La negociación con el FMI se estiró otro año: una historia de nunca acordar

Al asumir, el Gobierno decidió restructurar primero la deuda externa con los acreedores privados y dejar para después la negociación con el FMI. El acuerdo con los privados cerró en agosto de 2020 y marcó la campana de largada para hacer lo propio con el organismo de crédito multilateral, que según se estimó inicialmente, cerraría en diciembre de ese año o a principios de 2021.

Los hechos fueron por otro lado, básicamente por las diferencias y los cálculos políticos al interior de la coalición de gobierno acerca de qué hacer. Las idas y vueltas y las falsas expectativas creadas en torno de temas como el plazo del nuevo acuerdo y los “sobrecargos” del Fondo hicieron que, por ejemplo, desde diciembre la Argentina pague 1% más de tasa de interés, algo que podía haber evitado firmando antes un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” (el formato acordado entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el FMI, de diez años de plazo y 4,5 años de gracia) que estira a 51 meses el inicio de aplicación de esa sobretasa.

La primera visita del FMI había sido en febrero de 2020, antes del inicio de la cuarentena, y en octubre, como gesto negociador, el Fondo envió a Buenos Aires lo que fue una de sus primeras misiones “presenciales” a uno de sus 190 países asociados tras la irrupción de la pandemia. Ya entonces afloraron claramente las diferencias que prolongarían la saga negociadora.

Mientras Guzmán apuntaba a un acuerdo en cuestión de meses, los enviados del FMI recibieron una carta de un grupo de senadores del Frente de Todos que responden a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, para la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en la que le exigían rebajar las tasas de interés y conceder un plazo de amortización de “varias décadas”. Entre sus 33 puntos, los senadores pedían además una auditoría del crédito de 2018 y el uso que de él había hecho el gobierno de Mauricio Macri.

En marzo, los gestos del gobierno contra la posibilidad de un acuerdo se acentuaron. En su mensaje a la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández adelantó la presentación de una denuncia penal, que hizo días después ante la Justicia Federal la Oficina Anticorrupción (dependiente de Presidencia) contra Macri y los firmantes del acuerdo de 2018. Los cargos van desde incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos hasta violación de la ley del traductor público y pintan al FMI como cómplice de un plan criminal.

A fin de ese mismo mes, sin embargo, Georgieva recibió al ministro Guzmán (cuyo millaje internacional se estiró notablemente a lo largo de la negociación) en la sede del FMI, el mismo día en que el directorio del organismo aprobaba el plan para emitir USD 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG, la “moneda” del Fondo) y repartir entre los socios, decisión que fue de hecho celebrada por el Gobierno.

Recalculando

Ya estaba claro, sin embargo, que con las PASO y las elecciones legislativas en el horizonte político, el Gobierno había decidido postergar el acuerdo para después de los comicios, a sabiendas de lo impopular y electoralmente adverso que resulta un acuerdo con el FMI

A fin de abril se produjo otra brutal manifestación de los límites de Guzmán para lograr un acuerdo, cuando no pudo, como pretendía, aumentar un 15% las tarifas de gas y luz; debió conformarse con la mitad y ni siquiera pudo echar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, a quien le había encargado una “segmentación” tarifaria que hiciera posible aumentos de dos dígitos.

El programa Mejor País del Mundo, en Radio con Vos, reversionó el cantito infantil “Sal de ahí chivita, chivita” y lo convirtió en una canción-meme cuya gracia y viralización reflejaron la lectura política del episodio: si con el apoyo del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del propio presidente, Guzmán no podía echar a un funcionario de tercer nivel de su propia cartera, mal podía negociar un acuerdo con el FMI.

Los aumentos tarifarios se limitaron al 9%, estiraron la sangría fiscal en subsidios, que el propio Guzmán calificó de “pro-ricos”, a más de USD 10.000 millones este año y la aplicación de un aumento “segmentado” de tarifas de un promedio del 20% quedó pospuesto para 2022.

En agosto, el Gobierno finalmente recibió USD 4.355 millones del FMI en DEG, que le sirvieron para recomponer las alicaídas reservas del Banco Central y también para afrontar el pago de dos cuotas, por un total de USD 3.800 millones que realizó el 22 de septiembre y el 22 de diciembre y que redujeron la deuda con el organismo a poco más de USD 40.900 millones.

En septiembre, la derrota del oficialismo en las PASO desató una crisis que le costó al presidente la eyección de algunos de sus laderos de mayor confianza y un reproche público de la vicepresidente a la política fiscal de Guzmán, a la que responsabilizó del resultado. Y en Washington era cuestionada la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, acusada de haber favorecido a China en una publicación clave sobre la competitividad de los países en su previo paso como alta funcionaria del Banco Mundial. Georgieva sobrevivió la acusación, pero vio reducido su margen de discrecionalidad política.

En octubre, en la Cumbre del G20, en Roma, el propio presidente Alberto Fernández, en una reunión con Georgieva, pudo comprobar en persona el escaso avance que las decenas de viajes y reuniones de Guzmán habían producido hasta ese momento y pidió a su secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, monitorear las tratativas del ministro.

Y el 14 de noviembre, celebró como un “triunfo” la derrota, por menor margen que en las PASO, en las elecciones legislativas. En un discurso grabado y por cadena nacional, el Presidente prometió públicamente enviar al Congreso en la primera semana de diciembre un “plan plurianual”, base de la negociación con el FMI, suerte de anticipo de la rúbrica legislativa que –eventualmente- tendría el demorado acuerdo.

