La Argentina tiene el raro privilegio de ser, entre 24 países en desarrollo relevados por Eurasia Group, una consultora geopolítica y estratégica internacional, el que más le debe tanto al Fondo Monetario Internacional (FMI) como a China.
La negociación con el FMI es seguida día a día. Entre el viernes 28 y el martes 1 de febrero el país afronta pagos de intereses por casi USD 1.095 millones, cerca de la mitad de las “reservas netas” del Banco Central (BCRA). Y el 22 de marzo vence una cuota de capital por casi USD 2.900 millones, sobre USD 19.000 millones a lo largo del año. Según el Fondo, la Argentina le debe en total poco más de USD 40.900 millones. El dato corresponde al 31 de diciembre pasado y equivale al 28,1% de la cartera pendiente del organismo.
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Menos conocidos y más dispersos son los créditos del gigante asiático. Según el informe del Eurasia Group, son casi USD 10.000 millones de compromisos ya asumidos por la Argentina, cifra que no incluye los cerca de USD 20.000 millones del “canje de monedas” del Banco Central con China, que a su vez explican cerca de la mitad de las “reservas internacionales brutas” del país.
La deuda con el FMI es por un paquete stand-by, un “rescate financiero” que entre 2018 y 2019 falló en evitar que una “crisis de liquidez” deviniera “crisis de solvencia”, en tanto la deuda con China es por la financiación de proyectos de infraestructura, como las represas sobre el río Santa Cruz.
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Condicionalidades
La prolongada negociación y las diferencias que subsisten entre el Fondo y el gobierno para refinanciar la deuda mediante un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” a 10 años, con 4,5 años de gracia, tiene en vilo a los mercados y presiona, a través del precio de los bonos, sobre el “riesgo-país” argentino y la cotización del dólar.
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El costo y las condiciones del crédito chino, en cambio, son de más difícil evaluación, por falta de acceso a los contratos, que suelen concederse vía empresas estatales y no de gobierno a gobierno. Además, están sujetos a cláusulas de default cruzado y otras condiciones, como la suspensión en caso de default con otros acreedores y hasta control directo de los ingresos de la obra financiada.
La relación con el Fondo incluyó recientemente la visita a Washington del canciller Santiago Cafiero, que hizo gestiones políticas ante el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, el subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, y el asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, pero merodea sin atravesar la muralla del Departamento del Tesoro, que es el área del gobierno de Joseph Biden que lleva la voz cantante en estas cuestiones.
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En tanto, el presidente Alberto Fernández llegará a Beijing el jueves 3 de febrero, para participar al día siguiente de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos -boicoteados por EEUU y otros países de Occidente, que acusan a China de violar derechos humanos- junto al presidente chino, Xi Jinping, con el que firmaría la adhesión argentina a la “ruta de la seda”, un proyecto por el que China busca asentar su poder global y al cual ya se sumaron Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá Perú, Uruguay y Venezuela.
El caso de Sri Lanka
El informe del Eurasia Group, sin embargo, alerta sobre las condiciones de los créditos chinos y destaca el caso de Sri Lanka, una pequeña nación asiática que el martes pasado esquivó a último momento un default soberano gracias a un préstamo de la India, ansiosa por contrarrestar el poderío chino en su vecindario. Sri Lanka, además, debió afrontar pagos a Irán con masivos embarques de té al cabo de dos años en los cuales se secó su principal fuente de ingresos, el turismo.
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Los intereses de deuda de Sri Lanka equivalen a dos tercios de sus ingresos y sus reservas estarían exhaustas si no fuera por un “canje de monedas” con China, su principal acreedor a partir del proyecto portuario de Hambantota, por el cual ya en 2017, debido a retrasos en los pagos deuda, debió ofrecer como colateral un leasing por 99 años de un puerto estratégico a la estatal China Merchants.
“Otros países como Djibouti, Laos, Zambia y Kyrgyzstan, todos los cuales deben a China más del 20% de su PBI, están en una situación similar, con poca palanca y mucha soberanía en juego”, dice el informe del Eurasia Group.
