Qué falta para que la Argentina y el FMI cierren su acuerdo, a un mes del próximo vencimiento por USD 2.800 millones

La cuenta regresiva marca que en exactamente un mes el Gobierno debería pagarle al Fondo Monetario Internacional USD 2.824 millones de un vencimiento previsto en el calendario de devoluciones del crédito de 2018. Esa fecha funcionó durante estas semanas como “pivote” y referencia para el equipo económico y el staff del organismo, que se engarzaron en negociaciones full time sin días francos para cerrar la brecha de aspectos técnicos que separan a Buenos Aires y Washington de un entendimiento definitivo.

En el Gobierno cedieron al optimismo inicial que había hasta la semana pasada, cuando estimaban que las conversaciones podrían estar cerradas en cuestión de días. El fragor de la negociación llevó al equipo económico a aplazar la zona de definición al menos hasta este fin de semana, con la intención de presentar en el Congreso el memorando técnico firmado por el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Pesce la semana próxima y que inicie su camino legislativo.

La idea original en los despachos ligados a la negociación técnica con el Fondo Monetario era cerrar a tiempo la letra chica del acuerdo Extended Fund Facility (EFF) para darle un mes de tiempo al ala política del Frente de Todos para que consiga pasar el plan económico plurianual consensuado con el FMI por el parlamento, que luego sea girado al directorio del organismo y que allí consiga la luz verde final.

Para que eso suceda, todavía el Gobierno necesita afinar la sintonía con el staff del Fondo en algunos elementos decisivos del programa económico, que durará dos años y medio. Luego de esa primera etapa del EFF, sobrevendrán los años de devolución del nuevo préstamo que el Fondo Monetario le hará a la Argentina para que pueda afrontar los pagos del crédito anterior y fallido, de 2018.

Ocho claves para un mes decisivo

-Puntos sin definición: el memorándum de entendimiento con el FMI estaba ya incluso hace algunos días en un estadio avanzado, con la mayor parte de su letra chica diagramada y con los principios rectores del acuerdo ya redactados por el Ministerio de Economía.

El ritmo y tamaño de los desembolsos es uno de los primeros ítems que forma parte de las cuestiones aún sin resolver. La expectativa del Gobierno es poder contar con un primer aporte de (al menos) USD 7.500 millones en marzo, que incluya los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Gobierno ya usó para pagar deuda al Fondo en los últimos meses.

Otro tema es cuál será el nivel de crecimiento del PBI en los años en que dure el programa, al menos en los primeros tres años en que hay metas exigibles. La inflación también fue un tema de conversaciones y de tira y afloje entre el Gobierno y el organismo. El Poder Ejecutivo confía en una pauta de suba de precios para este año cercana al 40% y el FMI está más alineado con las proyecciones del sector privado.

También formaron parte del debate entre la capital argentina y la norteamericana un plan para los subsidios y tarifas. Los lineamientos principales que fueron anunciados el 28 de enero no incluyeron metas mensurables de recorte del gasto en subvenciones, pero el FMI remarcó que su reducción “sostenida” es un elemento decisivo del programa macroeconómico plurianual.

-Fechas clave: hay varias fechas que operan como referencia en el proceso de refinanciación de la deuda con el FMI. La primera ya sucedió: el 28 de enero el Gobierno tenía que pagar más de USD 700 millones al organismo por un vencimiento de deuda. Esa misma mañana el Ministerio de Economía anunció el primer entendimiento técnico. El giro de divisas a Washington, a pesar de la endeble situación de reservas del Banco Central, se realizó igual.

La fecha clave más próxima no influirá de forma directa en la negociación pero sí la tocará de manera lateral. Se trata del segundo pago del acuerdo “puente” al que llegaron el Gobierno y el Club de París a mediados del año pasado, para evitar un default con ese grupo de países acreedores a los que el Estado les debía unos USD 2.400 millones y el plazo para el repago ya había finalizado.

