La otra deuda: el Estado enfrenta juicios en tribunales del exterior que equivalen a un cuarto de lo que le debe al FMI

El frente de la deuda externa no se terminará con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que la Argentina afronta en distintos tribunales del exterior demandas de empresas privadas que buscan, en conjunto, conseguir que el Estado les pague por distintas razones más de USD 10.500 millones, cerca de un cuarto de las obligaciones que busca refinanciar el país con el FMI.

La Argentina afronta desde hace años demandas de compañías privadas o de tenedores de bonos soberanos que buscan compensación por algún tipo de incumplimiento. Las razones son variopintas y van desde la estatización de YPF hasta el default de 2001 o la manipulación de los datos estadísticos del Indec durante el mandato de Cristina Kirchner.

En su cuenta de Twitter, el analista financiero de Latam Advisors Sebastián Maril hizo una recopilación de cuáles son los principales juicios contra el Estado argentino y contra YPF (empresa cuya mayoría accionaria es estatal) en los tribunales de los Estados Unidos. Algunas de esas demandas están en un estadio avanzado y podrían tener alguna definición en los próximos meses. Otros procesos podrían ser un poco más largos y estar a tiro de apelaciones.

En su estimación, Maril proyectó que actualmente la demanda más onerosa que afronta la Argentina es la que el fondo Burford sigue contra el Estado más YPF por la nacionalización de la empresa petrolera en 2012. Según sus cálculos, se trata de un juicio por unos USD 4.000 millones. “A partir del 10 de junio podría haber alguna sentencia sumaria. Este es un caso que ya pasó por primera instancia, apelación y Corte Suprema, y ahora volvió al juzgado. Si Argentina volviera a perder es por que el fallo abre la puerta a una nueva visión legal o para ganar tiempo”, le dijo Maril a Infobae.

Otro caso que espera sentencia sumaria es el que le inició el fondo Maxus a YPF. En este caso se trata de USD 14.000 milones, aunque en la demanda no está expresamente incluido el Estado argentino, más allá de que es el controlante de la compañía petrolera. De acuerdo a estimaciones de Maril, podría haber una sentencia antes del 30 de junio. “Tanto en el caso Maxus como en el de la expropiación, no creo que los fallos digan que hay que pagar, sino que van a decir cuáles son los lineamientos para negociar un pago” con la contraparte, aseguró.

En las cortes neoyorquinas además desfilan otros juicios contra el Estado por otras razones. Una de ellas es la que se inició en 2019 por medio de fondos inversores que tienen en su poder cupones PBI, es decir bonos atados al crecimiento de la economía que pagaban dividendos si la Argentina superaba determinado umbral de expansión en un año. Esos tenedores decidieron ir a juicio por considerar que por la manipulación estadística del Indec durante el Gobierno kirchnerista, el Tesoro no pagó en 2013 los retornos que debería haber pagado.

En Nueva York el costo de la demanda, estima Maril, es de unos USD 410 millones. Existen actualmente unos 6 grupos que demandan a la Argentina por la manipulación de los datos del Indec para el PBI en la corte de Manhattan. Hay una demanda paralela en este mismo sentido que se está llevando a cabo en Londres, con un monto reclamado de 645 millones de euros, equivalentes a unos 762 millones de dólares.

Inglaterra no es la única jurisdicción europea con juicios contra el Estado argentino. Aún está pendiente la resolución de un juicio iniciado por tenedores de bonos que cayeron en default en 2001 con residencia en Alemania. El reclamo no es tan oneroso ya que alcanza los 139 millones de dólares. Sobre este mismo tema, en Nueva York aún se sostienen demandas por 317 millones de dólares, según información que el Ministerio de Economía giró a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC).

Más allá de las cortes convencionales, hay una serie de juicios en los tribunales de organismos internacionales que el Estado argentino todavía no cerró. Por caso, en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), perteneciente al Banco Mundial, la Argentina aún tiene seis demandas en curso por unos USD 3.000 millones. Mientras que otras sentencias fueron determinadas en torno de 804 millones de dólares y un caso particular que se encuentra con su tratamiento suspendido a la espera de negociaciones con la contraparte por otros 25,6 millones de dólares.

Entre esas seis demandas se encuentra la de la española Orazul, dedicada a la generación de energía eléctrica, que abrió su reclamo durante el Gobierno de Mauricio Macri, el grupo holandés NN y MetLife por la estatización de las AFJP, la constructora italiana Webuild, anteriormente llamada Salini Impregilo, la tecnológica norteamericana Unisys y AES Corporation, también del sector energético.

En la Cámara Internacional de Comercio el Estado afronta una demanda de USD 267,8 millones, mientras que en otro tribunal como el Uncitral (perteneciente a las Naciones Unidas), hay aún un juicio abierto por 18,5 millones de dólares, especificó el último informe del Gobierno ante la SEC norteamericana.

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