Con las tarifas que propone aplicar el Gobierno, en 2022 los subsidios energéticos superarían los 14.000 millones de dólares

Raramente dos informes coinciden en la estimación de cuestiones complejas como, por ejemplo, cuánto dinero insumirán los subsidios a la energía.

Esta vez, sin embargo, las consultoras Invecq, de Esteban Domecq, un economista crítico del kirchnerismo, y PxQ, de Emanuel Álvarez Agis, viceministro de Economía de Axel Kicillof durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en base a los anuncios que realizó el gobierno coincidieron que en 2022 los subsidios energéticos, que en 2021 equivalieron a USD 11.000 millones, sumarán más de USD 14.000 millones (USD 14.576 millones estima Invecq, USD 14.078 millones PxQ, una diferencia mínima para las magnitudes en juego). Esto es, en vez de reducirse, como prometió el gobierno al FMI, los subsidios aumentarán.

Velocidad alarmante

“La velocidad a la que se han venido atrasando las tarifas de servicios públicos en los últimos dos años es alarmante. Entre 2019 y 2021, el servicio de electricidad se ha abaratado en un 50% en el AMBA para un consumo tipo y 40% en el resto del país”, dice Invecq. El ritmo del atraso es tal, precisan los economistas Matías Sturt y Santiago Bulat, autores del informe, que en solos dos años se acumuló un rezago que antes se había acumulado en seis. Todo gracias a la aceleración de la inflación. La contracara es la evolución de los subsidios, que en dos años aumentaron 150% en dólares; de USD 4.400 millones en 2019 a USD 11.000 millones en 2021.

Se trata de la partida más explosiva del gasto fiscal y por eso está en el centro de la negociación con el Fondo. Pero el gobierno, subraya el informe, tiene dos escollos para reducirla. Uno externo, el fortísimo aumento del precio del Gas Natural Licuado (GNL), que la Argentina debe importar, y otro interno y político; la resistencia del ala kirchnerista de la coalición que limitó a un ajuste general promedio del 20% el aumento a aplicar este año.xc

La estrategia de “segmentación”, de retirar los subsidios a ciertos barrios y countries del AMBA, solo alcanza al 10% de los usuarios de electricidad. La mera quita de subsidios implicará aumentarles la tarifa 130%, y además actualizarla al ritmo de una inflación de al menos 50%, que lleva la suba anual al 245%, sin siquiera incluir aumentos en los segmentos de transporte y distribución, que explican 30% del costo de la electricidad. Para el restante 90%, el aumento del 20%, al menos 30 puntos por debajo de la inflación, significaría subsidiarlos cada vez más.

“Si al 10% se le elimina por completo los subsidios, pero al 90% se le incrementa es imposible una reducción neta”, dice Invecq, y proyecta que con el esquema tarifario que parece impulsar el gobierno los subsidios al final del año rondarían y hasta podrían superar los USD 14.000 millones, suma a la de 2016 cuando comenzó el ajuste tarifario que impulsó, como ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren.

PxQ, de Álvarez Agis, recuerda que hace ya un año el gobierno tenía ante sí un “trilema energético”: compatibilizar el nivel de subsidios, la necesidad de mejorar el poder de compra de la población y la de acordar con el FMI. El problema es ahora más acuciante. Tras dos años de aumento constante de los subsidios, reducirlos en 2022 será peliagudo, porque además la menor provisión de gas boliviano y la menor generación hidroeléctrica, por la sequía, obligarán a aumentar las importaciones del muy encarecido GNL, elevando la cuenta de subsidios en al menos 0,6% del PBI.

Pesos y dólares

Cabe aclarar que los subsidios se pagan en pesos, aunque a esta altura de la devaluación de la moneda argentina las cifras se expresan en dólares para lidiar con números asequibles. el monto de subsidios se paga en moneda local. PxQ, sin embargo, refiere una parte del costo energético que se se debe pagar en dólares contantes y sonantes: la importación de gas natural por gasoductos, de GNL por buques y de combustibles líquidos (fueloil y gasoil): de USD 3.237 millones en 2021 la cuenta pasarían a casi USD 5.900 millones este año, un aumento de más del 82%, o cerca de USD 2.700 millones más que el año pasado.

Reducir los subsidios en 0,4% del PBI exigiría, según los cálculos de PxQ aumentar 113% el precio de la electricidad y 100% el del gas y -si el segmento de transporte y distribución acepta reducir su margen- y 80% la tarifa a los usuarios finales, antes de empezar a contar los efectos “dinámicos” de inflación y devaluación. Y ni siquiera en ese caso el monto nominal de subsidios se reduciría, sino que aumentaría levemente (a USD 11.182 millones) respecto del año pasado, aunque se reduciría respecto del PBI, si la economía se empeña en crecer.

Se trata de una ecuación complicada y clave para el devenir de la economía. “Si el componente del gasto público donde mayor consenso habría para avanzar en una corrección no puede reducirse, aumentan las dudas sobre la factibilidad del cumplimiento de la meta fiscal del 2,5% del PBI”, dice Invecq, porque es difícil recortar otras partidas, a menos que el gobierno haga reformas que ya dijo que no hará. Al respecto, estima que en el segundo trimestre las prestaciones sociales indexadas por la movilidad jubilatoria crecerán a una tasa interanual del 59%, con lo cual el único modo de que el déficit no aumente sería un fuerte aumento de la actividad (para lo cual no hay motores a la vista) o, mucho más problable, una aceleración de la inflación.

La inflación como parche

“Cumplir la meta a costa de mayor inflación no es una solución al déficit fiscal sino un parche que requiere de que año a año la tasa de inflación sea cada vez más alta; el escenario luce complicado”, concluye el informe.

Por eso Domecq, que por la red social Twitter expuso los datos más destacados del informe Sturt-Bulat, cerró su hilo explicativo comparando el “sangre, sudor y lágrimas” que el entonces primer ministro británico Winston Churchill pudo ofrecer a los ciudadanos de su país en el fragor y las postrimerías de la segunda guerra mundial, con los aumentos tarifarios, la licuación de jubilaciones y la devaluación del peso que ofrece a los argentinos Alberto Fernández.

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