Aldo Abram: “Hay más de 67.000 regulaciones absurdas que agobian y vuelven más ineficientes a los que trabajan y producen”

El Gobierno continúa emitiendo muy pocas señales sobre que cambio hará en su política para recrear la confianza y poder volver a crecer, y no ha avanzado como reclaman legisladores de la posición en la presentación de su plan, no sólo para sellar el acuerdo de entendimiento con el FMI que anunció el 28 de enero, sino para que el sector privado pueda contar con una hoja de ruta, al menos para lo que resta del período presidencial.

Aldo Abram, economista y Director de la Fundación “Libertad y Progreso” dijo en una entrevista con Infobae que, al contrario de lo que piensan muchos de sus colegas “Esta gestión sí tiene un programa; aunque no es el que a ellos o a mí nos parece el correcto. Es el que les parece bien a ellos, que tienen una concepción económica distinta. De hecho, el ministro Martín Guzmán lo explicó en la reunión con los gobernadores y lo expuso en una diapositiva”, con 4 ejes: Fiscal, Inflación, Monetario y Financiero y Externo y tipo de cambio”.

De ahí que, en su mirada, no cabe esperar algo distinto de lo visto en la primera mitad de la presidencia del Frente de Todos, con la única diferencia de que seguramente cerrará un acuerdo con el FMI antes de los abultados vencimientos de deuda pública, en los últimos 10 días de marzo.

_ El Gobierno anunció el viernes 28 de enero un entendimiento con el FMI, pero desde entonces no hubo grandes novedades sobre la elaboración del programa. ¿Se puede hablar del “acuerdo posible” con el FMI cuando apenas se difundieron algunas metas fiscales y de asistencia al Tesoro por parte del Banco Central?

_ Hay un preacuerdo que, casi seguro, derivará en la firma de uno definitivo. El Gobierno no puede darse el lujo de entrar en cesación de pagos en marzo, cuando vencen más de USD 5.000 millones con ese organismo y el Club de París que no hay forma de abonar. No pagar podría derivar en una profundización de una crisis que sería riesgosa políticamente, dada la muy baja confianza que tiene la gente en la actual gestión. Por otro lado, el FMI no puede aparecer empujando a Argentina al precipicio, más cuando nos prestaron casi un tercio de su cartera de créditos y hay otros países emergentes “atados con alambre” que podrían pasarla mal con “las olas internacionales” que puede generar una debacle local.

Por eso, desde siempre, consideramos que iba a haber un acuerdo y que sería con condiciones mínimas; ya que el FMI sabe que el gobierno no va a aceptar reformas estructurales. Lo anunciado por el Presidente y el ministro Guzmán terminó confirmando nuestra percepción.

_ Pero el Gobierno no quedó debilitado en el frente interno con las divisiones que surgieron. ¿Qué cabe esperar sobre el acuerdo de entendimiento? habida cuenta de que en el bloque opositor advierten que no aprobarán el acuerdo con el FMI sin el consenso del oficialismo…

_ La renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente para Todos trajo nuevos interrogantes sobre la capacidad del gobierno de lograr el aval del Congreso al acuerdo con el Fondo. No creemos que su intención sea boicotear el acuerdo; ya que, si él y sus seguidores no avalan el trato oficial, es muy difícil que la oposición lo haga. Es obvio que Juntos por el Cambio debe tener diferencias de fondo con el contenido del acuerdo; pero debería dar su apoyo crítico para no quedar como empujando al país a una crisis. En la misma situación se encuentra Máximo; por lo que la renuncia fue una jugada estratégica. El presidente del bloque oficialista será el que dé la cara defendiendo lo que se quiere firmar y es obvio que eso no es conveniente que lo haga alguien que se presenta como crítico y que considera se está negociando con satanás. Para él eso sería un costo político enorme. Desde el llano, puede diferenciarse todo lo que quiera de lo que está haciendo el gobierno y, luego, al igual que la oposición, dar un aval crítico. Esto último es lo que sucederá.

