Ariel Coremberg: “No hay más remedio que recurrir al atajo de una dolarización”

La economía está cuasi paralizada -se mueve por la inercia de meses previos-, a la espera de que el Gobierno cierre el acuerdo de refinanciamiento de los próximos vencimientos de la deuda pública con el FMI, con el respaldo legislativo, pero también de que anuncie y ejecute un plan de política consistente con la necesaria desaceleración de la inflación y revitalización de la actividad agregada, luego del rebote natural de 2021 respecto de una brutal depresión de 2020, para no repetir los resultados negativos que obtuvo luego del canje de deuda con el sector privado en agosto de 2020, cuando se pensaba que iba a dar lugar a un punto de giro en las expectativas de los inversores.

Los mercados se movieron los últimos días con la convicción de que se avecina un final feliz con el FMI, aunque sin la contundencia suficiente para provocar una drástica reducción de la brecha cambiaria, se mantuvo en el rango próximo al 100%, y el índice de Riesgo País osciló en la zona de 1.700 puntos básicos (17% anual de sobretasa respecto del rendimiento que ofrece un bono del Tesoro de los EEUU).

Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad, profesor en la Universidad de Buenos Aires de Crecimiento, y en la Universidad de San Andrés de Economía Argentina, y de Macroeconomía en Ucema, planteó en una entrevista con Infobae sus preocupaciones por la falta de un plan macroeconómico creíble, que incluya reformas estructurales inmediatas, para estabilizar la economía y terminar con prácticas prebendarias y el exceso de gasto público. De ahí que consideró que “en la práctica no hay más remedio que recurrir al atajo de una dolarización, pese a que no eliminará la probabilidad del default de la deuda pública, y por lo tanto no reemplazará la falta de credibilidad de la sociedad sobre sus propias instituciones”.

— ¿Qué expectativa le genera el posible acuerdo con el FMI?

— Poca. Por supuesto resulta positivo que parte del Gobierno haya expresado por primera vez desde asumir la gestión, el deseo de pagar la deuda externa pública evitando caer en default con el FMI, que de producirse nos pondría en una categoría aún peor que standalone, junto a los únicos tres países que defaultearon al FMI: Sudán, Somalia y Zimbawe. Pero ello ha provocado una crisis en la coalición gobernante, demostrando que el Presidente no solo perdió el poco poder político, sino que lo tiene que construir desde cero. Asimismo, habría que ver cómo las principales corporaciones del movimiento nacional justicialista: gobernadores y CGT se van a encolumnar para apoyar y militar un acuerdo con el FMI, luego de más de cuatro años de caída continua del poder adquisitivo del salario, las jubilaciones y de los planes sociales.

Pero hay que destacar tres cuestiones políticas: 1) Estamos entrando en la segunda década del siglo XXI, y los discursos, gestos antiimperialistas para resarcimiento emocional para la militancia se difunde rápidamente por las redes sociales a todo el país y el mundo. Por lo cual las contradicciones de decir lo que quieren escuchar a cada interlocutor es socializado automáticamente generando perplejidad, asombro y destruyendo la credibilidad y reputación de la presidencia y el país, sosteniendo el riesgo país en niveles de default, aunque se pague la deuda. El Presidente paga el costo político de ajustar en los hechos y también de expresar que no quiere ajustar. Vivimos en la esquizoeconomía, gobernando según una realidad paralela según los deseos y cultura de la dirigencia política; 2) La política esquizofrénica obliga a la sobreactuación, contradiciendo la consigna peronista: ni yanquis ni marxistas peronistas. Por lo cual, el discurso antimperialista choca con la sobreactuación hacia las potencias imperialistas China y Rusia, para luego recular y ponderar el supuesto apoyo de Biden al FMI. No nos toman en serio tampoco en el eje venezolano bolivariano si recordamos las palabras despreciativas hacia el presidente por parte de Diosdado Cabello; y 3) Uno de los principales beneficios de firmar un acuerdo con el FMI es ganar capital reputacional. El FMI no solo te presta dinero sino también reputación.

A esta altura hemos dilapidado la supuesta ganancia reputacional del acuerdo dado que no hay consistencia política ni respaldo social. Asimismo, tampoco aporta haber invertido por ineptitud o ignorancia la secuencia recomendada y usual: primero asumir el gobierno sin un plan propio, sin saber que se quiere hacer, independientemente del FMI, Estados Unidos, Rusia o China. Luego no acordar con el FMI ni bien tomó el poder y no en la emergencia como hace ahora y como hizo Mauricio Macri en 2018 ante la salida de capitales.

El acuerdo con el FMI consistiría principalmente en evitar el default presente pateando vencimientos para el próximo gobierno y resulta totalmente inconsistente con la reducción de los desequilibrios macroeconómicos, especialmente el fiscal que necesita Argentina.

— La subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, destacó que en el acuerdo es relevante la reducción de los subsidios al sector energético, ¿Cómo debería ser ese proceso dada la frágil situación socioeconómica?

— Toda reducción de subsidios a la energía implica un aumento de tarifas que golpeará muy duro a los bolsillos de la clase media. Como dice el economista Fernando Navajas, “es una política económica gesticular donde trata de mostrarle al FMI y acreedores externos que hará un ajuste, pero lo oculta hacia el resto de los argentinos”.

Pero el mapa difundido y aún no ratificado por el Gobierno, avizora que el tarifazo que se viene es no solo gesticular sino más resarcimiento emocional para la militancia, ya que se realizará puntualmente en aquellas zonas donde se vota habitualmente contra el oficialismo sin importar los niveles de ingresos de sus habitantes. Y cabe recordar que la segmentación que se analiza fue realizada por el subsecretario de Energía, Eduardo Basualdo que junto al secretario del área responden directamente a la vicepresidenta, que no pudo ser despedido por el ministro de Economía. Por lo tanto, Martín Guzmán está defendiendo ante del FMI y ante la sociedad argentina una política tarifaria con la que no solo no está de acuerdo, sino que no controla ni implementa.

Nuevamente, como con el acuerdo con el FMI, la demora en implementar el ajuste para evitar costos políticos aumenta los desequilibrios y la impresión que se tiene es que este no será el último. Además, quisiera señalar una cuestión central. Si bien no estoy de acuerdo, es claro que el congelamiento de tarifas ha sido utilizado como ancla nominal. Todo aumento de tarifas en un contexto de inflacionario de dos dígitos significa literalmente perder esa ancla. Dada la necesidad de parar la pérdida de reservas en el BCRA no atrasando la cotización del dólar oficial con la inflación y a la persistente caída del salario real tampoco habría ancla del tipo de cambio ni de salarios. No hay ancla para acotar expectativas inflacionarias. Tampoco el acuerdo con el FMI funcionará completamente como un ancla.

La economía se está adaptando rápidamente a la inflación mediante la indexación financiera (depósitos al CER, títulos dólar linked o al CER) y de otros contratos como los alquileres, combustibles y hasta algunas bases impositivas. Los precios de la canasta familiar se actualizan en función de las expectativas de costos de reposición por el cepo cada vez más estrecho sobre importaciones y pago de deuda privadas en el exterior.

Por otro lado, eliminar (parcialmente) los subsidios energéticos no eliminan el déficit fiscal ni su financiamiento inflacionario. No hay propuesta de reducción del déficit de empresas públicas ni de las filtraciones por ineficiencia administrativa y la corrupción, ni mucho menos discusión sobre la asignación del gasto.

Precisamente, la disparatada idea anunciada el jueves por la portavoz del Gobierno de crear una empresa nacional de alimentos sea para acumular stocks y evitar subas estacionales de alimentos o ahorrar costos de intermediación puede resultar en un nuevo caso de los pollos de Carlos Mazorín, a mediados de los 80. Ni la intermediación comercial o del transporte, y las subas estacionales son la causa de la inflación. Este tipo de disparates abonan mi diagnóstico de que mientras persista el déficit de empresas públicas agrandado ahora por esta loca nueva empresa estatal de alimentos y persista la corrupción y la ineficiencia en el gasto público, continuará el financiamiento inflacionario y el ajuste implementado solo dará pie a una reducción transitoria del déficit, de producirla. Se necesita urgente un cambio de régimen macroeconómico con un ministro de Economía con nombre y apellido, cuestión que hace casi dos décadas Argentina no tiene.

— El Banco Central negocia con su par de China un aumento del swap de monedas para fortalecer las reservas ¿Cree ha probado ser una buena y efectiva estrategia para ocultar la real caída de los activos externos de la entidad?

