Economistas de Juntos por el Cambio se manifestaron hoy contra el Consenso Fiscal que mañana firmarán el presidente y las gobernadoras y gobernadores provinciales. El único distrito del país que no adherirá es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cuyo jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la iniciativa porque favorece el aumento de impuestos y además lo obligaría a desistir de demandas de la Ciudad a la Nación ante la Justicia, por la quita de fondos del año pasado.
“Pobreza 40%, inflación 50% y brecha 100%. Este finde largo avanzaron tres propuestas de solución: reelección indefinida de intendentes, aumentar impuestos provinciales y subir piso de tarifas de avión. Si aumentara algún porcentaje, por suerte el próximo finde también es largo”, tuiteó con ironía el exministro de Economía Hernán Lacunza, que ya el jueves, cuando el presidente logró comprometer en el Consenso a los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), había criticado duramente el Pacto que se firmará mañana.
Los gobernadores radicales aseguraron al interior de Juntos por el Cambio, sin embargo, que no aumentarán Ingresos Brutos (el principal tributo provincial; explica entre 70 y 85% de los ingresos propios de las jurisdicciones provinciales) ni el de Sellos, y que firmarán porque necesitan refinanciar sus deudas con la Nación.
“Consenso Fiscal 2021: el gasto no para”, había sintetizado Lacunza, que fue ministro de Economía bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal y luego ministro de Economía de la Nación, tras la renuncia de Nicolás Dujovne luego de la derrota de Mauricio Macri en las PASO 2019.
Según Lacunza, el Consenso a firmarse mañana tendrá cuatro efectos:. En primer lugar aumentará el margen de las administraciones provinciales para aumentar la presión impositiva que –dijo. “desde 2019 ya aumentó 1,5% del PBI”. Y lo hará, especificó, aumentando las tasas de ingresos brutos, sellos e impuesto inmobiliario y mediante la sanción provincial de impuestos a la herencia.
Otra consecuencia, dijo Lacunza, es que la incidencia del gasto en relación al PBI no bajará ni siquiera si la economía crece, ya que ahora el gasto provincial podrá crecer al mismo nivel que el PBI nominal, esto es, el crecimiento real de la economía más la tasa de inflación. El tercer efecto, dijo el exfuncionario, es que el Consenso volverá permanentes subas impositivas que eran transitorias. Y por último, hará que la ley de responsabilidad fiscal empiece a regir recién en 2023 y, admás, a partir de niveles superiores de gasto.
Otro exministro de Economía (y también de Defensa), el flamante diputado nacional Ricardo López Murphy, tuiteó contra la iniciativa fiscal que firmarán Nación y Provincias. “Al kirchnerismo no le alcanzó con subir bienes personales. Ahora quieren hacer un pacto fiscal que permita aumentar ingresos brutos y crear nuevos impuestos a las herencias, las donaciones, los legados. La voracidad por la plata de los contribuyentes es infinita”, escribió.
Exministro
Otro economista y exministro, pero del Interior, recientemente electo diputado, Rogelio Frigerio, también criticó el nuevo Consenso Fiscal.
“Implica una flexibilización del gasto”, señaló. “Antes el límite lo fijaba el Índice de Precios al Consumidor; ahora, al tomar el PBI nominal -que tiene incluido el efecto inflacionario- da margen para gastar más, siempre y cuando la economía crezca”. De este modo, abundó, “va a haber un margen mayor para aumentar el gasto público”.
Según Frigerio, las provincias se ven perjudicadas “por un modelo en el que la emisión pasa reemplazar la recaudación impositiva; la emisión no se coparticipa y este modelo termina discriminando a las provincias”
Según Frigerio, que como ministro negoció el “Consenso Fiscal 2017″, aquella vez se planteaba “reducir gradualmente el gasto que se había casi duplicado en la última década”. Ahora, dijo, es al revés. “Con esto se termina en un aumento de los impuestos, cuando la gente lo que espera de la política es alivio fiscal”.
El diputado nacional por Entre Río dijo además que las provincias se ven perjudicadas “por un modelo en el que la emisión pasa reemplazar la recaudación impositiva; la emisión no se coparticipa y este modelo termina discriminando a las provincias”.
“Cuando nos tocó a nosotros yo estuve meses negociando con los gobernadores y ahora buscan hacerlo de una semana para la otra. Tendrían que revisar esto, porque no es lo que la gente está esperando”, completó.
El documento que mañana a las 17 horas firmarán el presidente y gobernadores además de alentar a las provincias a gravar los aumentos de riqueza por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia, estipula alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos que abren la puerta a aumentos en varios rubros, como comunicaciones y servicios financieros
Un borrador del documento dice que “es necesario consolidar la implementación de instrumentos que procuren la redistribución de la carga impositiva de manera tal que tengan mayor incidencia los impuestos patrimoniales y puedan compensarse las eventuales reducciones de la recaudación proveniente de la imposición sobre las actividades productivas y el consumo”. Otro pasaje agrega que las provincias “procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza”, amén de establecer alícuotas crecientes en función del valor del monto transmitido.
Un análisis del Ieral de la Fundación Mediterránea precisa que la presión tributaria provincial aumentó de forma continua, de 3% en 2002 a 5,4% del PBI nacional en 2017, impulsada básicamente por el impuesto a los Ingresos Brutos, considerado un gravamen distorsivo y de “efecto cascada”, pues se aplica en cada etapa del proceso productivo. Su incidencia pasó del 1,8% del PBI en 2002 a 4% en 2017, para bajar, a partir del Consenso Fiscal 2017, a 4,8% en 2019 y volver a subir en 2020 (5%).
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