La defensa que hizo ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso sobre el proyecto de Presupuesto 2022, dejó algunas zonas oscuras sobre las que el debate no profundizó. Previsiblemente, las proyecciones de inflación, evolución del tipo de cambio, ajuste de tarifas y nivel de gasto público estuvieron en el centro de la discusión, que ganó en intensidad con el cambio de la Cámara de Diputados tras la asunción de los nuevos legisladores la semana pasada. A las intervenciones de Luciano Laspina, se sumaron por ejemplo las exposiciones de los flamantes diputados, también opositores, José Luis Espert, Ricardo López Murphy y Martín Tetaz. Pero eso no fue suficiente para despejar las dudas sobre otros de los supuestos asumidos por el ministro, centrales para la estabilidad durante los próximos meses.
Todo el proyecto está construido sobre la base de que, en virtud de un acuerdo con el Fondo, que por el momento sigue en plena etapa de ardua negociación, no habrá ningún pago para cancelar los USD 19.000 millones en vencimientos que por ahora siguen vigentes. Dado que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de pagar esa cifra, es razonable que no se computen pagos. Lo llamativo, sin embargo, es que según advirtieron algunos analistas e incluso se le preguntó al propio Guzmán, también en virtud de ese eventual acuerdo, se computa la llegada de unos USD 12.500 millones provenientes de otros organismos multilaterales en calidad de “financiamiento neto”. Es decir, que al mismo tiempo que el Gobierno negocia patear los pagos por al menos tres años de la deuda contraída con el FMI durante la gestión anterior por un total de USD 44.000 millones, buscará endeudarse con los organismos colegas por casi un tercio de esa cifra. Dicho de otra manera, el ambicioso objetivo de Guzmán es no sólo no pagar los vencimientos el próximo año sino también obtener nuevos créditos equivalente al 65% del monto que vence.
Al mismo tiempo que el Gobierno negocia patear los pagos por al menos tres años de la deuda contraída con el FMI durante la gestión anterior por un total de USD 44.000 millones, buscará endeudarse con los organismos colegas por casi un tercio de esa cifra
Más allá de la contradicción, este supuesto es considerado poco realista por el mercado. El primero en advertirlo fue el ex presidente del Banco Central y ex negociador ante el Fondo Monetario, Luis “Toto” Caputo, quien consideró que “los USD 12.500 millones de financiamiento neto con los organismos no es realista”, por lo que sugirió, hace ya tres meses, que el déficit en 2022 deberá ser menor al previsto. Otro ex presidente del BCRA, Martín Redrado, de fluidos contactos en la comunidad financiera internacional, también hizo foco la semana pasada sobre el mismo punto en declaraciones radiales. No sólo advirtió que es un supuesto inverosímil sino que aseguró que le “consta” que no existe ningún programa ni discusión con esos organismos (Banco Mundial, BID, CAF), en ese sentido. En Diputados, Tetaz insistió ayer con la cuestión y se quejó de que la explicación recibida por el secretario de Presupuesto, Raúl Rigo, fue confusa y de que Guzmán se comprometió a enviar una aclaración al respecto que no fue recibida.
Lo cierto es que, aún cuando la obtención de ese monto de dinero de parte de los organismos fuera una posibilidad accesible, ese objetivo sólo aumenta la imperiosa necesidad de la Argentina de evitar mayores demoras en la negociación con el Fondo a toda costa. Es que el timing en que se produzca tanto la firma del acuerdo como el ingreso de dólares frescos será vital.
Esto es así porque tras el pago de este mes por unos USD 1.800 millones el cronograma continúa con otro pago en menos de un mes, el 9 de enero, por USD 700 millones en intereses a los bonistas que aceptaron el canje de Guzmán. En el contexto actual de nivel de reservas, esa cifra otrora rutinaria, puede convertirse en un dolor de cabeza. Pero es en marzo, con el pago al Club de París que ya la situación se volvería inmanejable si el acuerdo no está, para esa altura del año, definitivamente encaminado.
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