— No aportaría divisas para recomponer reservas necesariamente o solo muy parcialmente en función exclusiva de cubrir y financiar el comercio con China. Este tipo de acuerdos bilaterales anormales me dan la impresión de que recrean la relación centro periferia que tanto critica la militancia oficialista pero esta vez con otro imperialismo: China y nos mete en tratados comerciales peores que el Roca-Runciman que tanto repudian los historiadores y economistas del oficialismo. Está comprobado que la única manera de fortalecer sosteniblemente las reservas del Banco Central y con ello la moneda argentina, evitando el financiamiento inflacionario del gasto público no es con deuda ni swaps sino con divisas provenientes de la exportación. Y no veo que el preacuerdo resuelva este problema.

— ¿Limitar la asistencia del Banco Central al Tesoro es condición suficiente para desacelerar la inflación?

— Nuevamente, supongamos que se reduce sustancialmente los subsidios energéticos, pero se sostiene y acrecienta el déficit de empresas públicas, continua la ineficiencia administrativa, la corrupción con organismos anticorrupción controlados por los auditados y la presidente continua con sus contradicciones gestuales y oratorias: los argentinos seguirán ahorrando en dólares y cubriéndose preventivamente ante la inflación. Y persistirá por lo tanto la necesidad de emitir para cubrir el gasto. Aunque la limitación de la asistencia del Banco Central al Tesoro sea operativa, cuestión que obviamente dudo, esta debería ser reemplazada con más deuda pública y más impuestos. No cierra.

Nuevamente, es necesario un cambio de régimen macroeconómico para que el gobierno y la sociedad dejen de adaptarse a la inflación y la eliminen. Sin credibilidad en la palabra presidencial y sin un ministro con nombre y apellido que tenga en sus manos el poder de decisión de todos los casilleros del gasto y su financiamiento, dudo que en los hechos se elimine la necesidad de asistencia del Central al Tesoro.

Pero hasta ahora hemos hablado de la reducción de la asistencia en términos de flujos. En términos de stock, algo hay que hacer con la enorme bomba de pasivos monetarios (lelos, pases, deuda indexada) que deja este gobierno al siguiente. Ello exigiría algún tipo de desindexación financiera y pesificación compulsiva (desagio, plan Banex o similar) para sustentar el éxito deflacionario de un plan de estabilización y cambio de régimen macroeconómico y evitar un fogonazo inflacionario y devaluatorio con todas las consecuencias de las redistribuciones de ahorristas a deudores que ello implique.

— El consenso de los economistas atribuye al exceso de gasto público improductivo y la elevada presión tributaria la causa de todos los males de la Argentina ¿Es un reduccionismo extremo? ¿Por qué?

— Estoy de acuerdo en las causas de los males está en el desequilibrio fiscal, pero es cierto que es un reduccionismo. La sociedad argentina basa sus aspiraciones y esperanzas en una particular interpretación conspirativa de la historia y una cultura autoritaria que nos atrasa hacia tiempos del feudalismo. Donde no ha triunfado los preceptos básicos de la Revolución Francesa e impera los deseos de Luis XIV el Rey Sol que atiende continuamente las necesidades de una “corte” corporativa: gobiernos feudales provinciales, empresarios prebendarios y modelo sindical falangista. Estos grupos corporativos predan los recursos del estado y lo cooptan para favorecer sus intereses.

El resultado de ese lobby es un desequilibrio monumental entre ingresos y gastos. Las bases tributarias están erosionadas por rentas prebendarias graníticas intocables y estructurales: exenciones impositivas con nombre y apellido, gastos tributarios y elusión y evasión fiscal, tasas, aranceles, peajes y otros impuestos feudales para empresas y sindicatos con relaciones aceitadas con el movimiento nacional, concentrando la presión tributaria sobre la clase media y un grupo cada vez más reducido de trabajadores y empresas formales. Por lo tanto, la pauperizada clase media e incluso la población más vulnerable paga el doble: en impuestos por una salud y educación pública que no utiliza y educación y salud privada de su bolsillo.

Resultado: tenemos un Estado Burocrático, Kakistocrático, militante del poder político de turno, inoperante hasta para apagar incendios, pero principalmente débil ante el poder de las corporaciones, de tal manera que cada Ministerio o Secretaría atiende la renta prebendaria del lobby de turno muchas veces contradictorias entre sí.

