A un mes del próximo vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno y el staff técnico del organismo encararon en las últimas horas la recta final de la negociación para cerrar un nuevo programa financiero, que incluya los detalles sobre cómo la Argentina se comprometerá a cumplir las metas macroeconómicas anunciadas el 28 de enero. Hay una serie de detalles que todavía traban el apretón de manos virtual entre Buenos Aires y Washington.
Según distintas fuentes oficiales, el equipo económico cree que las charlas con los funcionarios del FMI, que continuaron a lo largo del fin de semana sin interrupciones en largas sesiones vía Zoom, están en zona de definición. Aseguran que la letra chica solo contendrá un campo de acción por el cual el Gobierno buscará cumplir los objetivos exigibles ya conocidos del nuevo programa acordado con el organismo, qué incluyen qué tipo de medidas podrán estar sobre la mesa y cuáles no, y juran que no habrá “sorpresas” que puedan avivar otra interna en el oficialismo.
Según distintas fuentes oficiales, el equipo económico cree que las charlas con los funcionarios del FMI, que continuaron a lo largo del fin de semana sin interrupciones en largas sesiones vía Zoom, están en zona de definición
A grandes rasgos, el Poder Ejecutivo se comprometerá a reducir de forma paulatina en los próximos tres años su nivel de déficit fiscal y de asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro para alcanzar hacia 2025 equilibrio en sus cuentas públicas y, en ese trayecto, acumular reservas suficientes en el BCRA que le permitan sostener cierto nivel de fortaleza en el frente cambiario, pagar deudas y cubrir la cantidad de divisas de importaciones que demande el crecimiento de la economía.
Esos serán los tres ejes que guiarán al programa Extended Fund Facility (EFF), que tendrá una duración de unos doce años entre los dos años y medio de desembolsos desde el FMI para que el país pueda pagar los vencimientos del Stand By de 2018 y los diez años para el repago que habrá luego de un plazo de gracia sin erogaciones por parte del Tesoro al organismo financiero.
En términos prácticos, el Fondo Monetario no reestructura sus deudas sino que las refinancia. Es decir, presta plata al país deudor para que con ese dinero pueda pagar el propio dinero que le debe al organismo. La diferencia, en este caso, sería la duración del plazo que tiene la Argentina para devolver ese crédito. Históricamente este tipo de préstamos EFF incluyeron la exigencia de reformas estructurales (de tipo impositivas, laborales o previsionales), pero el Gobierno asegura que no las habrá en este caso.
Los tres criterios exigibles por el Fondo (déficit primario -es decir antes del pago de deuda-, asistencia monetaria desde el BCRA y acumulación de reservas) tendrán metas trimestrales. Esas mediciones servirán en las revisiones que tendrán lugar cada tres meses para gatillar desembolsos. Con cada giro de divisas el Tesoro podría entonces repagar cada vencimiento que afronta con el organismo de acuerdo al cronograma que firmó el Gobierno de Mauricio Macri en 2018.
El ritmo y tamaño de los desembolsos es uno de los primeros ítems que forma parte de las cuestiones aún sin resolver en la negociación. El oficialismo manejó una hipótesis de máxima que le permitiría contar con un primer monto desde Washington equivalente a un tercio del total a prestar por el FMI. Avanzadas las conversaciones, la expectativa del Gobierno es poder contar con un primer aporte de (al menos) USD 7.500 millones en marzo, que incluya los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Gobierno ya usó para pagar deuda al Fondo en los últimos meses.
El Poder Ejecutivo se comprometerá a reducir de forma paulatina en los próximos tres años su nivel de déficit fiscal y de asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro para alcanzar hacia 2025 equilibrio en sus cuentas públicas y, en ese trayecto, acumular reservas
Además, la cuenta sumaría los USD 3.873 millones que caen como vencimientos entre el 21 de marzo y el 1° de mayo. La obligación de pago más onerosa es la que se concentra entre el 21 y 22 de marzo, con USD 2.826 millones. Entre los últimos días de abril y el primero de mayo hay otros USD 1.046 millones. La cuenta podría entonces estirarse hasta pasados los USD 8.000 millones para el primer desembolso.
“La discusión es cuántos vencimientos hacia adelante se cubrirían con el primer desembolso”, resumió en los últimos días una alta fuente oficial al tanto del contenido de las negociaciones con el staff del Fondo Monetario. A lo largo del 2022, las obligaciones de pago hacia el organismo suman USD 17.750 millones sin contar los pagos ya hechos entre enero y febrero.
Luego hay otras variables que orbitan a los tres índices centrales del acuerdo y que también están en la mesa de discusión. Según pudo reconstruir Infobae, uno de ellos son cuál será el nivel de crecimiento del Producto Bruto Interno en los años en que dure el programa, al menos en los primeros tres años en que hay metas exigibles. Según explicaba una fuente oficial, la determinación de esta cifra será clave, por ejemplo, para determinar cuál será la meta de acumulación de reservas para los próximos años. Solo se conoce que en 2022 debería ser de USD 5.000 millones netos. Para 2023 y 2024, la variación del PBI influirá en la demanda de divisas para importaciones. A mayor crecimiento, mayor presión por ese factor.
La inflación también fue un tema de conversaciones y de tira y afloje entre el Gobierno y el organismo. El Poder Ejecutivo confía en una pauta de suba de precios para este año cercana al 40% y el FMI está más alineado con las proyecciones del sector privado, que según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, de 55% para 2022. En un despacho oficial estiman que la resolución estará en un punto intermedio entre esas dos posturas. La inflación, además, no tendrá carácter de meta exigible sino de proyección, aseguran.
También forman parte del debate entre la capital argentina y la norteamericana un horizonte de subsidios y tarifas. Los lineamientos principales que fueron anunciados el 28 de enero no incluyeron metas mensurables de recorte del gasto en subvenciones, pero el FMI remarcó que su reducción “sostenida” es un elemento decisivo del programa macroeconómico plurianual. El ministro de Economía Martín Guzmán aseveró que eso no cambiará la estimación de aumento general de 20% en el precio en los servicios públicos. Para algunos expertos, un incremento de esa magnitud no será suficiente para recortar la cuenta de subsidios.
“La discusión es cuántos vencimientos hacia adelante se cubrirían con el primer desembolso”, resumió en los últimos días una alta fuente oficial al tanto del contenido de las negociaciones con el staff del Fondo Monetario
Hubo algunos puntos de coincidencia entre las partes, especialmente en materia de dólar, controles cambiarios y de tasas de interés. En ese sentido, el Gobierno y el Fondo Monetario consideran que el dólar no debería acumular atrasos, que el cepo tiene razón de ser en un contexto financiero como el actual -a pesar de que el staff del organismo les manifestó abiertamente no estar de acuerdo con ese tipo de controles en condiciones normales-, que hay preocupación por la presión adicional que puedan ejercer sobre la brecha cambiaria los fondos del exterior en pesos que buscan salir de sus posiciones, y que el Banco Central no debería intervenir con reservas en el precio del contado con liquidación y el MEP.
La idea original del equipo económico, que podría verse alterada si la negociación finalmente tarda más de lo previsto en cerrarse, era darle un mes de tiempo al ala política del Gobierno para que encare los dos últimos pasos: la aprobación del acuerdo en el Congreso y el respaldo final del directorio. Después de eso llegará el primer desembolso, el inicio del programa económico y la primera revisión en el horizonte a mediados de año.
SEGUIR LEYENDO: