La cuenta regresiva llega a su fin y el Gobierno deberá pagar 713 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional o incumplir con sus obligaciones financieras, lo que podría implicar un impacto en la dura negociación que todavía sostiene con el organismo para reestructurar los USD 45.000 millones del préstamo de 2018.
El desarrollo que tengan las conversaciones en las próximas horas terminarán por definir si la voluntad del gobierno de Alberto Fernández es abonar esa suma al FMI o ingresar en lo que se llama en el organismo financiero “atrasos”, lo que implicaría en un mediano plazo dejar de contar con desembolsos de otras entidades internacionales y que también significarían un impacto en el sector privado. Según detalló hoy Infobae, formalmente hay tiempo de pagar hasta mañana a las 14 horas (aunque ese plazo también podría estirarse a última hora).
Las conversaciones se prolongan casi sin interrupciones durante los últimos días, con videoconferencias que se extienden hasta entrada la madrugada y sin descanso los fines de semana. El diálogo por parte del Ejecutivo lo lidera el ministro de Economía Martín Guzmán y, desde Washington, la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack. Esta noche, incluso, siguieron las conversaciones hasta muy de madrugada.
El desarrollo que tengan las conversaciones en las próximas horas terminarán por definir si la voluntad del gobierno de Alberto Fernández es abonar esa suma al FMI o ingresar en lo que se llama en el organismo financiero “atrasos
Algunos sectores comenzaron a blandir la opción de ingresar de forma directa en incumplimiento con el Fondo Monetario al no realizar el pago este viernes y el martes, cuando se vencen poco menos de USD 1.100 millones entre los dos días. Hoy un funcionario cercano a Alberto Fernández como el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas rechazó esa postura y abogó por llegar a un acuerdo.
De todas formas, la ventana de tiempo para acordar es cada vez más estrecha. El Gobierno se recluyó en la mesa de negociación bajo un hermetismo casi total, aunque algunas de las cuestiones que estén en la discusión se pueden saber. En ese sentido, el esqueleto del tira y afloje con el Fondo sigue siendo la velocidad a la que el Estado argentino deberá bajar su déficit fiscal en los próximos años. Hay algunos puntos de coincidencia respecto a que ese sendero debería terminar en 2026, un lugar intermedio entre lo que pretendían en cada lado de la mesa.
No obstante, las cifras finales que debería recortarse año por año el desequilibrio fiscal del sector público todavía son materia de intercambios entre ambas partes. Tal como publicó Infobae, el Poder Ejecutivo ofrece reducir el déficit desde 3% a un 2,5% este año mientras que el FMI plantea un 2%, es decir un punto porcentual completo de ajuste este año. Según la visión oficial, una poda adicional al gasto achicaría las posibilidades de hilvanar un año más de crecimiento económico, aunque sea más modesto que el 10% con el que finalizó el 2021. Ese medio punto de distancia representan, a pesos de hoy, unos $85.000 millones. Para los años 2023 a 2025 hay una brecha similar entre las posturas del FMI y la Casa Rosada.
Para algunas fuentes cercanas a la negociación, se trata de una diferencia corta como para que el Gobierno patee el tablero y decida no abonar los dos vencimientos del viernes y del martes, aunque también es cierto que si la negociación tiene una distancia tan corta entre ambas partes, se espera que un incumplimiento del Gobierno en el calendario de pago de deuda no sea prolongado y que no termine por tener consecuencias considerables para la relación con el FMI y para el sector privado. Como señal, de todas formas, podría actuar como un combustible a la ya fuerte volatilidad de los activos argentinos y a la presión cambiaria.
El Poder Ejecutivo ofrece reducir el déficit desde 3% a un 2,5% este año mientras que el FMI plantea un 2%, es decir un punto porcentual completo de ajuste este año
Otro punto que se discute en el diseño del nuevo programa y que no tiene el aval de toda la coalición de forma unánime es el de las revisiones trimestrales que, tradicionalmente, el organismo realiza a cada país que tiene un programa financiero vigente. Para un sector del Frente de Todos, sería aceptar la intromisión del Fondo Monetario en todas las decisiones de Gobierno y recuerdan los años en que Néstor Kirchner -y luego Cristina Kirchner- decidieron suspender las visitas anuales del FMI en el marco del artículo IV, otra práctica habitual del FMI con sus países socio.
“Estamos en instancia de decisión. Está todo abierto”, se limitó a decir un funcionario que sigue de cerca los pormenores de las conversaciones con Washington. Una parte del Gobierno ya hacía cuentas en los últimos días: cuántos dólares más podría llegar a necesitar el Poder Ejecutivo para afrontar, en caso de un incumplimiento en el pago de la deuda, para afrontar una eventual presión mayor sobre los tipos de cambio paralelos. Hay una línea de hipótesis en un sector del oficialismo que teme una sobrereacción: “Necesitás más dólares por no pagar que para pagar”, analizaban en las últimas horas desde un despacho oficial.
Para evitarlo, el Gobierno debería reforzar incluso más los controles de cambio para evitar un goteo mayor de reservas en el Banco Central. En la actualidad, estiman funcionarios que orbitan al equipo económico, la dureza del cepo no sería suficiente para evitar una corrida mayor contra el peso. A horas de que termine la cuenta regresiva, el escenario todavía está abierto a un puñado de desenlaces posibles que, en todos los casos, tendrá consecuencias sobre los próximos meses de la economía argentina.
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