Internas en el Gobierno por la segmentación de tarifas: cuánto aumentaría para los usuarios que perderán los subsidios

A más de una semana del acuerdo de entendimiento del Gobierno con el FMI aún no se definieron los plazos concretos ni los detalles de cómo se implementará la segmentación de tarifas, para comenzar a reducir los subsidios al consumo de energía eléctrica y no afectar a los sectores vulnerables, una medida que se anunció desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, y que ahora pasó a ser un tema clave en la negociación por la refinanciación de los vencimientos de la deuda con el organismo de crédito multilateral.

El tema quedó en medio de las internas políticas entre el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Energía, y los interventores del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (Enre) y del Enargas, cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde los sectores cercanos a la vicepresidenta, a quien responden el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y al interventor del Enargas, Federico Bernal, aseguran que las demoras para avanzar con la segmentación son responsabilidad del Ministerio de Economía. Y que el plan de segmentación tarifaria elaborado por el Enre con la coordinación del Conicet fue presentado en diciembre pasado al ministro de Martín Guzmán y al secretario de energía, Darío Martínez.

El proyecto presentado implica que un grupo de usuarios dejen de recibir subsidios y pasen a pagar una tarifa plana en 2022 y por lo tanto tendrán un aumento en sus facturas por encima del 20% anunciado por el Gobierno como techo para todo el año. Desde los sectores más kirchneristas aseguran que ese techo podría aplicarse simultáneamente con la segmentación. Es decir, habría usuarios que pasarían a pagar la tarifa plena -sin subsidios- y luego tener un 20% de aumento adicional en sus facturas.

Aunque en un principio se pensó en segmentar de acuerdo al nivel de los ingresos de cada hogar, las dificultades para determinar la capacidad económica de los usuarios hicieron que se volviera a una vieja idea, aplicada brevemente durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner: quitar subsidios de acuerdo al barrio o zona donde se ubica el domicilio que recibe el servicio.

La propuesta que trascendió es comenzar con la segmentación y quita de subsidios en el AMBA, que es donde tiene jurisdicción el Enre. Esto incluye a 487.000 usuarios residenciales (un 10% del total) que en su mayoría están en los barrios de Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de en Caballito.

En el Gran Buenos Aires se identificaron 67.800 usuarios en la zona “el bajo” de los partidos de Vicente López y San Isidro. Y 48.000 personas usuarias de 466 countries y urbanizaciones cerradas que corresponden a sectores de altos ingresos, según el análisis.

El viernes último, el secretario de Energía aclaró que las propuestas de segmentación realizadas por el Enre, Enargas y Conicet están siendo trabajadas por la Subsecretaría de Planeamiento que junto al equipo del Ministerio de Economía, que tiene a su cargo el diseño de la herramienta. “Se aplicará cuando el Gobierno tome la decisión”, dijo sin más precisiones.

En un documento que presentó la Secretaría de Energía en la audiencia por los precios del gas del 31 de enero se calculó que si se eliminan por completo los subsidios, un usuario residencial que paga por el gas $2.271 en los meses de invierno, pasaría a pagar $5.136 (126% más). Esto solo por el precio del gas, sin contar transporte y distribución. En los meses de más calor, en tanto, pasaría de $768 actuales a $1.488 sin subsidios (94% más).

Otro ejemplo, con otra distribuidora, mostraba que sin subsidios el usuario pasa de $704 en marzo a $1.349 (92% más). Y de $2.504 en julio a $5.759 (130% más).

¿Cuáles son hoy los niveles de subsidios? Según un trabajo de la consultora Ecolatina, los subsidios a la energía en 2021 sumaron USD 11.000 millones, un 2,3% del PBI., de los cuales dos tercios correspondieron a la energía eléctrica y un tercio al gas natural.

Se estima que los usuarios durante 2021 pagaron el 38% del costo de la energía eléctrica y el 50% del costo del gas. La proyección del Gobierno para este año, en el caso del gas, era que con los aumentos de precios y costos, el nivel de subsidios pasaría a 70,8% para cubrir el precio del gas, sin contar luego el cargo por el transporte y distribución. Pero tras el acuerdo de entendimiento con el FMI esa estimación deberá ser corregida drásticamente a la baja.

Es que las facturas de energía tienen varios componentes: el costo de la generación de energía (que se paga a las empresas productoras), el transporte, la distribución y finalmente los impuestos y las tasas. Y cada tramo se define en instancias diferentes y los subsidios, en general, se destinan a las empresas generadoras de energía, que tienen precios dolarizados.

“El déficit fiscal primario es de 3,2% del PBI. Los subsidios a la energía representan el 70% del déficit. Aunque esto no quiere decir que el subsidio sea el gasto más ineficiente. Las empresas generadoras tienen contratos en dólares, porque es la única forma para que inviertan. El crecimiento de los subsidios, que pasaron de USD 5.000 millones a USD 6.000 entre 2017 y 2020 saltaron al doble el año pasado por la devaluación y porque las tarifas no siguen a la inflación”, dijo a Infobae Daniel Dreizzen, director de Energía en Ecolatina y ex Secretario de Planeamiento Energético.

El especialista consideró una mejor alternativa es que todos paguen un aumento de la tarifa que acompañe a la inflación y solo se subsidie a los que tienen bajos ingresos y pueden estar comprendidos dentro de la tarifa social, que en algunas zonas del país puede llegar al 40% del total. “La segmentación siempre es arbitraria. Y los subsidios distorsionan el mercado de la energía. Es mejor ayudar al que no pueda pagar porque la energía barata para todos también hace crecer el consumo”, agregó.

“Para que los subsidios pesen menos del 2,5% del PBI, la meta de déficit fiscal en el principio de acuerdo con el FMI, hay que llevar las coberturas de luz y gas mínimo al 50%. Que el Estado cubra el 50% del costo en cada caso. Esto implica aumentos en la factura final del 30% y 40% respectivamente solo por aumentar el precio de la energía. Es decir, sin tocar los cargos de transporte y distribución”, detalló a Infobae Julián Rojo, director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”.

“La restricción política para los aumentos es muy fuerte. Y la aceptación social también juega un rol. Esto subsidios es solo por el precio de la energía, si le suma los otros cargos los aumentos están bastante por encima de la inflación. En energía eléctrica las provincias aumentaron esos cargos”, detalló Rojo.

Por su parte, desde el sector energético destacaron que recibieron pedidos de información para la segmentación de tarifas, pero que las empresas no participaron ni fueron informadas de la propuesta que se va a implementar.

También se dijo que los esquemas propuestos son solo para el AMBA -donde tiene jurisdicción en Enre- pero que aun no se trabajó con los entes reguladores del resto de las provincias.

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