Advierten en EEUU que los desacuerdos en el oficialismo en torno del ajuste retrasarán más el acuerdo con el FMI

Los desacuerdos políticos en el Congreso complicarán más la negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que había pedido un amplio consenso interno para que tengan éxito las correcciones que negocia con el Gobierno.

Observadores de las conversaciones afirmaron a Infobae desde Washington, Nueva York y Buenos Aires que, con el presupuesto que se cayó o con uno corregido, lo que pretende el Fondo es un “plan consistente”, como repitió en numerosas oportunidades tanto el staff técnico como varios miembros del directorio.

Esto significa, tal como lo expresó el organismo en un comunicado el viernes pasado, que el Gobierno debe implementar medidas para reducir el financiamiento monetario del déficit fiscal y subir las tasas de interés para bajar la inflación, entre otros ejes fundamentales para recuperar el equilibrio macroeconómico, más allá del cordial llamado entre el presidente Alberto Fernández y la jefa del Fondo, Kristalina Georgieva.

“El Fondo lo que dijo en ese comunicado es que no aprobará cualquier cosa y que va a insistir en la necesidad de que haya un plan económico serio”, afirmó una calificada fuente desde Washington.

“Aún si se hubiera aprobado el presupuesto que mandó el Gobierno, esa no es una base para negociar seriamente porque contiene supuestos macro que no coinciden con lo que necesitará hacer el Gobierno para cumplir con el nuevo programa”, aclaró la fuente.

En este sentido, advirtió que, aún si hubiera una actitud condescendiente a nivel político entre los directores más influyentes del board –algo que por ahora está en duda-, alcanzaría para aprobar el acuerdo inicialmente en marzo, pero “en junio el país tendría un problema similar o mayor, porque si no cumple, no habrá más desembolsos”.

Al respecto, aclaró que las voces de apoyo de funcionarios del Departamento de Estado no deben confundirse con una aprobación de la administración Biden a un nuevo programa, ya que la voz fundamental en esta cuestión es la del Tesoro que conduce Janet Yellen y, en particular, del consejo de su asesor David Lipton, ex número 2 del FMI.

Esto se debe a que cualquier programa implica una revisión técnica trimestral y los técnicos del Fondo no se jugarán a dar su visto bueno si no ven que el Gobierno pone en marcha algunas de las medidas que se acuerden inicialmente.

Además, la fuente indicó que, si el Gobierno optara por entrar en atrasos con el FMI ante la imposibilidad de llegar a un nuevo acuerdo, también se complicarían algunos desembolsos al país por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tampoco sería posible que avanzara en ese contexto un crédito bilateral, porque “hasta China firmó los principios por los que cualquier financiamiento a un país solo puede hacerse con la asistencia del Fondo”, aclaró la fuente desde el cálido final del otoño en Washington.

Benjamin Gedan, director del programa para América latina del Wilson Center, expresó que “los legisladores no participan en las negociaciones con el FMI, pero son importantes partes interesadas en cualquier acuerdo; y el FMI será reacio a aprobar un programa para luego verlo rechazado por el congreso argentino”.

“Alberto Fernández está en un aprieto; ha reconocido tardíamente la urgencia de un acuerdo, pero está atrapado entre un poderoso vicepresidente que aborrece al FMI y es alérgico a los recortes de gastos y una oposición que quiere que los peronistas paguen el precio político de eliminar el déficit y abordar los problemas laborales, fiscales y de pensiones que han socavado durante mucho tiempo la competitividad de Argentina”, señaló desde Washington.

De todos modos, consideró “probable que se llegue a un acuerdo, ya que un default prolongado sería arriesgado para Argentina y una vergüenza para el Fondo”.

En esta sintonía, el ex director argentino ante el Fondo, Héctor Torres, afirmó que los desacuerdos en el oficialismo no ayudan para avanzar con el organismo multilateral en la renegociación de los USD 45.000 millones, pero aclaró que “el Poder Ejecutivo puede vivir sin presupuesto aprobado por el Congreso Nacional”.

“Mucho más preocupante para el FMI son las declaraciones hechas desde el propio espacio político del gobierno”, indicó Torres.

“Probablemente el FMI tenga dudas sobre el presupuesto presentado por el Gobierno, y probablemente algunas de esas dudas coincidan con las observaciones expresadas por Junto por el Cambio en el Congreso. Pero no creo que el financiamiento del FMI vaya a depender de que Juntos por el Cambio apruebe el presupuesto”, explicó.

