Por qué la dinámica de la inflación fue el principal problema de 2021, según Guzmán, y se repetirá en 2022

En su última presentación en la Cámara de Diputados, para exponer sobre los supuestos del proyecto de ley de Presupuesto 2022 que contemplaba un crecimiento del 4%, una inflación del 33%, un dólar a diciembre del próximo año a $131,10, un déficit fiscal de 3,5% de PBI, un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos, principalmente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó que “el problema principal de este año fue la dinámica inflacionaria.

Sin embargo, tanto la dinámica mensual, como en una mirada retrospectiva en más de una década, permiten advertir un sendero sostenidamente creciente de la inflación, que tiene como común denominador la desconfianza y la falta de consistencia en las políticas macroeconómicas, sea por exceso de emisión o de endeudamiento del Estado para financiar el déficit fiscal, -más allá de factores coyunturales, como el escenario internacional y sus efectos sobre los precios de las materias primas que más exporta la Argentina, o de cambio de gobierno internamente, y de la vulnerabilidad repetida de las cuentas externas, aún con controles de precios, trabas al comercio internacional y políticas monetarias expansivas y contractivas del Banco Central-.

Ese fenómeno se detecta con claridad al observar el comportamiento de la tasa promedio mensual de aumento del índice general de precios al consumidor que se registró entre fines de 2007 y la actualidad, desagregado por el período en el cargo de los últimos 9 ministros de Economía, los cuales 3 estuvieron en la segunda mitad de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner: Martín Lousteau, Carlos Fernández y Amado Boudou; 2 en la segunda presidencia de CFK: Hernán Lorenzino y Amado Boudou; 3 con Mauricio Macri: Alfonso Prat Gay; Nicolás Dujovne y Hernán Lacunza; y 1 desde la asunción de Alberto Fernández: Martín Guzmán.

“La extensa experiencia inflacionaria que tenemos los argentinos muestra que una política antiinflacionaria requiere un gobierno políticamente creíble y profesionalmente idóneo. Aquí y ahora, carecemos de ambas cosas”, destaca en su anteúltima Newsletter del año el economista Juan Carlos de Pablo.

Y en el caso particular de 2020, y en especial 2021, se agrega la decisión del Gobierno de desenvolverse sin un plan económico y sin una hoja de ruta explicitada en los supuestos macroeconómicos del Presupuesto de Gastos y Recursos, y por tanto en no prestar atención a las estimaciones de las consultoras privadas, como las que recibe mensualmente el Banco Central a través del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), sobre todo cuando en materia de inflación han mostrado tener alta capacidad de predicción con un año de anticipación.

De ahí que “la dinámica de la inflación fue el principal problema de 2021″, según dijo el ministro Guzmán, no se explica por un proceso inesperado de aceleración del ritmo de aumento de los precios al consumidor como ocurrió en el corriente año en la mayor parte del planeta por el efecto rezagado de 8 a 12 meses o más, según los casos, a los planes de estímulo monetario para paliar los efectos de la crisis sanitaria de Covid-19 que se instrumentaron desde los primeros meses del año previo; sino a la decisión de no advertir su persistencia en un alto nivel, pese a los crecientes controles de precios y del comercio exterior, principalmente, ni el sendero que anticipaba y ratificaba cada mes el REM del BCRA.

El ministro Guzmán se aferró a la meta del 29% que había fijado para la elaboración del todas las pautas del Presupuesto 2021, pese a que la tasa anual de arrastre del año previo era de 36%, pero ya las consultoras privadas proyectaban 50% a diciembre para la variación del IPC general del Indec, la cual se mantuvo en ese rango, con muy modestas fluctuaciones en general, y la tasa anual respecto de un año antes comenzó desde abril a equipararse con las previsiones privadas a diciembre.

Similar brecha, que se fue cerrando con el correr del año, también se observó entre la tasa anual de inflación que el REM proyectó a diciembre 2021 desde diciembre 2020 y la que fue registrando mes a mes el organismo oficial de estadística en la denominada “inflación núcleo” o “core”, que es la que no está contaminada por los efectos estacionales, como ocurrió con la singular baja del precio del tomate en noviembre último; ni tampoco por la ampliación de la canasta de precios regulados y congelados, la cual en noviembre pasó de representar 13,1%, casi el doble que en el mes previo, 7,3%, sobre el total de precios relevados por el Indec.

Y aún así, como era de esperar, tras el antecedente de más de 4000 años de fracasos de los controles y regulaciones de precios, juntos con cepos al comercio exterior, la tasa de inflación no cedió, ni en la medición mensual ni mucho menos en el cotejo interanual de más de los 300.000 precios de bienes y servicios, públicos y privados, que releva el Indec.

