El Gobierno retomó la negociación con el FMI pero no confirmó si pagará los USD 1.100 millones que vencen en los próximos días

Los tiempos son más cada vez más cortos y el Gobierno afronta una decisión que resultará clave para el escenario económico de las próximas semanas. El Poder Ejecutivo aún no confirma si pagará entre el viernes y el martes próximo USD 1.100 millones al Fondo Monetario Internacional, algo que dejaría al Banco Central con un nivel de reservas crítico. Como contrapartida, un incumplimiento con el FMI, aunque fuera temporario y no implique un default inmediato, agregaría ruido a un mercado que ya cuenta de antemano con fuertes presiones cambiarias y financieras.

El Ministerio de Economía arrancó la semana retomando las conversaciones de carácter técnico con el staff del Fondo. En rigor, el diálogo nunca fue interrumpido desde que el presidente Alberto Fernández anunció tras las elecciones legislativas que buscaría acelerar un acuerdo con el organismo para reestructurar definitivamente el préstamo Stand By de 2018 y despejar los más de USD 19.000 millones de vencimientos de deuda hacia Washington que tienen lugar a lo largo de este año.

El camino terminó siendo mucho más extenso y sinuoso de lo que se había anunciado. La idea original del jefe de Estado había sido tener en concreto algún entendimiento técnico con el FMI a principios de diciembre, un deadline que se fue estirando semana a semana y que incluso tuvo como corolario el rechazo del proyecto de Presupuesto 2022 en el Congreso, una señal negativa en medio de la pulseada con el Fondo Monetario. El plan plurianual que había prometido Martín Guzmán todavía no está cerrado, a la espera de un acuerdo con el organismo.

Según pudo saber Infobae, las negociaciones entre los funcionarios técnicos de ambos lados -en el caso argentino están supervisados por el propio Guzmán- continuarán esta semana para buscar achicar la brecha en la cuestión central que el Gobierno y el Fondo no logran coincidir: cuál debería ser la velocidad a la que se reducirá el déficit de las cuentas públicas. A grandes rasgos, la diferencia es que el Ejecutivo quiere converger hacia el equilibrio fiscal en 2027 mientras que el FMI lo requiere para 2025.

La intención oficial es que en este 2022 el recorte del rojo fiscal sea leve, hasta un 2,9% del Producto Bruto Interno, desde cerca del 3% que informó Economía la semana pasada. Esa cifra, de todas formas, incluye ingresos que este año, según se espera, no podrá volver a conseguir el Tesoro como el aporte extraordinario de las grandes fortunas, los derechos especiales de giro (DEG) del FMI y la robusta entrada de derechos de exportación por el aumento de los precios internacionales de commodities.

Por su parte, los técnicos del FMI pretenden un ajuste del gasto más resolutivo y que lleve el déficit de las cuentas públicas a un nivel más cercano al 1,9 por ciento. Ese nivel de poda presupuestaria es la que no está dispuesto a aceptar el Gobierno. Según Guzmán, un recorte de ese nivel afectaría a la recuperación económica porque obligaría al Estado a eliminar fondos para estimular la actividad.

Este lunes Alberto Fernández reiteró que ese ritmo de ajuste es la cuña que divide a las dos partes en la actualidad. En un acto en Morón, el jefe de Estado se refirió a la negociación con el Fondo Monetario Internacional al asegurar: “Los pueblos que pierden la memoria están condenados a repetir su historia y nosotros no podemos perder la memoria”, mencionó. Y ahondó: “Por eso nuestra pelea con el Fondo Monetario por más que algunos se disgusten; donde firmemente decimos que queremos tener derecho a crecer según nosotros creemos cómo debemos crecer”.

Este lunes las acciones y los bonos argentinos caían fuertemente a la espera de señales sobre la negociación de deuda del Gobierno con el Fondo Monetario. El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdía 3% pasado el mediodía. Los bonos soberanos retomaban la senda de descenso, ya que los títulos Globales del canje registraban un recorte del 1% en su cotización. Los bonos en dólares emitidos con el canje de deuda retrocedieron un 12% en promedio en lo que va de enero y llegaron a sus cotizaciones más bajas desde que salieron al mercado.

El riesgo país, por su parte, subía unos 40 puntos más hasta 1.959 unidades, por lo que continúa en sus niveles máximos desde el canje con los tenedores privados. “La mirada durante la semana estará en cualquier indicio de avance en las negociaciones o de referencias al pago del viernes que, de realizarse, configuraría una buena señal en cuanto a la voluntad de cerrar un acuerdo”, indicó el Grupo SBS en un reporte de mercado.

El próximo viernes 28 de enero tendrá lugar la primera fecha clave en la hoja de ruta financiera. Ese día el Gobierno debería repagar al Fondo Monetario unos 717 millones de dólares, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El lunes siguiente, el 1° de febrero, serían otros 368 millones en concepto de intereses. En total, la suma asciende a cerca de 1.085 millones de dólares.

Se trata de una cifra muy elevada al tomar en consideración el escenario de reservas internacionales con las que cuenta el Banco Central. Según distintos informes privados, el colchón de divisas neto de la autoridad monetaria -en bruto son unos USD 39.000 millones aunque la mayoría no es de libre disponibilidad- ronda entre los USD 1.500 y 2.400 millones, por lo que un zarpazo de casi USD 1.100 millones en dos días hábiles implicaría dejar al BCRA con un volumen de reservas crítico para intervenir en el mercado cambiario.

El Gobierno evitó en público y en privado confirmar en los últimos días si girará ese monto de dólares al Fondo Monetario entre el viernes y el lunes. La portavoz del Ejecutivo Gabriela Cerruti mencionó solamente que la decisión se tomará de acuerdo a un seguimiento “día a día” que el Frente de Todos haga sobre la marcha de las negociaciones, un diagnóstico que comparten en el Palacio de Hacienda.

También recuerdan que a lo largo de la negociación el Tesoro nunca incumplió con el calendario de repago con el FMI. La diferencia, está claro, es que este año la exigencia de devoluciones hacia Washington es mucho mayor. Sin ir más lejos, ya la suma prevista para marzo (USD 2.800 millones aproximadamente) no podría ser afrontado de ninguna forma por la Argentina, independientemente de la voluntad de pago.

Un eventual incumplimiento ante el Fondo en los próximos días no implicaría, en términos técnicos, a un default. Existe una instancia “previa” que la el estatuto del FMI denomina arrears, traducible como atrasos. Desde ese momento comienza un plazo de seis meses desde el hecho de impago hasta que el directorio del FMI pueda discutir si el país ingresó en situación de default propiamente dicho. De todas formas, entienden en el mercado, los dos escenarios implicarían riesgos: un impago sumaría ruido a los activos financieros argentinos y un pago podría dar una señal de que no se rompe la relación con el Fondo pero dejaría al Banco Central casi sin reservas líquidas.

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