La economista jefe de Fundación Capital alertó por “la vulnerabilidad del esquema cambiario” y la caída del Presupuesto

Termina 2021 y los agentes económicos aún no conocen los objetivos de política económicas para el año próximo, y mucho menos los instrumentos a los que apelará el Gobierno, aunque claramente son fáciles de intuir luego de que el ministro Martín Guzmán intentara defender infructuosamente las pautas base ante el nutrido grupo de nuevos legisladores en su visita a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, al comienzo de la última semana, entre los que se destacaban los economistas Ricardo López Murphy, José Luis Espert, Martín Tetaz, entre otros.

El consenso de los economistas de las consultoras privadas, y en especial de los asesores e integrantes de los bloques de oposición en la Cámara baja, habían destacado en sus informes y encuentros con ministros que las pautas presentadas el 15 de septiembre estaban muy alejadas de la realidad, y alertado en el recinto que habían quedado “viejas”, porque no sólo fueron fijadas entre junio y agosto, sino también porque fueron discrecionalmente ampliados los gastos aprobados para el corriente año por Decretos de Necesidad y Urgencia y Decisiones Administrativas del ministro de Economía junto al Jefe de Gabinete, Juan Manzur. De ahí que fueron finalmente rechazadas en el intento de tratamiento formal en la Cámara baja el último viernes.

Frente a ese cuadro, la sociedad en general, y las empresas y potenciales inversores en particular -son los únicos que pueden diseñar estrategias que contribuyan a generar empleos genuinos y reducir los altísimos niveles de pobreza- se ven imposibilitadas de contar con una hoja de ruta para planificar sus finanzas y acciones, más allá de que se nutren de las estimaciones y proyecciones de la consultoras y fundaciones privadas.

Con ese escenario, Infobae entrevistó a Irina Moroni, Economista Jefe de Fundación Capital, para conocer su análisis de la coyuntura y las expectativas para el corto plazo, y fue contundente en su mensaje: “Estamos frente a una situación social más delicada que en otras etapas de emergencia de nuestro país, por lo que no hay margen para errores de la política económica”.

— ¿Qué significa la caída del Presupuesto 2022 en la sesión maratónica en Diputados el último viernes?

— El Presupuesto presentaba muchas inconsistencias técnicas y por lo tanto necesita una revisión que permita “setear” expectativas. Más allá de las cuestiones prácticas, en el marco de una negociación con el FMI, puede ser visto como negativo por la dificultad en nuestro país de poder alcanzar consensos internos, generar programas económicos que produzcan confianza y contar con una hoja de ruta creíble hacia delante.

— ¿Cómo termina el año económico?

— El 2021 finalizaría con un nivel de reservas netas en el Banco Central por debajo del de comienzos de año, a pesar de haberse registrado el ingreso extraordinario de los DEG del FMI y un superávit de la cuenta corriente cambiaria de bienes muy holgado (en torno a USD 16.000 millones), gracias a precios internacionales agrícolas casi récord (las liquidaciones del agro hasta noviembre superaban los USD 30.000 millones, un 28% por encima del anterior máximo de USD 23.560 millones para ese período en 2011). En este sentido, los desequilibrios acumulados implican que la relación de cobertura de los pasivos monetarios (base monetaria, Leliq y pases pasivos) con reservas internacionales netas cierra el año ubicándose en niveles inferiores al 5%, marcando la vulnerabilidad del esquema cambiario actual.

La política de retraso cambiario significativo -el mayor para un año desde la salida de la convertibilidad- implicó la erosión de la competitividad de los años previos, dificultando aún más la acumulación de divisas hacia delante. El tipo de cambio real multilateral con nuestros principales socios se ubica incluso por debajo del nivel que había a fin de 2013, previo a la devaluación de comienzos de 2014. Aún más, en la comparación de más largo plazo, la competitividad precio de nuestros productos es hoy un 32% inferior a la del promedio exhibido entre 2003 y 2011, período de mejor desempeño de las cuentas externas.

En materia de inflación, la política de control de precios mostró que resulta un esquema limitado para combatir la elevada inercia de meses y años anteriores, en un marco de política económica que “fogonea” hacia una mayor nominalidad. Incluso con los controles de precios y las anclas cambiaria y tarifaria, la inflación núcleo hace 14 meses que se sostiene por encima del 3% mensual y en términos interanuales se ubicó en 55,5% en noviembre. Es claro que estamos frente a un nuevo escalón de inflación. Durante los últimos 20 años la inflación fue creciendo progresivamente: el ritmo de aumento de los precios pasó de un 8% promedio anual, a un 22%, para luego promediar el 40%. Si no se cambian las condiciones económicas, podríamos instalarnos en un nuevo peldaño más elevado de inflación.

De este modo, las autoridades se encuentran transitando un estrecho camino con múltiples desafíos, donde los tiempos resultan acotados. La actividad económica cierra el año habiendo apenas recuperando el nivel de la pre-pandemia, mostrando un rebote, pero sin claros motores de crecimiento y con importantes desequilibrios económicos que delinean un sendero complicado hacia el 2022.

