
La Argentina no cumple con los parámetros objetivos para recibir un nuevo crédito excepcional del Fondo Monetario Internacional (FMI) como el que pide el Gobierno, pero lo conseguirá por el aval político de Estados Unidos y otros accionistas.
Aunque el Gobierno acusa al FMI de haberle otorgado un crédito a la gestión de Mauricio Macri por motivos “políticos”, ahora gozará de los mismos beneficios, según fuentes allegadas a la negociación técnica con el organismo multilateral, que podría terminar en los próximos días para ser llevada al Congreso Nacional a principios de marzo.
Esto se debe a que cada vez que un país solicita acceso a un crédito que supera el límite de la cuota que aporta al FMI, tiene que cumplir con una serie de requisitos objetivos en materia económica: necesidades de la balanza de pago; sostenibilidad de la deuda soberana; perspectivas de ganar o recuperar acceso al mercado de deuda voluntario; y capacidad política e institucional para implementar un programa del organismo.
Sin embargo, los ex representantes de Argentina ante el FMI Héctor Torres y Gabriel Lopetegui afirmaron a Infobae que la Argentina está en falta con la mayoría de estos requisitos y, por lo tanto, que si el directorio termina por aprobar un nuevo programa, lo hará por razones políticas.
Esta motivación no carece de lógica ya que el Fondo es un organismo político cuyos accionistas son los países, pero ha sido utilizado por el gobierno actual como un arma para cuestionar tanto al Fondo como al gobierno de Macri por acceder al crédito de USD 45.000 millones en 2018. En particular, a la administración Trump por dejar de lado algunas objeciones técnicas que había en el staff.

En este sentido, Torres explicó: “El primer criterio lo sobrecumplimos. En cuanto al segundo criterio depende fundamentalmente de la extensión de los plazos que nos otorgue el FMI; normalmente cuando un país tiene deuda ‘no sostenible’, el FMI le pide reestructurar, puede, acompañar la reestructuración con asistencia financiera, lo que se llama lending into arrears”.
“Cuando tiene deuda sostenible pero sin una alta probabilidad lo que pide es, o bien un private sector involvement, léase reperfilamento o extensión de plazos sin pérdida de valor neto presente, o que el país pueda demostrar que tiene fuentes adicionales de financiamiento de organismos o bilateral”.
“En este caso, la ironía es que sólo se podría llegar a la conclusión de que la deuda es ‘sustentable aunque sin una alta probabilidad’ en el marco de una refinanciación larga con el FMI”, aclaró Torres, que representó al país ante el organismo con los gobiernos de Néstor Kirchner y Macri.

“Del tercer criterio estamos muy lejos -salvo que el riesgo país baje notablemente- y el cuarto criterio depende fundamentalmente del apoyo político que consiga el gobierno para el próximo Extended Fund Facility”.
Por este motivo, afirmó, “el staff debe estar haciendo un esfuerzo argumental enorme para justificar el cumplimiento de los cuatro criterios; por ello no me es difícil imaginar que surjan muchas dudas en el directorio”.
“Igualmente, la experiencia indica que si hay suficiente apoyo político, el directorio es capaz de aprobar casi cualquier cosa, como lo hizo en junio del 2018″, sentenció Torres.
Sostenibilidad de la deuda
En tanto, Lopetegui explicó que “en cuanto a sostenibilidad de la deuda, ayuda el hecho de que Argentina ya haya renegociado la deuda con los privados, ya que esto supone no tener fuertes amortizaciones de deuda externa privada por un par de años”.
“Es probable que el Fondo diga que la deuda no es sostenible pero no con una alta probabilidad de tener que volver a renegociar pronto; así que con ese criterio por más que el pegamos en el palo se puede conseguir algo un poco buena voluntad en el directorio”.
Respecto de la “capacidad implementación de técnicas no hay ninguna duda de los problemas que hay”, afirmó Lopetegui.
“Entiendo que en este caso el argumento de Argentina será que está comprometida y que le den el beneficio de la duda, ya que el FMI tiene que cobrar esta deuda superior a los 40.000 millones de dólares”, indicó.
Por estos motivos, “es probable que este programa no califique como excepcional, pero como nadie quiere agravar la crisis argentina puede haber buena voluntad para aprobarlo igual para que no le echen la culpa al FMI de un potencial incremento del deterioro y luego será responsabilidad del Gobierno cómo lo implementa”.
Por esta razón, como ocurre habitualmente, el país deberá cada tres meses pasar por la revisión técnica del organismo multilateral para ver si aprobó o no la mayoría de las metas que se propuso con el objetivo de ver si recibe los desembolsos correspondientes al nuevo programa para repagarle al FMI.
En este sentido, un ex negociador del organismo dijo a Infobae que en el caso del crédito del 2018 a la Argentina, “en alguna de las revisiones el representante de un país conflictivo siempre sacaba algún tema parecido. Pero siempre hubo apoyo bastante generalizado”. Por lo tanto, como en aquel entonces, el Gobierno deberá apegarse en forma constante al cumplimiento de las pautas técnicas y a la diplomacia económica internacional para lograr que el dinero no deje de fluir, antes de volver a salir para Washington.
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