El Gobierno prorrogó a partir del 1° de enero próximo la intervención de los entes nacionales de regulación de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas) hasta fines de 2022. Ambos organismos llevan adelante la renegociación del sistema de tarifas con las empresas prestadoras de los servicios públicos.
A través del decreto 871/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo extendió la intervención de ambos organismos descentralizados en el ámbito de la Secretaría de Energía que comenzó en 2020.
A comienzos del Gobierno de Alberto Fernández se decidió una renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que estaba vigente y que abarca a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que se encuentren bajo jurisdicción federal, la cual no debería extenderse por más de dos años.
Según los considerandos del decreto, los organismos “están avanzando activamente en el referido proceso de renegociación con las empresas prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, que involucra diversos aspectos y estudios, tales como las revisiones de los planes de inversiones obligatorias”.
“Ante la necesidad de que las negociaciones y procesos encarados puedan culminar adecuadamente, contando con el tiempo suficiente para obtener los más satisfactorios resultados, resulta entonces razonable prorrogar las intervenciones del ENRE y del Enargas desde el 1º de enero de 2022, incluyendo mandas y designaciones, hasta el 31 de diciembre de 2022″. Así quedaron ratificados Soledad Manín al frente del ENRE, y Federico Bernal, como titular de Enargas, un funcionario cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En junio de este año, el Enargas aprobó los cuadros tarifarios de transición para la tarifa del gas con un aumento del 6% en promedio en la factura que reciben los usuarios residenciales del servicio de gas por redes. Luego, los precios se mantuvieron fijos.
Se espera que a comienzos del próximo año, el Gobierno comience a implementar algún tipo de segmentación de tarifas respecto al nivel de ingreso de los usuarios. Una estrategia que fue anunciada en varias oportunidades, pero cuyo implementación se demoró en los últimos años y que, además, reveló internas entre el Ministerio de Economía, que quiere recortar los subsidios a la energía, los funcionarios de la secretaría de Energía y los entes reguladores.
A comienzos de año, en una audiencia Bernal criticó que las tarifas sean planteadas como un tema “puramente económico o fiscal”. De esta forma, quedaron más expuestos las diferencias entre el ente regulador y el ministerio de Economía, que se había propuesto el objetivo de que los subsidios no representen un porcentaje más alto del PBI.
“Pero cuando se habla de tarifas, falta algo medular, un componente fundamental que debe ser el parámetro excluyente. Lo que falta es el ‘ser humano’. El mismo parámetro que uno usa para evaluar el sector de la salud, vivienda, educación, acceso a la alimentación o seguridad social. La salud energética de una Nación no es la balanza comercial energética, no pasa por la capacidad exportadora. La salud energética es la salud energética de su pueblo”, señaló Bernal.
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