“Si así fuera, el FMI le estaría dando un virtual derecho de veto a Juntos por el Cambio. El tema del consenso está relacionado con un programa de facilidades extendidas: el FMI pide que un programa largo (EFF) cuente con consensos sobre políticas y reformas que deberían poder continuarse después del 2023″, sostuvo.

“Pero eso no quiere decir que si Juntos por el Cambio no aprueba el presupuesto del 2022 se cierre la posibilidad de contar con algún financiamiento del FMI”, aclaró.

En la misma sintonía, el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental, Claudio Loser, sostuvo que “el rechazo del presupuesto por el Congreso complica las cosas. Yo creo que implícitamente en las negociaciones una condición es aprobar el presupuesto y que con sus diferencias de color, o de maquillaje, era lo acordado”.

“Si no hay validación del Congreso no creo que Goergieva pueda ‘venderle’ a la Junta Directiva el programa. Eso falló con Macri. Así que tendrá que negociar con la mayoría y ver qué se hace. Es difícil y creo que esto es ‘I’m shock’ para el gobierno”, expresó Loser.

Negociación más compleja

En esta sintonía, el economista de la UTDT Eduardo Levy Yeyati dijo que la escena de ayer en el Congreso tal vez haya sido una puesta en escena: “Tal vez esa fue la idea desde el comienzo: forzar el rechazo del presupuesto, extender por decreto el anterior y seguir improvisando sin plan. Mal comienzo de la negociación con el FMI, que pide que la carta de intención sea aprobada en el Congreso. Y malo para el país en crisis”.

“No me sorprendería que el gobierno usara el rechazo del presupuesto para justificar la demora en la negociación con el FMI, cuando la demora surge de que el gobierno se resiste a presentar un presupuesto consistente con esa negociación”, indicó.

También el economista jefe de Econviews, Andrés Borenstein, sostuvo que las complicaciones políticas internas, “al final no van a impedir que haya un acuerdo, pero será un proceso más tedioso”.

“La oposición ya mostró que no da más cheques en blanco y el gobierno se obligó a sí mismo a pasar el acuerdo por el Congreso; es decir, que en la negociación se perderá algo de tiempo”, opinó Borenstein.

Por otro lado, “todo esto sirve como excusa: ahora le pueden echar la culpa a la política ya que no tienen nada con el Fondo”, tal como lo refleja la cautela de las declaraciones desde Washington acerca del avance del acuerdo.

Desde Nueva York, el jefe del fondo de inversión Mogador Capital, Guillermo Mondino, expresó: “Los problemas los tuvo siempre hacia adentro el kirchnerismo. Hoy, el que dinamito todo fue Máximo Kirchner. Los problemas los tuvo y tendrá que resolver, razonablemente, el gobierno. Y los costos de las decisiones políticas también”.

“El FMI sabe, y ahora más claramente que nunca, que, si quieren menos déficit, la única vía políticamente pasable es con una reducción de gasto. Ese, justamente, es uno de los problemas centrales del kirchnerismo”.

De todos modos, el economista que también tuvo que negociar con el Fondo en 2001, aclaró que “de cualquier forma, estábamos muy lejos de un acuerdo. No creo que esto contribuya en forma relevante a lo que ya sabíamos que era un proceso que va para largo”.

En este sentido, un informe del banco Itaú sostuvo que el deseo del Gobierno de llegar a un acuerdo con el FMI “es un paso positivo, pero observamos que un entendimiento rápido parece difícil, debido a la reticencia del Gobierno a aplicar los ajustes macro necesarios y al hecho de que un acuerdo necesita el apoyo del Congreso”, por decisión propia del Ejecutivo.

“Esperamos que un peso más débil y que las necesarias subas de las tarifas impulsen la inflación en 2022. En consecuencia, hemos aumentado nuestra previsión de inflación para 2022 al 60% (desde el 50%). Y esperamos que el Banco Central endurezca la política monetaria el próximo año (aunque todavía la mantenga flexible), llevando la tasa de Leliq a 30 días al 48% a finales de 2022, desde el 45% anterior”.

“No hay motores del crecimiento para 2022, dados los ajustes previstos en un entorno regional e internacional menos benigno. Mantenemos nuestra previsión de crecimiento en el 1,4%, tras un repunte revisado al alza del 9,5% para 2021″, concluyó el banco brasileño, en sintonía con los pronósticos poco optimistas del resto del mercado sobre el año próximo, sobre todo si no se llega a un acuerdo sólido con el Fondo.

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