Inflación: 10 razones por las que ahora al Gobierno no le conviene que se acelere

La acumulación de atrasos en diversos precios relativos de la economía, principalmente en tarifas, tipo de cambios, combustibles y los anticipados aumentos en los precios regulados, desde cuotas escolares y de medicina prepaga, hasta alquileres y el nuevo esquema de Precios Cuidados, junto a las crecientes necesidades de fondos del BCRA de la Tesorería, anticipan un 2022 con más inflación que en el año previo.

En eso coincide el consenso de los economistas de las consultoras privadas que anticipan como piso un ritmo de aumento de precios entre 5 y 10 puntos porcentuales superior en la tasa anual a la de 2021, pero, por el contrario, no se ponen de acuerdo sobre qué efectos tendrán esas variaciones sobre la política fiscal.

Unos creen que beneficiará al Gobierno porque le permitirá extender las decisiones discrecionales en las ampliaciones de las partidas presupuestarias como ocurrió el año precedente con 20 cambios autorizados por los ministros Juan Manzur y Martín Guzmán. Si fuera así, en 2021 no hubiese perdido las elecciones y desmoronado la confianza de muchas empresas y de mayor parte de los consumidores; y la historia económica de la Argentina hubiese tenido otro curso diferente al de la decadencia casi crónica.

Otros, por el contrario, alertan que un escenario de inflación alta y creciente no sólo le hace daño a los sectores más vulnerables en términos socioeconómicos, sino también a la economía en su conjunto porque volverán a manifestarse las consecuencias que se repetían en el pasado, pese a que en 2021 fueron parcialmente disimuladas con el aumento de la presión tributaria y el pedido a exportadores del complejo granario-oleaginoso que anticipara en diciembre liquidaciones de operaciones para fortalecer las debilitadas arcas fiscales con el cobro de retenciones y también los activos externos del BCRA.

En esa línea, pueden enumerarse al menos 10 razones que determinarán que este año la aceleración de la inflación no sólo afectará a los que menos tienen, sino también a las finanzas públicas:

1) Más allá del fracaso del “plan platita” entre el tercer y cuarto trimestre 2021 que abrió la brecha entre el ritmo de aumento del gasto público y la tasa de inflación, en ambos casos en comparación con un año, y del lado de los ingresos por la mayor presión fiscal, el registro de recursos extraordinarios, como fueron los USD 4.300 millones de DEG que giró el FMI; y las transferencias de ganancias contables del BCRA, las estadísticas oficiales muestran con claridad que cuando se acelera la suba de los precios, los recursos caen en términos reales y las erogaciones disminuyen en menor medida, y hasta suelen incrementarse, como ocurrió entre mediados de 2018 y fines de 2020 -agravado por la crisis sanitaria-, agravando el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento;

2) Ese efecto, conocido en la literatura como Olivera-Tanzi, que detectaron que cuando se acelera la suba de los precios los ingresos tributarios suben a una velocidad menor a la inflación presente, porque en general depende de impuestos que se generan entre uno y dos meses antes al de cobro; mientras los gastos, muchos expuestos a la discrecionalidad de las políticas públicas suelen incrementarse más rápidamente, como en caso de los subsidios económicos y transferencias a provincias; se detecta también en la brecha entre la tasa de variación de la recaudación de la AFIP y del Estimador Mensual de Actividad Económica;

3) En diciembre 2021 los recursos tributarios cobraron un singular impulso por el notable aporte de la liquidación anticipada de exportaciones, al punto que casi se triplicó el ingreso por retenciones, al parecer por un pedido del Gobierno al sector, para apuntalar los ingresos y reforzar los activos externos del Banco Central. A partir de ahí, cabe esperar menor contribución en los próximos meses. Además, se sumará el efecto negativo de las menores cosechas esperadas por la sequía en la zona núcleo maicera y sojera;

4) El aumento de la presión tributaria, junto con las medidas de controles de precios, provocó en en 2021 un notable impulso de los puestos laborales sin aportes jubilatorios, y por tanto, agotado el efecto de los planes de facilidades de pago instrumentados en 2020 para paliar los efectos de la crisis sanitaria, difícilmente se repita. Por el contrario, si se acelera la inflación se debilitarán en términos reales los recursos de la Seguridad Social por aportes y contribuciones sobre la nómina salarial de los empleados registrados; y agravará el resultado final de las finanzas públicas;

5) Y si crece el déficit fiscal, pese a las proyecciones sin respaldo del Gobierno que provocaron que la oposición rechazara el Presupuesto 2022, se elevarán las necesidades de financiamiento a través de la emisión del BCRA, y con ello las expectativas de aceleración de la inflación, dando lugar a una espiral cada vez más grande, con impacto negativo sobre las expectativas generales de la población y de los agentes económicos. El ministro Martín Guzmán dijo el viernes que en el “acuerdo de entendimiento con el FMI” se destacó que “no habrá financiamiento del BCRA al Tesoro”; pero la declaración del equipo del FMI sobre la FMI expresa: “El sendero fiscal acordado mejoraría de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario”;

6) Una consecuencia de lo anterior será el aumento de la incertidumbre que llevará a sostener y hasta ampliar la brecha cambiaria y el alto índice de riesgo país, con resultados nocivos sobre los ya debilitados activos externos del Banco Central de la República Argentina;

7) Con un cuadro fiscal y monetario desestabilizado por la ausencia de un plan de estabilización basado en políticas ortodoxas de libertad de precios y austeridad en la política de gasto público aleja toda posibilidad de recuperar la confianza, aun cuando el acuerdo de entendimiento con el FMI anunciado el último viernes para el refinanciamiento de los próximos vencimientos del crédito stand-by que heredó el Frente de Todos del gobierno de Cambiemos, contribuyó a reducir las tensiones en los mercados cambiarios y de bonos;

8) En ese escenario, se mantendrán deprimidos los precios de los bonos soberanos y alto el índice de riesgo país, y conspirará con la posibilidad de sostener la recuperación de la economía, la cual se ha reducido a menos de la tercera parte, aun luego de la última corrección modestamente alcista de los economistas del FMI, pese a que la redujo para el principal socio comercial de la Argentina;

9) La aceleración de la inflación, al incrementar las necesidades de financiamiento del Tesoro -según se anunció el viernes, a través del mercado de capitales-, agravará el desplazamiento del crédito al sector privado por parte del sector público (crowding-out), y de esa forma limitará la posibilidad de reactivación del resto de la economía -estanflación-; y

10) La gravedad de la distorsión de los precios relativos: tarifas, Precios Cuidados y regulados; tipo de cambio y salarios y jubilaciones vuelve a poner al gobierno en la disyuntiva de repetir la devaluación de 2014 sin un plan económico sustentable, que agrave la desconfianza y vuelva a perder las elecciones en 2023 como en 2021, o intente comenzar a ordenar las cuentas fiscal y reducir los desequilibrios macroeconómicos acumulados, en busca no tanto de la reelección, sino de concluir la presidencia con una economía mejor de la que recibió. Por ahora, el ministro Guzmán aseguró que “no habrá devaluación”.

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