Primeros signos de aparentes avances

Como para apurar el trámite, Guzmán por primera vez delegó en una misión técnica de funcionarios de Economía y del BCRA que envió a Washington, otra ronda de conversaciones al cabo de la cual el Fondo emitió su primera señal positiva concreta. Fue un caramelo mitad dulce, mitad amargo. Por primera vez, el organismo habló de “avances en el trabajo técnico " y “entendimiento general”. A gusto del gobierno, reconoció el carácter “multicausal” de la inflación y la necesidad de “un amplio apoyo, tanto a nivel nacional como internacional” al eventual acuerdo. Pero también planteó la necesidad de “un sendero fiscal sostenible”, un recorte a la emisión monetaria, un nuevo esquema cambiario, tasas de interés reales (descontada la inflación) positivas, reformas estructurales y recomposición de reservas del BCRA, un combo a años luz de la política económica actual.

Aunque, en una entrevista con el diario español El País, Guzmán diga ahora que lo único que falta para acordar son los “consensos internacionales necesarios” (que de por sí no son poca cosa), nada indica que la negociación con el propio FMI esté resuelta. El “plan plurianual” no fue enviado al Congreso ni al principio ni al final de diciembre, mes en el que un Congreso ya empatado entre oficialismo y oposición rechazó el proyecto de Presupuesto que Guzmán había enviado en septiembre y que la entonces mayoría oficialista dejó dormir durante tres meses. En ese lapso, las previsiones quedaron aún más desactualizadas. Ni Guzmán cree ya que la inflación de 2022 vaya a ser del 33% o que dentro de un año el dólar oficial cueste $ 133, cuando el blue cierra 2021 en 209 pesos.

En charla virtual con Georgieva, Alberto Fernández calificó de “problema inesperado” el traspié legislativo y celebró días después, cual si fuera un logro propio, la publicación de la “Evaluación ExPost” del propio FMI sobre el fallido acuerdo de 2018. El presidente calificó de “lapidaria” una autocrítica que su portavoz, Gabriela Cerruti, juzgó “tímida” y Guzmán dijo que había “quedado corta”.

El documento del FMI es un análisis forense del acuerdo firmado con el gobierno de Macri, del que dice que fue “muy frágil” y que tal vez debió haber incluido una restructuración de la deuda con acreedores privados y medidas de control de capitales, pero de ningún modo admite que haya excedido las normas del Fondo ni -menos aún- admite un encubrimiento de conductas delictivas, como pretende el Gobierno argentino.

El Gobierno no solo celebró la publicación de ese documento como si fuera un logro propio; también malinterpretó sus consecuencias.

Desde 2008, cuando hizo su primera Evaluación Ex Post por “acceso excepcional” de recursos, el FMI publicó 22 informes de ese tipo para un total de 16 países. El primero de ellos fue a Uruguay, al que le otorgó crédito por el equivalente a 23% de su PBI (como si a la Argentina le hubiera otorgado unos USD 100.000 millones). De un repaso a esos documentos surge por caso que mientras el FMI concedió a la Argentina un crédito de USD 57.000 millones, equivalente a 1.123% de su cuota en el organismo, las evaluaciones expost precisan, por caso, que el Fondo apoyó a Grecia, Irlanda y Portugal con créditos por más del 3.200%, 2.321% y 2.306% de sus respectivas “cuotas” como países miembros del organismo.

La vocación de “relato” del gobierno se refleja además en el contraste con las evaluacione expost de otros países que integran el Fondo y cuyos gobiernos se limitan a expresar su punto de vista de modo conciso. Los más largueros fueron los griegos (que además incluyeron el punto de vista del gobierno que tomó el crédito y del que lo sucedió) con 20 páginas de observaciones, mientras que los portugueses agregaron al reporte del Fondo 8 páginas de comentarios y los irlandeses solo 4 páginas. Ucrania, que recibió crédito del FMI por “apenas” el 900% de su cuota, ni siquiera agregó comentarios. En contraste, Guzmán creyó necesario agregar 14 páginas de su prosa, en 86 comentarios críticos, a las que el representante argentino en el Fondo, Sergio Chodos, agregó otras 21 páginas de observaciones de su propia cosecha.

Fragilidad

Con su obsesión por el relato, el Gobierno tal vez se esté disparando a los pies. Si la observación más enfática del Fondo es que el programa de 2018 fue “demasiado frágil”, ¿sobre qué bases podría ahora acordar un programa macroeconómico y de restructuración con un gobierno que en menos de dos años aumentó la deuda pública en más de USD 40.000 millones, la llevó a USD 380.000 millones si se cuenta la deuda del BCRA y aumentó en 157% la parte de esa deuda atada al dólar y a la inflación? Son datos que surgen del informe de la secretaría de Finanzas actualizada al 30 de noviembre.

Lo cierto es que en marzo la Argentina enfrenta un primer vencimiento grande con el Fondo, de casi USD 4.000 millones, y sin acuerdo se sumaría otra cuota de USD 2.000 millones al Club de París que se supeditó al desenlace de la negociación con el FMI.

Al final del verano, ya no habrá más tiempo para deshojar la margarita. Habrá acuerdo o no lo habrá. En cualquier caso, será el inicio de una nueva etapa.

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