar más ahorro, generar mayores rendimientos en dichos ahorros, acortar la etapa de desahorro, entre otras. El punto central es generar la empleabilidad de las personas de mayor edad en términos de habilidades y de mayor oferta laboral para todos lo que quieran trabajar”, concluyó Estevarena.

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