Mientras continúe el bloqueo corporativo al cambio institucional que permita tener un Banco Central y Justicia independiente del presidente de turno, un Congreso constituido por representantes que voten por convicción fundamentada y no por obediencia partidaria (Ley de Emergencia Solidaria, cláusula antiPfizer, Ley de Alquileres), organismos de auditoría y anticorrupción independientes de los auditados: que baje la corrupción estructural y la renta prebendaria, continuaremos pagando la corrupción estructural y la renta prebendaria de los lobbies canalizado a través de gran parte del gasto público pagado con impuestos, deuda pública e impuesto inflacionario.

— ¿Ajustar en la Nación lleva automáticamente a ajustar las cuentas en provincias y municipios?

— Para nada es automático. La Constitución Nacional de 1994 fortaleció el poder de bloqueo corporativo de los feudalismos provinciales. Ello se tradujo por ejemplo en que más allá de las buenas intenciones de la reforma tributaria durante el gobierno de Macri, que consistía principalmente en bajar las alícuotas de Ingresos Brutos, fue revertida rápidamente por el presente gobierno, en pago al apoyo electoral de los gobernadores peronistas, y facilitándoles generar más recursos para seguir financiando los grandes aparatos clientelistas del interior que permiten la ratificación “electoral” de los autoritarismos eternos provinciales.

Insisto, el pago de esa prebenda es muy caro: el Gobierno nacional obtiene la aprobación de una mera ley de presupuesto común y corriente a cambio de que se manoteen los recursos de los jubilados. Lo más triste e irónico es que en el mismo acto, los senadores que aprueban esa predación por no decir robo, se quejan de que los jubilados ganan poco (sic).

— Dada la severa distorsión de precios relativos hay quienes piensan que la única manera de estabilizar la economía es a través de un régimen de dolarización o de convertibilidad ¿Qué piensa?

— La respondo de la siguiente manera. En 1991, luego del desastre de las dos hiperinflaciones de Alfonsín (1989) y de Menem (1990) más Plan Bonex, se encontró un atajo que fue la Convertibilidad. Mas allá de cómo juzguemos las privatizaciones y desregulaciones, lo cierto es que el esquema falangista sindical no cambió y el proteccionismo radicalizado irrevocable volvió al calor de la crisis 2001.

La dolarización de los pasivos empresarios de los sectores no transables y la generación de un desempleo más profundo, dado que continuó el bloqueo corporativo sindical ante un sistema de tipo convertibilidad, permitió eliminar el impuesto inflacionario, el síntoma, pero no la causa. El bloqueo corporativo siguió incólume, y la reforma constitucional del 1994 habilitó nuevamente la carrera por la reelección y luego la rere elección presidencial, así como su correspondiente imitación en las provincias que fue financiada con endeudamiento público externo.

No hubo diagnóstico adecuado a nivel social ni técnico del origen de las grandes crisis argentinas: 1975, 1982, 1989, 1990, 2001. No hubo aprendizaje de las lecciones del pasado y seguimos en el “día de la marmota”.

Mi ideal es que de esta crisis salgamos construyendo las instituciones que Argentina necesita: Banco Central, Consejo de la Magistratura independiente del Presidente y de la política. Organismos Anticorrupción independientes de los corruptos, libertad de afiliación sindical, terminar con el proteccionismo irrevocable (pedir y supervisar que se exporte a cambio de cierta protección en todo caso), etc. Pero sinceramente y dado la profunda herencia negativa económica que quedará para el 2023, y la falta de ideas de la clase política, así como la pobreza del debate, así como la fortaleza del bloqueo corporativo creo que en la práctica no hay más remedio que recurrir al atajo de una dolarización. Pero insisto, la dolarización no eliminará la probabilidad del default de la deuda pública y por lo tanto no reemplazará la falta de credibilidad de la sociedad sobre sus propias instituciones.

— Los últimos datos de actividad de 2021 y primeros de 2022 parecieran mostrar una economía que marcha a dos velocidades, más lenta la registrada y más acelerada la informal ¿Cree que es un fenómeno transitorio o puede constituirse en una característica del corriente año?

