El reciente cierre de Química Rame, una pyme de Villa Luzuriaga dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos, a causa a causa de un largo bloqueo sindical, puso nuevamente sobre el tapete el drama que generan los conflictos de encuadramiento sindical.
Walter Cividino, dueño de Rame, decidió cerrar la empresa, que estuvo bloqueada desde el 28 de diciembre, por no poder trabajar, al quedar como rehén de un enfrentamiento intersindical. Pidió al ministerio de Trabajo que determine la validez o no del reclamo y ante la falta de respuesta decidió cerrar la empresa.
El caso remite a otros conflictos de encuadramiento, como el que en octubre paralizó por unos días los hornos de Loma Negra, o el que en marzo provocó el cierre de Lácteos Mayol, una pyme lechera de Villa Udaondo, provincia de Buenos Aires o varios en que el gremio de camioneros impuso sus “soluciones” por la fuerza, siempre en procura de nuevos afiliados que “coticen” al gremio.
En el caso de Rame, el origen del conflicto fue la pretensión del Sindicato de Químicos de Avellaneda de disputarle al Sindicato de Químicos del Conurbano Sudoeste la afiliación de 10 de los 29 empleados de la empresa. La estridencia y prepotencia del reclamo, que incluyó activistas en actitud intimidatoria, bombos, gomas quemadas, pintadas y pancartas, insultos y agresiones a los hermanos Cividino e incluso a su mamá, de 75 años, superó incluso la inquietud de 15 empleados que pidieron una audiencia al titular de la cartera laboral, Claudio Moroni, para “preservar las fuentes de trabajo” ante una situación que –dijeron- “quebranta y viola” sus derechos laborales. El ministro recién los recibiría la semana próxima.
Mientras tanto, Cividino pidió a Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza, que garantice la seguridad de las instalaciones de la planta, ante versiones de que podrían “vandalizar y quemar” el predio. Tampoco tuvo respuesta.
-¿Cuál es el estado de situación en materia de conflictos sindicales? ¿Qué costo imponen a las empresas?, le preguntó Infobae al presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, también titular de Copal, y experto laboralista.
-En general no ha habido conflictos sindicales de gravedad en la industria. Lo que ha habido son negociaciones salariales que pueden generar momentos de tensión, pero que se solucionan entre las partes adaptándose a las situaciones reales de inflación y posibilidades de la producción. El problema es que subsisten conflictos inter e intra-sindicales que generan bloqueos, paros sorpresivos y la imposibilidad de ejercer la función propia del empresario, de producir. Y que hieren y entorpecen el derecho de propiedad y el derecho a ejercer una industria lícita.
-¿Qué recursos tiene una empresa ante un bloqueo?
-Estas cuestiones inter o intrasindicales tienen vías legales para ser resueltas. El ámbito natural es la ley de asociaciones sindicales, que regula la vida de los sindicatos. Hay mecanismos estatutarios y otros de tipo legal con intervención de la autoridad del trabajo y también está la posibilidad de que intervenga la comisión arbitral de la CGT. Pero los conflictos no pueden ser resueltos por vías de hecho, como estamos observando en determinados casos, donde los sindicatos a través de bloqueos y piquetes presionan para dirimir cuestiones que deberían tener salida legal. Esto no solo es legalmente objetable sino que vulnera los principios constitucionales que mencioné.
-¿Qué deberían hacer el Gobierno, la CGT o la Justicia?
-Es importante que estas cuestiones se diriman legalmente y que a través de la propia ley sindical se arbitren los medios para sancionar a quienes actúan en forma ilegal y compulsiva. Esta manera arbitraria de proceder no solo viola el camino legal, sino que también frente al incumplimiento sindical o de una seccional o una federación puede recibir la sanción que tanto el derecho laboral como la justicia tienen previstos.
La química del conflicto
El caso de Rame se inició cuando una decena de trabajadores comenzó un bloqueo en la puerta de la pyme, en Camino de Cintura al 1000, apoyados por uno de los gremios. Ante la situación, Cividino se contactó con la titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), Verónica Razzini, dueña de una empresa en Rosario que en 2020 estuvo bloqueada durante 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.
Así se involucró en el conflicto la abogada Florencia Arietto, especialista en combatir bloqueos sindicales, quien en diciembre pasado logró el procesamiento de cinco representantes del Sindicato de Camioneros, entre quienes figuran dos dirigentes de confianza de Hugo y Pablo Moyano, por el bloqueo realizado en 2020 al depósito de Villa Soldati de la empresa Andar Transportadora.
Los dueños de Rame hicieron la denuncia penal en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 3 de La Matanza por los bloqueos sistemáticos, pero aún no hubo ninguna resolución, pese a que alertaron que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad para los trabajadores y cerraron la empresa.
“Estoy en el medio de un conflicto intersindical, dijo Cividino a Infobae-. Siempre tuvimos relación con el Sindicato de Químicos de Monte Grande, pero durante la pandemia cuatro empleados que se quedaron en sus casas por pertenecer a grupos de riesgo, se reintegraron y trajeron a este nuevo sindicato a la empresa, impusieron tres delegados y empezaron a bloquear el acceso a la empresa, mientras los sindicalistas exigían que les firmara los nuevos convenios colectivos y que aceptara al nuevo gremio”.
De un día para el otro aparecieron 3 delegados, con 10 personas y –dice Cividino, “empezó toda esta locura”. Sus empleados estaban afiliados al gremio de Monte Grande e incluso tiene otros afiliados al Sindicato de Comercio, porque trabajan en venta al público. “Me presenté en el Ministerio de Trabajo para que decidan a quién le corresponde la afiliación -señala-. Pagamos lo que corresponde, tenemos los sueldos y las cargas sociales al día. Pagué las vacaciones, los aguinaldos y hasta los bonos de fin de año. No le debo un mango a nadie, pero mi empresa se convirtió en un caos”.
“No sé quién me tiene que salvar la vida. No sé si es el Gobierno, el juez, el fiscal o el Ministerio de Trabajo. Lo que hice fue para resguardar a la mayoría de los empleados, que quieren seguir trabajando, y a mi familia. No podemos ir a nuestra empresa porque nos gritan, nos escupen, nos ‘dicen firmá el acuerdo y te dejamos trabajar’.
Por ahora, al menos en el caso de Rame, la fuerza le sigue ganando a la ley.
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