Por qué el recorte de los subsidios a la energía que consumen los hogares inquieta a parte del Gobierno

Con 40% o más de la población en estado de pobreza, creciente aumento de la precariedad laboral, donde los puestos en negro y de salarios muy inferiores a la mitad del promedio nacional, son los que más crecen, definir la política tarifaria para el primer tramo del acuerdo de entendimiento con el FMI entre el Gobierno y el FMI, no parece una tarea sencilla.

Justamente, mientras se están definiendo los aumentos para este año, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el Gobierno irá “focalizando los subsidios. Los vamos a destinar a los segmentos de la población que realmente los necesitan, a los más vulnerables, y se los vamos a sacar a los sectores más pudientes que tienen capacidad de pagar los servicios”, explicó en la noche del último lunes, luego de que el diputado Máximo Kirchner sorprendiera al Frente de Todos y al resto de la dirigencia política, con la renuncia a la presidencia de su bloque en la Cámara baja, en desacuerdo con el acuerdo de entendimiento del Gobierno con el FMI.

Claramente, uno de los puntos en discordia en las negociaciones con el organismo de crédito internacional y el núcleo duro en el oficialismo es la previsión implícita de ajuste tarifario en el primer año del programa de Facilidades Extendidas, porque mientras en la mañana del viernes el ministro dijo que no iba a cambiar la política prestablecida, que parte de un aumento en febrero del 20%, aunque en la audiencia pública del gas la Secretaría de Energía presentó un informe con el pedido de 35%; la directora segunda del Fondo, Gita Gopinath, dijo a través de un tuit: “Estuvimos de acuerdo en la importancia de una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”.

Para 2022, según la consultora Economía & Energía el Presupuesto 2022 que fuera rechazado por la oposición por sus inconsistencias entre objetivos e instrumentos para alcanzarlos, además de estar muy alejados de las previsiones del consenso de los economistas, preveía una reducción de los subsidios al sector energético de 2,4% del PBI en 2021 a 1,5% del PBI, a partir de la combinación de suba de tarifas y crecimiento esperado de la economía en su conjunto. Significaría mantener la “nominalidad” de los subsidios de poco más de $1,13 billones del año previo, y una disminución en términos reales de un 35%, aproximadamente, la cual se podría lograr a través del aumento de las tarifas en una proporción similar sobre la tasa de inflación que por ahora los estudios privados la ubican en el rango de 55% a 60%, pero podría resultar mucho mayor.

Al parecer, el malestar entre la fuerza más radicalizada del Frente de Todos es que si en paralelo el ministro y el FMI se proponen no afectar a los sectores más postergados de la sociedad en términos de ingreso, a través de la extensión y ampliación de la tarifa social, entonces el incremento para el resto de los consumos de los hogares y también empresas, en su mayor parte pyme, debiera superar con creces el 100%, y provocaría un ajuste similar o mayor al que implementó el gobierno anterior y que le costó la pérdida de votos.

En términos de incidencia directa sobre la tasa de inflación, una suba tarifaria de esa naturaleza implicaría agregar 3 puntos porcentuales.

Pero, el impacto final, sin duda sería notablemente mayor por el efecto cascada a lo largo de toda la cadena de producción, transporte, distribución, más el alto componente impositivo y, en particular, sobre las expectativas por reflejo en otras tarifas y valores de los bienes y servicios privados.

Cómo se llegó a esta instancia

La decisión política de “atrasar” las tarifas, junto con el rezago del tipo de cambio y de la profundización de los controles y congelamientos de precios es lo que el Frente de Todos denomina “política de ingresos”, pese a que ese camino no llevó a los resultados buscados, según advertía la larga experiencia en la Argentina en particular, y en el mundo en general cuando se intentó combatir la inflación y mejorar la distribución de la riqueza por ese camino.

En el último año de Cambiemos, cuando la pérdida de las elecciones en las primarias que por la contundencia de la diferencia con la oposición forzó un freno en la política que venía llevando a cabo, el rubro “energía, combustibles y minería” en el Índice de Precios al Consumidor había registrado una suba de 34,2%, casi 20 puntos porcentuales menos que ese indicador de la inflación en la economía en su conjunto.

Esa brecha se intensificó en los dos primeros años del Frente de Todos; en 2020 fue de 35,5%, como consecuencia del congelamiento dispuesto; y se intensificó en el siguiente, cuando frente a una suba de 10,7%, plenamente concentrada en los hidrocarburos (naftas y aceites) la inflación ce aceleró a 50,9 por ciento.

De ahí que, en los últimos tres años, mientras el promedio de las tarifas subió 49,5% el IPC del Indec acumuló una caída en valores reales de 52,6% que para recuperarla requerirá un aumento de poco más de 111%, por sobre la tasa de inflación esperada.

Consecuencias sobre el sistema y los usuarios

Una de las consecuencias de semejante atraso tarifario fueron los apagones que volvieron al comienzo del verano, cuando la extrema ola de calor provocó niveles récord de consumo de energía para una infraestructura afectada por la pérdida de ritmo de las inversiones en mantenimiento y ampliación de la red, conforme al crecimiento vegetativo de la población.

Es que los subsidios no compensan el atraso tarifario, sino sólo la parte necesaria para “garantizar” la atención del sistema energético, y genera en muchos casos un uso irracional por parte de los usuarios.

Otra, es que los subsidios al sector energético pasaron a ser una parte importante del gasto público, y en especial del déficit fiscal de la Administración Central. En el primer caso su relevancia se elevó de 5,2% en 2019 a 10,6% en 2021; y en el segundo saltó de 26,6% a 67,4%, entre esos años.

Y frente a una economía que desacelera su ritmo de reactivación, del orden de 10% a 3% en el corriente año según las estimaciones de los economistas del FMI; una tasa de inflación en ascenso, y el compromiso asumido por el ministro Guzmán de reducir el pedido al Banco Central de asistencia vía emisión; sostener ese esquema de atraso tarifario exige ser revisado antes del cierre del primer trimestre, y, según los expertos Julián Rojo y Alejandro Einstoss la segmentación de los aumentos no solucionará el peso de los subsidios y el déficit fiscal.

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