— ¿Espera un pronto acuerdo entre el gobierno y el FMI?

— Analizando el último comunicado del FMI, se advierte que hay buena predisposición de las dos partes, pero que aún falta bastante por discutir. En esta dirección, mientras las autoridades hablan de “crecimiento”, desde el organismo internacional mencionan un “rebote” (rebound en inglés). Esta diferencia que parece semántica implica en realidad una distancia enorme de diagnóstico y perspectivas. A modo de ejemplo, desde el Gobierno plantean que el crecimiento económico será un factor clave para la reducción del déficit fiscal vía mayor recaudación, mientras que sin motores de crecimiento esto se dificulta.

Aún más, el FMI habla de políticas que promuevan la inversión y las exportaciones para aumentar las reservas, cuestiones que implican una reducción de la brecha cambiaria. Las experiencias de países que presentaban brecha cambiaria y cerraron acuerdos con la institución (Angola, Nigeria y Egipto) muestran que, previo a la firma del mismo, habían al menos comenzado un camino de unificación del mercado de cambios. Para que se de esto es preciso un programa que genere confianza, y eso aún no se ha visto.

Además, desde el gobierno prevén financiar las necesidades fiscales con exagerado optimismo. En el Presupuesto presentado en el Congreso -ahora caído-, consideraron un número muy abultado a través de organismos internacionales (1,1% del PBI), cuestión que no está negociada y que, a excepción del 2018 y 2019, el financiamiento neto por esta vía no superó los USD 500 millones en los últimos diez años. Por otra parte, contemplaron un financiamiento neto por el equivalente a 2% del PBI vía títulos públicos, lo que resulta demasiado optimista teniendo en cuenta los resultados de este año: el roll over requerido para alcanzar el financiamiento estipulado en el Presupuesto rechazado el viernes debería ser del 160%, mientras el coeficiente de renovación de 2021 apenas alcanza el 122 por ciento.

A su vez se hablaba de transferencias de la autoridad monetaria al Tesoro por 1,8% del PBI (este año cerrarán en 3,9% del producto). En este punto, debe tenerse en cuenta que un acuerdo con el FMI seguramente incluya metas de asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro, implicando un limitante a un financiamiento elevado por esta vía.

El problema con estas diferencias es que ahora los tiempos resultan muy cortos, siendo que en el primer trimestre se deben enfrentar compromisos con el organismo por unos USD 4.000 millones, con marzo el mes más abultado (USD 3.000 millones aproximadamente). Aún más, sólo en enero hay vencimientos por USD 1.700 millones, sumando compromisos con privados, FMI y otros organismos internacionales.

— ¿Qué debe incluir el acuerdo con el FMI para que sea creíble por los inversores y vuelvan a darle crédito a la Argentina?

—— Un programa de estabilización y crecimiento hecho en la Argentina. Un plan respaldado por el Congreso, con una regla del gasto público intertemporal que guíe la política fiscal y con política monetaria antiinflacionaria. Debe incluir políticas que promuevan el crecimiento, mediante marcos legales que impulsen la inversión y la exportación. Este tipo de acuerdo podría venir acompañado de fondos frescos, con implicancias positivas de brecha cambiaria en descenso, menor nominalidad y crecimiento económico.

— ¿Alcanza con que el acuerdo con el FMI esté firmado por Cristina Fernández de Kirchner, como pidió el senador Alfredo Cornejo como condición para que la principal fuerza de oposición lo apruebe en el Congreso?

— No considero que el “éxito” del acuerdo pase por los nombres propios, sino por la calidad del mismo. Los desafíos como mencionaba antes son muchos en materia de crecimiento, brecha e inflación. A eso se suma el del financiamiento y, relacionado con esto, el desafío fiscal. En este punto, las dificultades no son menores. Recordemos que este año se contaron con ingresos extraordinarios por más de 1,5 puntos del PBI. Por los DEG del FMI se obtuvieron recursos extra por 1% del PBI, el Impuesto a la Riqueza significó otro 0,5% del PBI y, incluso, gracias a precios internacionales de las materias primas que exporta la Argentina en niveles récord, los derechos de exportación resultaron 0,8 puntos del PBI superiores a los del año previo. Así, plantear un sendero de consolidación fiscal hacia delante resulta desafiante, en el contexto de una economía que no presenta motores claros de crecimiento. Las autoridades plantean una reducción de los subsidios económicos, principalmente vía segmentación de las tarifas a la energía según ingresos, pero este esquema no tiene margen para errores. Esto encuentra un limitante en la deteriorada situación social y la inercia inflacionaria elevada. En un marco en que los subsidios a la energía y el transporte ya suman unos USD 11.000 millones o 3% del PBI (equiparables al déficit primario o la recaudación por IVA neta de reintegros), incluso si las autoridades decidieran mantener la proporción de tarifas que subsidian, estas transferencias podrían incrementarse frente a los mayores costos en un marco de precios de la energía más elevados e incertidumbre cambiaria, requiriendo un esfuerzo adicional para su reducción.