_ Entonces, ¿una vez firmado el acuerdo sólo queda cumplir las metas y crecer? Algunos economistas proyectan un escenario del “plan durar” hasta el 2023…

_ Algunos colegas consideran que el Gobierno no tiene plan y que, por ende, sólo apunta a ver cómo llega a las presidenciales de 2023. No pienso igual, esta gestión sí tiene un programa; aunque no es el que a ellos o a mí nos parece el correcto. Es el que les parece bien a ellos, que tienen una concepción económica distinta. De hecho, el ministro Martín Guzmán lo explicó en la reunión con los gobernadores y lo expuso en una diapositiva (la muestra). Es más, se puede decir que es la continuidad de lo que se viene haciendo desde que asumieron.

Este gobierno considera que el que genera el crecimiento es el Estado y, por ende, eso justifica que no tenga que hacer el ajuste de sus excesos de gasto. Por lo tanto, para evitarlo asfixia con tributos al sector privado.

Según el Banco Mundial, en 2020, Argentina estaba en el puesto 21 entre 191 países entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. Es más, como ni así se alcanza a pagar todas las erogaciones del sector público, absorben la mayor parte del crédito disponible. O sea, se ajusta, achica, al sector privado productivo que es el que genera los recursos para pagar los sueldos y gastos propios y, a través de los impuestos, los del Estado. ¿Y parece que eso no es recesivo?

Súmele que los políticos creen que sus funcionarios saben mejor que los trabajadores y los empresarios como realizar sus tareas y, entonces, les ordenan qué deben hacer, un mal de casi todos los gobiernos. Por lo tanto, hay más de 67.000 regulaciones absurdas que agobian y vuelven más ineficiente a los que trabajan y producen; por eso vamos de crisis en crisis.

Así que, la buena noticia es que las metas son cumplibles si se recupera la confianza y se puede crecer en el tiempo. La mala, es que sin reformas estructurales el sector productivo no tiene ninguna posibilidad de seguir cargando con este Estado; por lo que no es posible recuperar la credibilidad ni tener un desarrollo sustentable.

_ El secretario de Comercio reconoció el archi probado fracaso del régimen de control de precios de los alimentos, pero en simultáneo extendió la vigencia del régimen de “Precios Cuidados” ¿Qué le sugiere?

_ Lo que pasa es que durante el segundo semestre 2021 se aceleró el ritmo de emisión para “poner platita en el bolsillo de la gente” antes de las elecciones. Esto también implicó que el peso perdiera más rápidamente poder adquisitivo; lo cual se notó en los costos de las empresas que tenían sus precios y tarifas congeladas. Llega un momento en que el desincentivo a producir lleva a desabastecimiento y, para la gente, no hay nada más caro que aquello que no hay. Por eso, estas medidas no son sustentables en el tiempo y pueden servir para postergar que la pérdida de valor de la moneda se refleje en el conjunto de los precios de los bienes y servicios; pero no evita que lo haga.

El secretario de Comercio debería llamar a sus pares de la región donde la inflación es ostensiblemente más baja que acá y preguntarle: “¿Cómo hacen Uds. para domesticar a los formadores de precios y que les funcione tan bien los congelamientos?” Del otro lado, luego de aguantarse la risa, le contestarán que no andan “apretando” empresarios ni tienen controles de precios como en Argentina. La clave, le dirán, es tener un Banco Central que priorice respetar a sus ciudadanos dándoles una moneda estable y confiable, que es lo que hacen y se refleja en baja inflación. En cambio, hace muchas décadas que la prioridad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) es financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno, excepto muy cortos períodos. Lo hace emitiendo, lo que deprecia el peso, quitándonos poder adquisitivo a lo que tenemos ahorrados y es ese “impuesto inflacionario” el que le transfiere al Estado para que gaste más. Obvio, a costa nuestro; ya que somos más pobres. Lamentablemente, continuará siendo así mientras no le exijamos al BCRA que cambie su prioridad.

