El Gobierno prevé un aumento del 20% en promedio en las tarifas de luz y gas en 2022

Luego de mantener las tarifas de luz y gas congeladas durante 2020 en el marco de la Emergencia Económica, y de avanzar con aumentos de 6% para el gas y 9% para la electricidad, en 2021, el Gobierno prevé un incremento del 20% en promedio para ambos servicios a partir de 2022 para los usuarios residenciales. No obstante, como consecuencia de la segmentación de tarifas que anunció el ministro de Economía Martín Guzmán, los usuarios que a criterio del Gobierno puedan afrontar el costo total del gas y la luz no contarán con subsidio y pagarán la tarifa total.

Según confirmaron fuentes de la Secretaría de Energía a Infobae, el aumento de tarifas será anunciado por el Gobierno Nacional entre enero y febrero y regirá para todo el país y por todo el año.

La segmentación de las tarifas, que tuvo grandes problemas en su instrumentación, se comenzará a aplicar el año próximo, de acuerdo a lo que afirmaron tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, como el secretario de Energía, Darío Martínez, durante la presentación del Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado por la oposición.

“Se está trabajando de manera articulada desde la Secretaria de Energía con el Ministerio de Economía, proyectando la continuidad del crecimiento económico en la Argentina y apuntando a una recomposición tarifaria entre el 17 y el 20% en todo el país”, afirmaron las fuentes oficiales a este medio.

Ese techo del 20% no aplicará para los usuarios que, a criterio del programa de segmentación que están elaborando el Enargas y el Enre, estén en condiciones de afrontar el pago pleno de la tarifa. En esos casos, el aumento será mayor al 20% y podría llegar en algunos casos a no tener ninguna clase de subsidio en su facturas.

Las fuentes añadieron que el 20% de aumento promedio para los hogares debe tomarse como “pauta del aumento tarifario del Gobierno para 2022″ y que el criterio oficial para el año próximo es que todo aumento tarifario esté por debajo de la inflación.

Por otro lado, tanto la Secretaría de Energía como los reguladores están trabajando en sintonía con el Ministerio de Economía en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo crediticio exige reducir el déficit fiscal y, en consecuencia, el nivel de subsidio que existe por ejemplo sobre las tarifas de energía.

Con respecto a los pedidos del Fondo para reducir subsidios, las fuentes destacaron que es el ministerio de Economía el encargado de llevar a cabo las negociaciones, aunque afirmaron que el trabajo que vienen realizando está alineado con las pautas fijadas por el Gobierno Nacional.

El contexto del sector energético

Las fuentes consultadas por Infobae recordaron que el Gobierno, en el marco de las restricciones de la pandemia, en 2020, decidió congelar las tarifas de los servicios públicos de manera tal de no incrementar la complejidad económica social que ya venía complicada por la pandemia.

Destacaron que durante ese año, en el sector eléctrico pero también en el del gas se vio muy afectada la cobrabilidad de las distribuidoras eléctricas y el de las mismas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Situación que en 2021 se fue recomponiendo en base a una política de la Secretaría de Energía que fue mantener estables el precio de la energía eléctrica y del gas de manera tal que las distribuidoras de todo el país pudieran recomponer su capital de trabajo y normalizar la cadena de pagos del sector.

“En el sector eléctrico esa política estuvo acompañada por una herramienta que fue incorporada en el Presupuesto 2021, que es el artículo 87, en el marco del cual se fueron dando distintos acuerdos entre la Secretaría de Energía y las distribuidoras de todo el país para que normalizaran el pago a Cammesa y regularizaran su deuda acumulada durante el año anterior”, destacaron las fuentes.

Y añadieron que ese artículo y la reglamentación que aplicó la Secretaría de Energía permitieron innovar en el tratamiento de las deudas de los distribuidores con Cammesa, que históricamente se condonaban. “En este caso lo que se hizo fue implementar un programa de inversión por canje de deuda y aliviar el peso económico que dejó la pandemia sobre los usuarios en todo el país. Canjeando parte de la deuda que acumulaban los usuarios por el impacto de la pandemia y la caída de la actividad y de los ingresos de los hogares, neteándolo con la deuda de las distribuidoras con Cammesa”, detallaron.

“Eso permitió aliviar el peso económico que dejó la pandemia sobre los hogares y la actividad industrial y comercial y a la vez impulsar un plan de inversiones en el segmento de distribución que hoy se está implementando en todo el país”, afirmaron.

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