— Hay quienes creen que sin acuerdo con el FMI el ajuste que deberá encarar el Gobierno será peor ¿Usted qué piensa?

— Primero, resulta importante aclarar que no existe “default” con el FMI técnicamente, sino que se entra en atrasos y, al transcurrir seis meses, en “atrasos prolongados”. Este fue el caso de países como Sudán, Zimbabwe, Irak o Afganistán. El problema con un atraso en los pagos es en realidad la dinámica. Cuanto más prolongada la mora, se empiezan a cortar las líneas de crédito comercial, afectando a la economía real y no sólo al sistema financiero, lo que implicaría un esquema más recesivo, una mayor brecha cambiaria y una presión inflacionaria superior. En definitiva, un escenario más negativo con menor actividad económica y mayor riesgo social.

— ¿Es tan grande el peso de los vencimientos de la deuda para las finanzas públicas, o está magnificado por la incapacidad y decisión del Gobierno de no encarar políticas que permitan recuperar la confianza de los inversores?

— Hablando puntualmente de 2022, los vencimientos con el FMI son sin dudas importantes, pero está claro que cuando miramos el riesgo país, registra precios de default producto de una desconfianza generalizada. Si no se genera un marco de confianza, será difícil salir de la situación actual, y para eso hace falta un programa integral, consistente, hecho en Argentina, con un equipo económico homogéneo, con leyes votadas en el Congreso que generen un marco propicio para un crecimiento genuino en materia de inversión, innovación, infraestructura y exportaciones.

— Las tasas de interés se proyectan en alza en el mundo, para detener la aceleración de la inflación, y en el plano local los técnicos del FMI recomiendan que también suban ¿Qué implicancias tendría sobre la política de regulación monetaria del BCRA que ya acumuló Leliq y Pases por el equivalente a más de USD 40.000 millones?

— La emisión endógena podría tomar relevancia frente a una importante suba de tasas, haciendo un cálculo rápido son unos $3.700 millones extra mensuales por cada punto de tasa. No obstante, dado el contexto actual, el problema de las Leliq, si bien relevante, no es el tema prioritario. La salida de esto hacia delante tiene que ser virtuosa, es decir, vía un alza en la demanda de dinero producto de un crecimiento económico genuino.

— ¿Ve algo que pudiera acelerar los tiempos, dadas las urgencias sociales que no pueden esperar a un gobierno de alternancia para ver un horizonte mejor?

— Lamentablemente la historia reciente nos muestra que sólo hubo planes de estabilización integrales, como el Plan Austral en 1985, la Convertibilidad en 1991 o el Plan Lavagna en 2002, cuando se venía de crisis muy profundas. Esperemos que no haga falta eso para encarar un cambio de rumbo como el que necesita nuestro país para salir del estancamiento en el que estamos sumidos hace casi una década.

— ¿Qué cabe esperar para 2022, según las proyecciones de Fundación Capital?

— Un año de alta nominalidad y crecimiento mediocre en el mejor de los casos, con un acuerdo de tipo light con el Fondo Monetario Internacional en el primer trimestre, sin generar motores de crecimiento claros, donde la economía profundiza la heterogeneidad sectorial y se sostiene la desigualdad social. Ojalá tomemos nota y encaremos un programa integral como el que el país necesita para cambiar estas perspectivas.

— ¿Qué factores pueden favorecer o afectar el cumplimiento de esas previsiones, en el plano doméstico, y en el internacional?

— Si bien factores externos pueden influir en el escenario, como la evolución de la pandemia, la actividad de nuestros socios de la región, el escenario de tasas y liquidez mundial, los precios de las materias primas, entre otros… pienso que en esta oportunidad son más importantes los factores internos: las decisiones que se tomen en el plano local. Deseo que las autoridades estén a la altura de la magnitud de desequilibrios acumulados y que no sigan aprendiendo a hacer política económica con un esquema de “prueba y error”, porque no hay margen para equivocaciones frente al escenario actual.

— ¿Una reflexión final?

— Estamos frente a un enorme desafío social, en un marco en que los más de 140 programas sociales que existen a nivel nacional no logran revertir la situación actual. El mercado laboral se encuentra muy debilitado, con un empleo en el sector asalariado privado registrado que se ubica casi un 4% por debajo de los niveles prepandemia. Aún más, al analizar los ingresos de la población en términos reales, destaca la importante caída del salario real, pero también el fuerte descenso en el poder de compra de los perceptores de la seguridad social. En los asalariados formales, el descenso en el poder adquisitivo resulta del 19% respecto a 2017, mientras esa baja alcanza al 30% en aquellos informales. Por su parte, la cobertura de la canasta básica total para jubilaciones mínimas se redujo un 16,5% respecto a igual período, mientras el poder de compra de la AUH bajó un 19% en términos reales respecto a cuatro años atrás, si bien la incorporación de la Tarjeta Alimentar permitió acceder a una canasta básica de alimentos (CBA), para quienes perciben ambos beneficios. Estamos frente a una situación social más delicada que en otras etapas de emergencia de nuestro país, por lo que no hay margen para errores de la política económica.

Fotos: Maximiliano Luna

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