— Es un fenómeno permanente. La cuarentena estricta más larga del mundo profundizó la tendencia prevaleciente en Argentina de las dos últimas décadas. Ante el fracaso del sistema y la falta de perspectivas a futuro los argentinos votan con los pies de diversas maneras. La salida a la anomia y a la presión fiscal magna es exilio, formación de activos externos (ahorro en dólares), pasarse a la economía informal.

Pero ahora lamentablemente se detecta una profundización, no solo el argentino ante la anomia se refugia en la economía informal sino también en la economía ilegal, dado que un trabajador informal gana menos que el salario mínimo, los planes sociales se atrasan respecto de la inflación, se recurre a la generación de ingresos en la economía clandestina y una parte vinculada al narcotráfico, como se reveló tan claramente en el episodio de la cocaína del Puente 8. La cuarentena estricta larga terminó por destruir gran parte de las redes familiares en las zonas urbanas más vulnerables por varias causas: El sector productivo estuvo cerrado largos meses. La presencialidad universitaria dos años. La educación primaria y secundaria cerrada más de un año, impidiendo que las escuelas y colegios fueran, aunque sea el refugio de gran parte de los jóvenes ni ni.

Todas estas tendencias aberrantes, provocada por la cuarentena estricta, en un contexto de un país que no crece en términos per cápita desde 2011, profundizó no solo la pobreza sino la marginalidad y la recurrencia a la economía ilegal. Es una nueva década perdida para nuestro país, pero mucho más dañina que un simple numero de estancamiento del PBI per cápita: la anulación casi completa, aun hay tiempo, de las perspectivas de bienestar no ya de la generación presente sino de nuestros hijos y nietos.

— ¿Qué espera para el corriente año en materia de indicadores socioeconómicos?

— Algo cambió en la Argentina luego de la pandemia. Hasta la última elección presidencial, la sociedad argentina quiere vivir de acuerdo con el consumo de los mejores “años kirchneristas”. Las expectativas con respecto a la canasta de consumo de referencia deseable por el votante medio argentino y el tamaño del sector público consolidado están puestas como si la soja valiera USD 600 la tonelada, como en aquel 2011 en que Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos, atrasando el tipo de cambio, congelando tarifas e imponiendo un cepo aún más estricto que el presente al día siguiente de asumir.

Sin embargo, hoy Argentina tiene otra vez vientos de cola: precios altos de soja casi récord USD 580 la tonelada, y sin embargo el Banco Central no pudo acumular reservas. Los argentinos siguieron repudiando la moneda y demandando dólares desde los que forman activos en el exterior hasta el votante kirchnerista que retiró los depósitos en dólares de los bancos luego de las PASO 2019 y las elecciones de medio término 2021. Pero ahora pareciera que es distinto. Una buena cosecha o mejores precios internacionales para nuestras materias primas agropecuarias, es decir el campo, pueden salvar al gobierno por un tiempo.

Pero la ejecución nefasta de la política sanitaria durante la cuarentena ha desnudado que Argentina tiene un sistema inepto para vivir y realizarse. Una buena cosecha ya no compensa el pesimismo de los argentinos. De aparecer un excedente, es consumido en el acto en bienes durables, invertido en ladrillos o acumulado en dólares sin que ello se traduzca en más ahorro disponible para la inversión productiva. Y un país para desarrollarse necesita inversión, para que haya inversión necesita ahorrar, para ahorrar necesita creer en su moneda. Nos hemos quedado sin moneda como reserva de valor. Por ahora, una buena cosecha nos salva de caer en una hiperinflación.

— ¿Una reflexión final?

— La concentración autoritaria de las decisiones de política económica y pública en el Instituto Patria por fuera de los poderes constitucionales aumenta la probabilidad de cometer grandes errores, como lamentablemente ha pagado la sociedad argentina durante la pandemia. Se necesita un ministro de Economía con respaldo político que reúna en sus manos las decisiones de gasto y financiamiento y se pelee con el Banco Central. Que sirva como fusible y preserve la autoridad presidencial, sea reconocible por la sociedad y pueda ser insultado en la plaza. Se necesita urgente un cambio de régimen macroeconómico con una nueva narrativa, pero también contenido que no tenga miedo ni ceda ante el bloqueo corporativo que no representa la mayoría de la sociedad argentina, para que trabajar sea rentable en Argentina. No hay magia ni derecho de inventario, el gobierno presente y futuro deben hacerse cargo de la herencia.

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