Además del aumento “segmentado” de tarifas eléctricas, que para medio millón de hogares a los que se retirará por completo el subsidio podría significar aumentos del 400% en sus boletas de luz en el área metropolitana, para reducir la cuenta de subsidios el Gobierno evalúa también el aumento de los combustibles (el último fue en mayo pasado), que según diferentes cálculos tiene un retraso de entre 15 y 25% e incide fuertemente en el balance de YPF, la empresa de mayoría estatal.
Al gobierno le resulta cada vez más costoso sostener el precio de los combustibles y la energía. El especialista energético Daniel Gerold calculó que, sin un replanteo del actual esquema, en 2022 el monto de los subsidios alcanzaría los USD 16.000 millones.
Las noticias recientes no hacen más que aumentar los temores: los futuros del GNL (Gas Natural Licuado) que Argentina importa cada invierno llegaron hasta USD 43 el millón de BTU. lo que a similares volúmenes haría que la cuenta de importación de ese combustible (por el que además hay que pagar el transporte en costosísimos buques “metaneros”, el alquiler de buques de regasificación y la inyección a la red de gasoductos) se quintuplicaría, de USD 1.100 millones en 2021 a USD 5.500 millones este año.
Ante esa perspectiva, Cammesa, la compañía mixta pero dominada por el Estado, ya instruyó a las generadoras de energía que quemen más combustibles líquidos y usen menos gas, algo totalmente en contra de cualquier meta ambiental o de “descarbonización”. Cammesa también instruyó a los grandes usuarios del sistema que identifiquen a los “mineros” de criptomonedas que operan en la Argentina. Se trata de una actividad devoradora de energía., para la cual Argentina se volvió un país atractivo. En noviembre se anunció la inversión de Bitfarms, una firma canadiense con participación argentina, para instalar una “granja” de criptominado en Córdoba, aprovechando el bajo precio de la energía, a fuerza de una cuenta de subsidios cada vez más pesada.
El aumento de los combustibles incidirá a su vez sobre otra parte de la cuenta de subsidios que engorda el déficit fiscal: el transporte. El grueso de los subsidios al sector, en 2021 de más de $ 300.000 millones, se destinaron al transporte automotor público en la llamada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que abarca la Capital Federal y 40 localidades del conurbano bonaerense.
Cuántos y cuánto pagan
Al respecto, un reciente informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), que agrupa a las empresas de autotransporte urbano de pasajeros del área, precisó que solo la mitad de los pasajeros que usan regularmente el servicio pagan la “tarifa plena”, la otra mitad paga una tarifa de $ 8 o menos y el promedio de los 221 millones de boletos expendidos por el sistema a lo largo de noviembre fue de apenas 13 pesos.
Esto se debe, explica el informe, a que 54 millones de boletos tuvieron “descuentos sociales”, en otros 52 millones de boletos además de ese descuento hubo mermas por “integración”, que hacen que un usuario que usa tres medios del sistema para llegar a destino tenga un descuento del 50% en el segundo tramo y del 75% en el tercero, y otros 5 millones de boletos fueron del tipo escolar, que abonan un boleto (sin IVA) de apenas 40 centavos en promedio.
El costo del boleto promedió así los $ 13, para un costo real del servicio de $ 112,5 por pasajero transportado. El estado pagó un subsidio promedio de 69,4 pesos y las empresas, según AAETA, absorbieron una pérdida promedio de $ 30,1 por pasajero transportado, que en noviembre montó a una pérdida estimada de $ 6.952 millones.
Anatomía del sector
Según los datos de la asociación empresarial, el sector está integrado por 160 empresas que operan 386 líneas y funciona con un parque automotor de 18.500 unidades, emplea a 50.000 personas y en los próximos dos años necesitará USD 700 millones para renovar las unidades que superan el máximo de antigüedad permitido, que según la ley de 24.449, de Transporte, es de 10 años. A diario y en promedio, dice AAETA, el sistema transporte 9 millones de pasajeros, el 86% de los desplazamientos diarios en el área metropolitana.
Los costos del sistema cambian en función de variables como el precio del combustible, repuestos, mantenimiento y salarios. Tomando como referencia el precio oficial del dólar durante noviembre, el informe precisa que mientras el boleto promedio del colectivo en el AMBA es de 13 centavos de dólar, en San Pablo es de 85 centavos, en Santiago de Chile de 98 centavos y en Montevideo de 1 dólar y 3 centavos, es decir entre 554 y 692% por sobre el costo en dólares en el área de más intenso uso del transporte urbano automotor de pasajeros de la Argentina.
Una de las diferencias del costo del transporte con el de las tarifas de electricidad y de gas es que su incidencia sobre el bolsillo de los usuarios se produce día a día, a medida que el servicio se consume. Es como un pago en “cuotas” que puede impresionar menos que el salto en una boleta de gas o de luz, pero puede ser igualmente desequilibrante y ofrece menos posibilidades de ahorro por eficiencia de uso, aunque en los últimos dos años una parte de los usuarios disfrutaron de una suerte de “ahorro forzoso” por el aumento de las tareas remotas y la menor “presencialidad” laboral durante la pandemia, que todo el mundo quiere que se termine de una buena vez.
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