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Según una investigación de la BBC, China es principal país acreedor mundial; sus créditos a países de ingresos medios y bajos se triplicaron en la última década, a cerca de USD 170.000 millones, aunque la suma total podría ser mucho más grande, pues se conceden a través de empresas estatales y a menudo no se informan, debido a cláusulas de non-disclosure impuestas a los deudores.
“Trampas de deuda”
AidData, en una investigación de la cual ya informó Infobae, estimó que aproximadamente la mitad del crédito chino a países en desarrollo no estaría registrado en las estadísticas oficiales de deuda, y Richard Moore, jefe del MI6, el servicio de inteligencia británico, dijo a la BBC que China usa “trampas de deuda” para influir económica y políticamente sobre sus deudores.
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Según datos del Banco Mundial (que excluyen deuda no registrada), la principal región destinataria del crédito chino es el África subsahariana, con cerca de USD 80.000 millones, seguida por el sur de Asia (unos USD 40.000 millones) y luego, América Latina y la región del Pacífico y Este de Asia, con cerca de USD 20.000 millones cada una.
Esas cuestiones son seguidas atentamente por un EEUU celoso de su influencia global y alerta a la geopolítica china. En julio pasado, un informe del servicio de investigaciones del Congreso norteamericano, también reportado por Infobae, alertó que China había pasado del puesto 15 de acreedores bilaterales del mundo en desarrollo que detentaba en 1991 al primer lugar en 2019.
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A principios de los 90 Japón, Rusia y EEUU eran los principales acreedores bilaterales, seguidos por países desarrollados, como Alemania y Francia, o de amplios recursos petroleros, como Kuwait y Arabia Saudita. Hacia 2019, en cambio, China era el acreedor número uno y EEUU había caído del tercer al décimo lugar del ranking.
Condiciones
A su vez, la investigación de AidData, que accedió a 100 contratos chinos con países en desarrollo (10 de ellos con la Argentina), extrajo tres grandes conclusiones sobre los usos del gigante asiático como acreedor:
1- Los contratos chinos tienen cláusulas de confidencialidad extremas, al punto de prohibir al deudor revelar los términos y en algunos casos hasta la existencia del crédito. Un tipo de prohibición, dice el estudio, que a veces se impone al acreedor, no al deudor.
2- Los acreedores oficiales chinos buscan ganar ventajas sobre otros acreedores con diversos mecanismos, como cuentas bajo su control de ingresos generados por los proyectos que financian, y el compromiso de excluirlos de cualquier restructuración colectiva. Es lo que el estudio llama No Paris Club Clauses. En el caso argentino la cuestión es aún más explícita. Tres de los contratos del China Developtment Bank (CDB) con el Ministerio de Economía de la Argentina -cita el estudio- son aún más expansivos: “el deudor bajo ninguna circunstancia traerá o someterá las obligaciones de estos documentos financieros a cualquier restructuración con el Club de París o cualquier plan de reducción de deuda con el FMI, el Banco Mundial o cualquier otra institución financiera multilateral del cual el Estado (deudor) sea parte”. China prohíbe así al deudor extender cualquier mejora o concesión de otros acreedores, a menos que el ente estatal lo consienta previamente.
3- Los créditos de China tienen cláusulas de cancelación, aceleración y estabilización que le brindan gran influencia sobre las políticas internas del deudor. Cláusulas que, aun de no prevalecer en un litigio, limitan opciones al deudor y complican la renegociación. De los cien contratos analizados, además, dos dan al acreedor estatal chino Senior Status (prioridad de cobro) por sobre cualquier otro acreedor; uno es un préstamo del ICBC a la Argentina y otro uno del Eximbank chino a Sierra Leona.
El informe del Eurasia Group, a través de su publicación GZero, concede así a la Argentina el dudoso privilegio de poder comparar, de primera mano, quién es el acreedor más duro.
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