El lunes próximo el Poder Ejecutivo debería girar unos USD 200 millones a los países que integran ese foro. Al considerar el primer pago del año pasado, serán en total pagados a la entidad USD 430 millones. El 31 de marzo termina ese período “puente” luego del cual el Ministerio de Economía negociará una nueva reestructuración. Ese proceso está atado a la suerte del acuerdo con el FMI.

El 21 y 22 de marzo son las fechas centrales en el calendario hacia adelante. Esos dos días la hoja de ruta del pago de la deuda muestra que el país debería devolverle al Fondo Monetarios USD 2.824 millones. Solo si el Gobierno llega a tener un programa financiero aprobado por el directorio podría contar con un primer desembolso desde Washington que le permitiese cumplir con ese vencimiento.

De otra forma, como esa cantidad de dólares no están en el BCRA, la Argentina entraría en situación de incumplimiento. No obstante, en un medio de una negociación avanzada en marcha -y a esa altura- posiblemente en la recta final de todo el proceso, un impago de estas características no implicaría un problema serio.

Una vez terminada la etapa de refinanciación, cuando el acuerdo esté vigente, comenzarían las revisiones trimestrales. Si se cumplen los tiempos previstos, la primera evaluación del Fondo sería en junio, para habilitar un nuevo desembolso. Y, aunque todavía está en discusión, habrá otras fechas que el Gobierno nombra en la negociación como “puntos de referencia estructurales”. Se trata de plazos potenciales para la toma de acciones ligadas a la vigencia del préstamo nuevo.

Por ejemplo, la presentación de un plan estratégico de administración tributaria, una mejora en el proceso de selección de proyectos de inversión, en junio próximo, un estudio sobre la sostenibilidad del sistema jubilatorio, que estaría terminado cerca de septiembre; una evaluación sobre los programas de apoyo social hacia diciembre, objetivos de endeudamiento público a mediano plazo, también a fin de año.

-Jubilaciones: el Gobierno estudiará en los próximos meses de qué manera “incentivar” a los trabajadores que están por alcanzar la edad jubilatoria a que prolonguen su vida activa, con el beneficio de obtener luego un haber más alto. Desde la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el de Trabajo descartaron que se trate de una “reforma” al estilo de las que suele reclamar el organismo financiero para este tipo de acuerdos.

Sí, en cambio, admitieron que apuntarán a dos regímenes especiales: el de judiciales y el del cuerpo diplomático, que son los dos esquemas más onerosos y que incluyen haberse promedio diez veces superior al esquema tradicional. Según pudo saber Infobae, el Poder Ejecutivo planteó que el estudio sobre la “sostenibilidad y equidad” del sistema jubilatorio tendría lugar durante la segunda mitad de este año.

De acuerdo a datos oficiales de Anses, los trabajadores retirados del Poder Judicial ganan en promedio $385.181, con información hasta diciembre pasado. En total son beneficiarios de este régimen especial 7.252 personas. Para el personal del cuerpo diplomático, por su lado, el haber promedio para los jubilados es de $445.508.

-Metas exigibles: a grandes rasgos, el Poder Ejecutivo se compromete a reducir de forma paulatina en los próximos tres años su nivel de déficit fiscal y de asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro para alcanzar hacia 2025 equilibrio en sus cuentas públicas y, en ese trayecto, acumular reservas suficientes en el BCRA que le permitan sostener cierto nivel de fortaleza en el frente cambiario, pagar deudas y cubrir la cantidad de divisas de importaciones que demande el crecimiento de la economía.

Los tres criterios exigibles por el Fondo (déficit primario -es decir antes del pago de deuda-, asistencia monetaria desde el BCRA y acumulación de reservas) tendrán metas trimestrales. Esas mediciones servirán en esas revisiones que tendrán lugar cada tres meses para gatillar desembolsos.

Para ponerlo en números: en 2022 el Gobierno deberá, según la hoja de ruta oficializada el viernes, bajar el déficit de cerca del 3% del PBI a 2,5%, es decir un ajuste de 0,5 puntos del Producto. Para 2023, del 1,9% del PBI y para 2024 del 0,9% y llegar al déficit cero en 2025.