_ El FMI considera esencial en el acuerdo la reducción de los subsidios económicos, en particular en el consumo de electricidad. El Gobierno parece decidido a avanzar con un esquema de segmentación por barrio y extender la tarifa social. Dada la realidad socioeconómica ¿Qué recomendaría?

_ Primero hay una cuestión de justicia. No puede ser que un contribuyente del interior, que paga todo o casi todo lo que debe por sus servicios públicos, me subsidie 70% o más de lo que uso de electricidad o transporte público y alrededor de la mitad de mi consumo de gas en la Capital Federal. Así que, aunque sea gradualmente, debería ir subiendo la proporción de lo que pago por esas cosas y, en todo caso, que se subsidie a quienes no tienen cómo hacer frente a las tarifas. Desde inicios de esta gestión y hasta algunos meses antes de las elecciones, el Gobierno estuvo “ajustando” a los jubilados, mientras me subsidiaba cada vez más a mí. Una locura propia de este tipo de gobiernos supuestamente “progresistas”.

Por otro lado, durante el kirchnerismo nos subsidiaban cada vez más los servicios públicos y, para poder hacerlo, nos cobraban cada vez más impuestos. Ahora, nos van a sacar los subsidios para gastárselos en otras cosas, con lo que la presión impositiva neta de subsidios va a aumentar muchísimo, cuando ya es insoportable. Imagínese a los productores o comerciantes a los que ya les está pasando; porque hace rato que empezaron a aumentarles las tarifas. Eso es inviable; pero es propio de esta gestión que asfixia al sector privado con impuestos y regulaciones.

La segmentación y las tarifas sociales pueden funcionar como forma de que pague el que puede; pero, si seguimos saqueando los bolsillos de los contribuyentes, cada vez podrán menos.

_ ¿Una reflexión final?

_ La firma del acuerdo con el FMI traerá una merma de la incertidumbre que significará “tiempo” para resolver los problemas de fondo de Argentina. Si no se aprovecha ese lapso para hacerlo, pronto se empezará a descontar que no es viable económicamente en el largo plazo y empezará otra crisis de credibilidad. Esto ni siquiera es novedoso, el gobierno de Cambiemos tuvo su momento de recuperación de la confianza cuando salió exitosamente del cepo, arregló la cesación de pagos con los bonistas que hacían juicio en Nueva York y prometió hacer las reformas estructurales. Para 2018, poco o nada se había hecho y pronto creció la idea de que no había voluntad política de avanzar; lo cual derivó en la debacle que aún persiste. La desconfianza está latente y se observará en que la baja del riesgo país será poca, reflejando una alta probabilidad de cesación de pagos en el mediano plazo.

Aún los gobiernos que consideran necesarias las reformas estructurales, temen hacerlas por el costo político que implican. Pues, la gestión de Cambiemos y éste van a demostrar que, sin ellas, se entra en una crisis en la que se termina perdiendo el poder. ¿Qué mayor costo político que ese para quien detenta el Poder Ejecutivo? Quizás, el próximo Presidente lo entienda y logremos salir de este círculo vicioso de decadencia.

De todas formas, la próxima gestión tendrá una desventaja, no habrá “apuesta financiera” ante la promesa de avanzar en las reformas estructurales, de la que sí gozó Cambiemos y que pudo usarse para moderar los costos de avanzar en esas soluciones. Sin embargo, a diferencia del ex presidente Macri, probablemente el asumirá en medio de una crisis que es la forma en la que, en Argentina, se licúan temporalmente las consecuencias de las malas gestiones económicas. Eso implicará que a la población que estará desesperada por salir de esa situación se le podrá pedir un esfuerzo importante, que debería ser bien invertido en empezar a resolver los problemas de fondo lo antes posible. Exijamos que así sea.

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