Ya lo advirtió hacia fines del año pasado el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en su primera aparición pública tras dejar su cargo en agosto de 2019: “No es lo mismo bajar el déficit fiscal normalizando tarifas que licuando jubilaciones”. Su actual sucesor en el cargo, Martín Guzmán, podrá comprobar en carne propia cuál es la diferencia.
Para eso deben cumplirse dos premisas. La primera es que, tal como afirmó ayer el presidente Alberto Fernández al anunciar el aumento de 12,28% para los haberes previsionales, las jubilaciones inicien el año ganándole a la inflación y logren mantener esa diferencia. La segunda premisa es que el Gobierno cumpla la exigencia que, a esta altura, luce sine qua non para el acuerdo con el Fondo Monetario: el aumento de tarifas de los servicios públicos para reducir los subsidios.
El punto, que repiten con insistencia y sin distinción de cargo los diferentes funcionarios del FMI -desde su titular Kristalina Georgieva hasta el vocero del organismo, Gerry Rice- es, efectivamente, el punto más crítico de toda la negociación y también lo será, eventualmente, de la implementación de ese acuerdo. Las divergencias políticas que ya se advierten dentro del Gobierno respecto del modelo de segmentación para aumentar el costo de la energía generan cada vez más dudas. Así, el recorte a los subsidios o, al menos, su magnitud, plantean un gran signo de interrogación.
En contrapartida, es altamente probable que el Presidente finalmente tenga razón. Las jubilaciones este año podrían no sólo iniciar el año ganándole a la inflación sino, incluso, mantener la diferencia durante todo 2022. Es decir, habrá una gran diferencia con respecto al año pasado y particularmente al primer semestre, cuando gran parte de la reducción del déficit fiscal se logró gracias al ajuste de las jubilaciones y las asignaciones universales por hijo (AUH) al tiempo que los subsidios a la energía trepaban hasta alcanzar los USD 11.000 millones. Esa ecuación, sin embargo, será difícilmente repetible este año. Esto por la composición de la fórmula que indexa jubilaciones y AUH, que el año que pasó resultó desfavorable para los haberes de los jubilados pero que, este año, compensaría la diferencia.
De hecho, mientras el año pasado las jubilaciones anotaron una caída real de 4%, en 2022 los haberes tendrán un fuerte impulso dado, esencialmente, por el crecimiento de los recursos tributario de la ANSES. La recaudación por prestaciones de la seguridad social cerró 2021 con un incremento de 56% pero subía a un ritmo interanual de 65% hacia el último trimestre del año. Este indicador tiene una incidencia de 50% en la fórmula mientras que el 50% se corresponde con la evolución trimestral de los salarios, también en recuperación hacia fin del año pasado. Esto hace que, a menos que se produzca un brusco salto devaluatorio que implique un nuevo escalón en la suba de la inflación, por encima de 60% anual como indican los pronósticos más pesimistas, difícilmente el gasto en jubilaciones sea “licuable”.
En 2021 gran parte de la reducción del déficit fiscal se logró gracias al ajuste de las jubilaciones y las asignaciones universales por hijo (AUH) al tiempo que los subsidios a la energía trepaban hasta alcanzar los USD 11.000 millones. Esa ecuación, sin embargo, será difícilmente repetible este año
“Los recursos tributarios, que se usan en el 50% de la fórmula de movilidad, subieron mucho, por encima del 60% debido a que hubo efecto recuperación de la pandemia más inflación. Entonces, esta suba de los recursos tributarios extraordinaria del 2021 puede ayudar a que las jubilaciones no pierdan en el 2022″, afirmó el economista Jorge Colina, de IDESA, quien de todos modos advirtió que, en definitiva, las jubilaciones se ven impactadas por la inflación pasada, con lo cual si el avance de precios se acelera, los haberes se mantendrían rezagados. La excepcionalidad de la recuperación por la pandemia contribuirá, transitoriamente, a morigerar ese efecto este año.
“Este año va a ser más difícil para el Gobierno licuar jubilaciones”, apuntó Colina. Sin esta posibilidad al alcance de la mano, los expertos apuntan entonces al ajuste del gasto social sin fórmula de movilidad y que se dejaría de indexar, como la Tarjeta Alimentar y otros rubros relacionados al COVID que representaron 1,2% del PBI en 2021.
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