También habrá objetivos exigibles por parte del Fondo Monetario para el tamaño de la asistencia del Banco Central al Tesoro en forma de emisión monetaria. Mientras en 2021 fue del 3,7% del PBI; en 2022 se apunta a que sea del 1%, un recorte pronunciado de partidas.

El tercer objetivo será la acumulación de reservas. Para este año, en un principio se anunció una meta de USD 5.000 millones, pero según afirman fuentes oficiales, esa cifra terminaría siendo mayor. Se estima que el horizonte para los tres años de duración del programa podría ser de USD 15.000 millones más en las arcas de la autoridad monetaria.

-Tratamiento parlamentario: el equipo económico buscará cerrar el acuerdo definitivo durante el fin de semana para poder presentarlo ante el Congreso. En ese momento comenzará el otro frente abierto en el oficialismo. La segunda de esta doble pulseada con el staff del FMI por un lado, y con la propia facción de la coalición de Gobierno que rechaza abiertamente los términos en los que el Gobierno acuerda con el organismo.

Según publicó Infobae, hay cuatro diferencias principales entre el ala “albertista” del Frente de Todos y el que responde a Cristina Kirchner. El primero de los puntos que discute el kirchnerismo tiene que ver con los plazos, que entienden que son muy ajustados. Por esa razón, en una primera instancia ese sector del oficialismo presionó por negociar un programa a 20 años.

En segundo lugar, cuestionan la reducción de la asistencia financiera que hará el Banco Central hacia el Tesoro en los próximos años, ya que lo consideran una herramienta menos de financiamiento. Los subsidios es el tercer tema clave: el kirchnerismo controla dos despachos con las perillas para habilitar aumentos de tarifas, como son el Enargas que controla Federico Bernal y la subsecretaría de Energía, de Federico Basualdo. El último punto en cuestión es la exigencia de tasas de interés positivas que, argumentan, encarecerán el crédito.

-Cómo funcionará el acuerdo: en términos prácticos, el Fondo Monetario no reestructura sus deudas sino que las refinancia. Es decir, presta plata al país deudor para que con ese dinero pueda pagar el propio dinero que le debe al organismo. La diferencia, en este caso, sería la duración del plazo que tiene la Argentina para devolver ese crédito.

Un EFF como el que firmarán el Gobierno y el FMI tiene una duración de dos años y medio, al menos en su etapa de desembolsos. Durante ese primer período el FMI “cubrirá” los vencimientos establecidos en el stand by firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri. En 2026 comenzaría a correr ese plazo de 10 años para que el país devuelva el monto.

El acuerdo tendrá metas trimestrales que el Poder Ejecutivo deberá cumplir como condición para acceder a los desembolsos trimestrales. Habrá, de esta forma, diez revisiones a lo largo del programa.

-Directorio: el máximo órgano de decisión espera la resolución del aspecto técnico de las negociaciones, y luego la aprobación del Congreso argentino para tomar cartas en el asunto. El directorio está integrado por los principales accionistas del Fondo Monetario y sus decisiones están influidas por un carácter eminentemente geopolítico, en lugar de técnico. La silla principal corresponde a los Estados Unidos, que además es el único país que tiene poder de veto.

Una alta fuente oficial razonaba en los últimos días, de todas formas, que un aval final al acuerdo técnico a nivel de staff, ya incluye de forma tangencial un guiño del directorio. Ese foro ya se reunió hace algunos días para dar un primer vistazo de manera informal a los avances en las conversaciones con los funcionarios argentinos.

-Puntos de consenso: hubo algunos elementos de coincidencia entre las partes, especialmente en materia de dólar, controles cambiarios y de tasas de interés. En ese sentido, el Gobierno y el Fondo Monetario consideran que el dólar no debería acumular atrasos, que el cepo tiene razón de ser en un contexto financiero como el actual -a pesar de que el staff del organismo les manifestó abiertamente no estar de acuerdo con ese tipo de controles en condiciones normales-, que hay preocupación por la presión adicional que puedan ejercer sobre la brecha cambiaria los fondos del exterior en pesos que buscan salir de sus posiciones, y que el Banco Central no debería intervenir con reservas en el precio del contado con liquidación y el MEP.

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