En plena pulseada con el FMI, el Gobierno define la baja del subsidio al gas: cuál puede ser el impacto en la factura final

El próximo 31 de enero se realizará una audiencia pública para definir qué porcentaje de subsidio destinará el Estado al precio del gas natural. Este precio es uno de los cuatro componentes que integran la factura del gas que reciben los usuarios cada mes, a los que se suman los costos de los servicios de transporte, distribución y los impuestos y tasas.

En plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, el nivel de subsidio de los servicios públicos es un tema clave. En la audiencia pública, la Secretaría de Energía debe definir cuál es el porcentaje del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del que se hará cargo durante este año.

En la página web de la Secretaría de Energía se acceder al informe técnico que será presentado en la audiencia. En el documento, el Gobierno analizó varios escenarios de reducción de subsidios al precio del gas (el que se conoce como “en boca de pozo”): actualmente el Estado absorbe el 70,9% de ese precio.

De los USD 4,84 por millón de BTU que representa el precio promedio del gas natural que abastece a la demanda, USD 3,43 son absorbidos por el Estado Nacional y USD 1,41 (29,1%) lo pagan los usuarios, según las cifras del documento oficial.

¿Qué cambios en ese porcentaje de subsidios analiza el Gobierno y cuál sería su impacto en el precio final?

En la audiencia del próximo 31 de enero lo que se definirá es ese porcentaje del precio del gas natural por redes que el Estado toma a su cargo y cuánto se va a trasladar al precio final que pagan los usuarios. Por otro lado, también está pendiente la determinación de los porcentajes de aumentos para el resto de los componentes de la factura: los servicios de distribución y transporte, que ya fueron analizados en audiencia pública el pasado 19 de enero.

Se se mantiene el actual nivel de subsidios, donde el Estado cubre el 70,9%, el costo es de $216.365 millones sobre un total de $305.179 millones. Esta situación, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Energía, genera una necesidad adicional de fondos de $81.000 millones. En tanto, si el Gobierno reduce los subsidios al 44,4%, ya no requiere de partidas adicionales (ese escenario implica un incremento en el costo del gas a cargo de los usuarios del orden del 91% con respecto al costo actual).

De acuerdo al análisis oficial, con esa reducción en los subsidios, implicaría una suba en las tarifas de 34% a 35% en la factura de marzo (de acuerdo a la empresa distribuidora que corresponda) y del 47% al 49% en julio, el mes de mayor demanda. Si los subsidios se eliminan por completo, en tanto, las subas serían de 94% en marzo y 126% en julio.

En los ejemplos citados en el documento, una factura promedio para un usuario de la categoría R31 rondaría entre $945 y $1.038 en marzo y entre $3.342 y $3.721 en julio. Con todo, a finales del año pasado, el secretario de Energía Darío Martínez adelantó que la corrección tarifaria será del 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la mayor parte de los usuarios.

“En nuestro Gobierno las correcciones tarifarias siempre serán menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores, de las jubilaciones, de la AUH y las asignaciones familiares. Los incrementos de ingresos de todos los argentinos y argentinas siempre superarán los aumentos de las tarifas”, dijo Martínez. También anticipó que este año se aplicara una “segmentación de subsidios”, con diferentes porcentajes de acuerdo a los niveles de ingreso de los usuarios.

“El informe de la secretaria muestra claramente los límites de la política tarifaria en gas natural. Se plantea que si el precio del gas a usuarios aumenta 91% no habría partidas adicionales a las que figuraban en el Proyecto de Presupuesto 2022, que se rechazó. Esto implica aumentos del 30%-40% en la factura final a usuarios. Si se sima lo que pidieron las distribuidoras y transportistas, te da un impacto en la factura final de entre el 60 y 70% de aumento”, detalló Julián Rojo, director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.

“Este escenario se descarta porque el Gobierno ya dijo que no quería aumentos superiores al 17%-20% en un contexto de 50% de inflación. Solo aumentar el precio del gas para no tener partidas adicionales implica un aumento mayor al tolerado por el gobierno. Es decir, muy probablemente habrá partidas adicionales”, agregó Rojo.

“En la decisión final nos enteraremos de cómo el gobierno administra el atraso tarifario dado el porcentaje de aumento que toleran. Qué nivel de subsidios versus que nivel de ingreso a las distribuidoras está dispuesto a convalidar. Queda claro que sería una solución a mitad de camino, es decir, aquella en que a pesar de un aumento en la tarifa final a usuarios los subsidios crecen y no alcanzan los ingresos. Es notable que continua el atraso tarifario como principal política energética y esto deriva en menores inversiones y peor calidad del servicio”, aseguró el especialista.

“Creo que es injusto que en un país con 40% de pobreza, todas las familias indistintamente de su situación económica, paguen solamente el 29% del costo del gas. Esto representa para un consumo promedio de hogar, una factura de alrededor de $700 en los meses no invernales y $2.500 en los meses más fríos (cifras antes de impuestos). El gas por red llega al 60% de la población, en general a las ciudades y zonas de mayor desarrollo. De esta manera, el 40% que no tiene gas de red y probablemente use garrafa más cara, subsidia a los que tienen el beneficio de tener red”, destacó Daniel Dreizzen, director en Energía de Ecolatina y ex secretario de Planeamiento Energético de la Nación.

“Creo que lo mejor es que la ‘regla general’ sea pagar el 100% del costo del gas y que haya Tarifa Social para las familias que no lo puedan pagar (debería ser alrededor del 40% de la población). De esta forma, no se distorsionaría el mercado con tarifas bajas que generan derroches de un bien escaso no renovable como es la energía en forma de gas. Esto implicaría para las familias que no apliquen a la Tarifa Social pasar a pagar tarifas antes de impuestos de alrededor de $1500 en épocas no invernales y $5500 en épocas invernales”, ejemplificó el especialista. Según los datos de Ecolatina, en 2021 los subsidios a la energía (gas y energía eléctrica) fueron de USD 10.000 millones y la estimación es que en 2022 se mantengan en esos niveles.

Las importaciones de gas previstas para el invierno

El precio del gas que cobran las empresas productoras quedó establecido con la adjudicación de volúmenes en las tres rondas del Plan Gas Ar, cuyos precios promedios fueron de USD 4,73 y 3,43 por millón de BTU. Para 2022, la estimación del Gobierno es que el precio rondará los USD 4,84 por millón de BTU.

A estos precios hay que sumar también los valores del gas que el Gobierno debe importar para cubrir la demanda en los meses de más consumo. El costo del gas importado de Bolivia se estima en USD 7,46 por millón de BTU para este año. Mientras que el precio del GNL importado al ser un commodity se determina por el mercado internacional: según la cotización del pasado 12 de enero asciende a un promedio de USD 23,72 por millón de BTU para el periodo de mayo a septiembre de 2022 (a este componente debe sumarse el costo de la regasificación).

El Gobierno prevé que durante 2022 la producción nacional abastecerá el 84% de la oferta total de gas natural. Mientras que el gas importado de Bolivia aportará el 7% y el GNL importado el 9% de la oferta total. En los meses de verano, los de menor demanda, el gas de origen local cubrirá en promedio el 94% de la demanda total y el 6% restante será aportado por el gas de origen boliviano. En el invierno, en tanto, el gas Nacional representará el 73% del total de la demanda y el resto se cubrirá con gas de Bolivia (9%) y GNL importado (18%).

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