Brecha entre IPC núcleo e IPC regulados

Tampoco se observó con el correr de 2021 un abrupto cambio del sendero del aumento de los precios “núcleo” y “regulados”, que llevaran a anticipar la gestación de un “problema inflacionario” superior al que se arrastraba de cinco años antes, y en particular desde que las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de agosto de 2019, cuando los inversores internacionales comenzaron a agudizar su desconfianza en el nuevo gobierno.

El relevamiento de precios del Indec en noviembre determinó que la brecha de variación en los últimos 12 meses entre la inflación núcleo (55,5%) y la inflación regulada (39%) fue de poco más de 16 puntos porcentuales, la cual, según estudios de series de tiempo del experimentado economista Roberto Frenkel, ambas tasas tienden a converger en breve tiempo.

Y si bien la definición de inflación: “aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios”, que enseñan los primeros libros de la economía contemporánea, puede dar lugar a que el fenómeno responda a multicausas: suben nominalmente el tipo de cambio; los alimentos, pero también el resto de los bienes y servicios nacionales e importados, las tarifas, las ganancias empresarias, los salarios, el gasto público, entre muchos otros. Pero el consenso de los economistas internacionales y, también muchos de la Argentina, se sostiene que existe una causa principal que es el déficit fiscal recurrente y alto, sea que se financie con emisión de dinero del Banco Central, o con endeudamiento interno y externo.

En el caso de la variación de la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal a través de adelantos transitorios del BCRA a la Tesorería o de transferencias de ganancias contables no comprobadas ni justificadas a través de un cuadro de resultados mensual o trimestral de ingresos y egresos por parte del organismo; o incluso de pasivos monetarios remunerados a las entidades para absorber ese exceso de pesos, la manifestación en la tasa de inflación se verifica a partir del octavo y décimo mes, aunque en algunas circunstancias, suele extenderse hasta 16 o 20 meses.

Mientras en el caso de recurrir al endeudamiento, en particular con el resto del mundo y en moneda extranjera, el proceso de impacto sobre los precios, a través del cambio en las expectativas de los agentes económicos: empresas, trabajadores, inversores locales e internacionales y de las consultoras privadas, suele resultar más largo, y muchas veces más traumático, porque da lugar a crisis externas cuyas señales de alerta son la ampliación de la brecha cambiaria y la caída de reservas en divisas propias del Banco Central.

De ahí que, si bien la inflación es “problemática” en la Argentina, más problemático es no advertir las señales que emiten los mercados, como el consenso de las consultoras privadas que releva el Banco Central, que anticipan qué camino se está transitando.

Más aún, cuando también siguieron un sendero singularmente ascendente los otros índices de precios que difunde mensualmente el Indec para los mercados concentrados, como son las variaciones de los valores de los productos salidos de fábrica, o de las cadenas iniciales de valor, como el de los productos y servicios primarios, los de origen importado, y además los tres subíndices que conforman el Índice del Costo de Construcción.

Prerrequisito básico

El consenso de los economistas locales e internacionales, incluidos los técnicos del FMI, coincide en que es imposible revertir la alta inflación sin un plan económico consistente y sostenible en el tiempo, basado no sólo en incentivos para que la economía crezca hacia adentro y afuera, sino principalmente en la reducción sostenida del déficit fiscal; y de desalentar tanto la creación de impuestos como el aumento del gasto público nacional, provincial y municipal, explicitados en un Presupuesto Plurianual.

Si el ministro Martín Guzmán aceptara esas reglas, las cuales conoce y tiene bien estudiadas en su paso por la Universidad de Buenos Aires como en la de Columbia (EEUU), pero al parecer ha decidido ignorarlas por cuestiones políticas, un acuerdo con el FMI para postergar los vencimientos de deuda del próximo bienio podría rubricarse en muy corto tiempo, y facilitar el camino hacia la desinflación y crecimiento persistente, como han logrado la mayoría de los países vecinos. Sólo así se podrá avanzar en el sendero de reducción rápida de la pobreza y recuperar el nivel de generación de riqueza de los primeros tiempos del siglo anterior.

Por ahora, todo indica que 2022 comienza con la continuidad de la inercia inflacionaria en torno a una tasa media de 3% y proyecciones privadas que la ubican entre el 50% y 60% anual.

Mientras tanto, en el Gobierno ahora admiten que la inflación se proyecta a un ritmo del 40%, siete puntos porcentuales por arriba de la que se fijó en el Presupuesto y el ministro se resistió a modificar a pedido de la mayor parte de los legisladores de la oposición.

SEGUIR LEYENDO: