La fuga de cerebros silenciosa amenaza a la recuperación económica de Argentina

Juan Navarro se enfrenta a una larga lista de desafíos al dirigir una empresa de software en una Argentina en crisis.

La inflación es del 50% anual, los impuestos a las empresas son elevados y la legislación laboral es rígida. Pero el fundador de la empresa de desarrollo de software Hexacta dice que su mayor dolor de cabeza es el éxodo de empleados altamente calificados que abandonan sus puestos de trabajo con salarios en pesos, por trabajos independientes pagados en dólares.

Argentina ha sufrido periódicamente una fuga de cerebros en épocas turbulentas. Sin embargo, a diferencia de los episodios de los años 80 o 2000, muchos graduados universitarios con conocimientos de tecnología abandonan hoy sus puestos de trabajo, pero no su país. Navarro calcula que el año pasado tuvo que sustituir a 80 de sus 600 trabajadores en Buenos Aires. Esto se debe a que aceptaron ofertas de empresas tecnológicas extranjeras que no tienen una presencia formal en Argentina, pero que permiten a los contratistas quedarse donde están. “Diría que el 75% de los adultos jóvenes bilingües de alrededor de 25 años que estudiaron carreras de TI están trabajando fuera de los registros”, dice.

La revolución del trabajo a distancia hace que una gran cantidad de empresas tecnológicas estadounidenses busquen nuevas contrataciones en América Latina, donde pueden encontrar personas cualificadas que trabajarán por un salario mucho menor que en Estados Unidos. La guerra resultante por el talento es una nube que se cierne sobre la industria tecnológica de Argentina, que ha sido uno de los pocos puntos brillantes en una economía por lo demás anémica, al agregar 50.000 nuevos puestos de trabajo desde 2017, según datos del gobierno.

Hasta 200.000 argentinos con experiencia en áreas como la codificación, las ciencias exactas y la biotecnología están trabajando para empresas extranjeras que no tienen presencia formal en el país, estima Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, un grupo comercial que cuenta con MercadoLibre Inc. y Globant SA, dos de las mayores historias de éxito tecnológico del país, entre sus miembros.

Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, lamenta la fuga de capital humano. “No queremos que esos excelentes profesionales, que estudian aquí y tienen grandes habilidades en el campo de la programación, se vayan del país, ni queremos que trabajen en empresas del extranjero”, dijo en un comunicado.

Entre ellos se encuentra Cecilia, de 29 años, licenciada en ingeniería industrial y con experiencia profesional como científica de datos. En su último trabajo, su salario era de unos 2.500 dólares al mes, pero la inflación y la depreciación del peso mermaron su poder adquisitivo. Así que en diciembre aceptó una oferta de una empresa estadounidense que le paga en dólares. Trabajando en su departamento, ahora gana más de 6.000 dólares al mes.

Su sueldo se deposita en una cuenta bancaria estadounidense, por lo que las autoridades fiscales argentinas no se enteran. También le permite a Cecilia convertir sus billetes verdes en pesos al tipo de cambio paralelo, que actualmente es de 214 pesos por dólar, en lugar del oficial, que está fijado en unos 106 dólares por dólar.

El acuerdo tiene sus inconvenientes. Cecilia no puede solicitar préstamos bancarios porque no puede demostrar sus ingresos. Además, como trabajadora autónoma, no tiene derecho a la asistencia sanitaria ni a las vacaciones pagas.

Pero, en general, los beneficios superan los costos. “No me gusta esta situación en la que trabajo de manera informal”, dice Cecilia, que habló con la condición de que no se publicara su nombre completo por miedo a las represalias del gobierno. “Traté de evitarlo, pero al mismo tiempo -desde hace dos meses- finalmente he podido ahorrar una gran parte de mis ingresos”.

Soledad, diseñadora gráfica que vive en la Ciudad de Buenos Aires, cambió un puesto en una multinacional que pagaba el equivalente a 1.200 dólares al mes por un trabajo contratado en una empresa estadounidense que pagaba 4.000 dólares al mes.

Sus ingresos solían limitarla a unas vacaciones al año; el año pasado, ella y su novio hicieron cuatro viajes. También se compraron un automóvil. “Llega un punto en el que empiezas a darte cuenta de la cantidad de dinero que perdés sólo por trabajar para una empresa argentina”, dice Soledad, que pidió permanecer en el anonimato porque no quería alertar a la administración tributaria de su situación.

Al igual que en muchos países de América Latina, Argentina ha tenido durante mucho tiempo una alta proporción de su fuerza laboral que trabaja en la informalidad, en su mayoría en trabajos de bajo salario, como la entrega de alimentos o el servicio doméstico. Pero el empleo informal se disparó entre 2017 y 2021, con un aumento de 721.000 autónomos, casi un 20%, impulsado por los trabajadores en blanco, según un análisis de la consultora Eco Go. “Lo que hay es un cambio de paradigma muy agresivo”, dice Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de EcoGo.

Los controles al dólar impuestos en 2019 y desde entonces endurecidos gradualmente son la raíz del problema, según los trabajadores, ejecutivos de empresas y abogados laboralistas entrevistados para este artículo. Para las empresas en Argentina, la red de regulaciones les impide pagar salarios que sean competitivos con los que ofrecen sus rivales en el extranjero.

También fomentan la evasión de impuestos, un problema que el gobierno del presidente Alberto Fernández tiene que combatir si quiere cumplir los objetivos de reducción del déficit establecidos en el acuerdo de 45.000 millones de dólares que está negociando con el Fondo Monetario Internacional.

Por ley, cuando las empresas argentinas cobran en dólares por la exportación de bienes o servicios, deben cambiarlos por pesos al tipo de cambio oficial. El amplio diferencial entre el tipo de cambio oficial y el paralelo alienta a las empresas nacionales con filiales en el extranjero a depositar los beneficios en cuentas bancarias en el extranjero en lugar de repatriarlos.

Esta práctica está tan extendida que Galeazzi, de Argencon, calcula que los ingresos no declarados por exportaciones de tecnología superaron los 1.000 millones de dólares el año pasado. Para desalentarla, el gobierno tomó la medida de eliminar un impuesto del 5% sobre las exportaciones de tecnología, a partir de enero de este año.

Komuny, una startup centrada en la educación, tiene su sede en Mendoza, una ciudad de la región vitivinícola argentina, pero está constituida en Delaware, donde contabiliza la mayor parte de sus ingresos. Esto le permite pagar a la mayoría de sus 17 empleados en dólares o en criptodivisas depositadas en cuentas extranjeras. Germán Gimenez, su fundador y director general, afirma que esta ventaja le permite protegerse de la competencia.

“La fuga de cerebros es cada vez mayor”, afirma. “Hoy en día, sólo se necesita una computadora portátil e Internet para escapar”.

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