Los aniversarios suelen ser hora de balances, aunque sea parciales, tal como el que hoy marca la exacta mitad de la gestión presidencial de Alberto Fernández.
En ese período, al igual que el resto del mundo, la Argentina fue golpeada por la pandemia, a la que el Gobierno respondió con una cuarentena extrema que llevó al cierre de miles de empresas y al desempleo o la informalidad de decenas de miles de trabajadores y aumentó en 2,6 millones el número de pobres. La escasez de testeo y rastreo, primero, y luego la mora en la adquisición y aplicación de vacunas hicieron que, tras el aparente éxito inicial -cuando el presidente impartía lecciones y señalaba gobiernos réprobos- el balance sanitario fuera claramente negativo.
La Argentina se acerca a los 117.000 de muertes por Covid: entre los primeros 20 países del mundo por número de casos solo Brasil exhibe un ratio de muertos por habitante superior y solo Holanda, en el vigésimo lugar, tiene menos habitantes
Al 9 de diciembre la Argentina, que llevó a estar octava, ocupa el décimo lugar en el ranking de países por número de casos de Covid-19, siendo el 32 del mundo en población. Debe tenerse en cuenta que los países del norte van un otoño/invierno adelante desde el inicio de la pandemia, algo que, más allá de particularidades por país, tal vez explique por qué Alemania, que a principios de diciembre llegó a registrar 70.000 casos diarios, supere hoy en ese registro a la Argentina, aunque sigue muy por debajo en número de muertes. Ese, el registro más duro de la pandemia, muestra a la Argentina acercándose a los 117.000 víctimas fatales. Entre los primeros 20 países del mundo por número de casos solo Brasil exhibe un ratio de muertos por habitante superior y solo Holanda, en el vigésimo lugar, tiene menos habitantes.
Mientras tanto, ¿qué pasó con la economía? La Argentina fue en 2020 uno de los países en los que más cayó el PBI: 9,9% según datos oficiales. La reapertura de la economía, parcial en la última parte de 2020 y más plena en 2021, arrojó un fortísimo repunte: el PBI cerraría 2021 más del 10% arriba, recuperando en el promedio y superando en muchos sectores los niveles de actividad de prepandemia.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registraba a septiembre pasado (último indicador disponible) un aumento del 11,6% respecto de igual mes del año pasado y del 4,7% respecto de 2019, año en el que a su vez estuvo 3,2% por debajo del nivel de 2015, al inicio del gobierno de Mauricio Macri.
Mejores cifras aún exhibía el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC), uno de los sectores que, a favor de la reorientación de las decisiones de gasto (debido al largo cierre que sufrieron diferentes actividades de servicio) más se recuperó de los efectos de la pandemia y la cuarentena: el último indicador marcaba un repunte del 8,1% respecto de fines de 2019, aunque sigue exhibiendo un retroceso del 7,6% respecto del nivel que tenía a fines de 2015.
La recuperación, sin embargo, no da signos de firmeza: en octubre, por caso, el nivel de actividad industrial, aunque mantuvo su avance en términos interanuales, retrocedió 5,7% respecto de septiembre
Endeblez
La preocupación de muchos analistas se centra en la endeblez fiscal, monetaria y cambiaria de lo que algunos consideran un rebote: inflación superior al 50% anual y que se proyecta más alta para 2022, por las expectativas de devaluación que suscitan una brecha cambiaria en torno del 100%, reservas netas del Banco Central que no llegan a cubrir los vencimientos de deuda más allá del verano y fuerte distorsión de precios relativos: muchos subieron más que la inflación, las tarifas están congeladas desde abril de 2019 y nadie cree que eso vaya a corregirse con una baja nominal de los precios adelantados.
Sin crédito y ante la pandemia, el gobierno recurrió a la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, pero personas y empresas huyeron de un dinero destinado a perder valor. A fines de 2021 la base monetaria es igual a 7,3% y M1, una medida más amplia de liquidez, a 9,5% del PBI: el gobierno necesitó una inflación cada vez más alta para recaudar suficiente “impuesto inflacionario” y licuar, por caso, el gasto previsional y el poder adquisitivo de la masa jubilatoria, pese a la retórica en el sentido contrario.
Dejando de lado la inflación de diciembre de 2019, Marcos O’Connor, economista del Ieral, comparó la inflación en los primeros 22 meses de la actual gestión con la de igual etapa de las dos previas: la de Alberto Fernández acumuló una inflación del 93%, contra 70,1% de Macri y 52,8% de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), con promedios de 3,03%, 2,44% y 1,95 % mensual, respectivamente.
Reservas y comercio exterior
Las reservas brutas del BCRA, que en 2015 eran de USD 25.615 millones y en 2019 de USD 43.772 millones, cayeron a USD 41.530 millones en tanto las netas cayeron de USD 9.818 millones en 2019 a USD 5.491 millones a fines de 2021 y bordean el cero e incluso algunos las pintan en rojo si se restan activos de menor liquidez, como las reservas de oro, cuya eventual venta, más que cubrir un hueco lo ahondaría, al disparar el pánico.
El comercio exterior, que casi se desplomó en el momento más álgido de la pandemia, cuando el precio internacional del petróleo llegó a ser negativo, fue una fuerza a favor arrimando los dólares con que la macroeconomía se sostuvo hasta ahora. El saldo de la balanza comercial, que a fines de 2015 había sido negativo en USD 1.745 millones, fue positivo por USD 11.267 millones en 2019 y bordeará un superávit de USD 14.000 millones este año, un nada despreciable 3,1% del PBI.
Las reservas brutas del BCRA, que en 2015 eran de USD 25.615 millones y en 2019 de USD 43.772 millones, cayeron a USD 41.530 millones y las netas cayeron de USD 9.818 millones en 2019 a USD 5.491 millones a fines de 2021; algunos las pintan en rojo si se restan activos de menor liquidez, como las tenencias de oro
Todo esto sostenido por la suba de los precios internacionales (en especial, materias primas y agroindustria) que vende la Argentina. Tomando como 100 el valor del tercer trimestre de 2021, el Ieral calculó que el precio promedio era 82 a fines de 2015 y 79 a fines de 2019, con lo que el gobierno recibió el empujón de una mejora de precios relativos de 26,5%, del que sin embargo suele quejarse cuando habla de “inflación importada”.
La excusa soslaya que el nivel de inflación de la Argentina es entre 8 y 10 veces la de economías centrales y vecinos sudamericanos; sin los mejores precios y la producción y ventas externas del campo y la agroindustria (que según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario pasaron de aportar el 64% de las exportaciones totales en 2015 a 71% en 2019 y a 78% en los primeros 9 meses de 2021) los dólares escasearían aún más y la inflación, por esa vía, sería probablemente más alta.
La deuda, más allá del FMI
En cuanto a los niveles de deuda, el boletín mensual del ministerio de Economía precisa que a septiembre pasado (último dato disponible) sumaba el equivalente a USD 348.346 millones, un aumento de USD 25.281 millones respecto de fines de 2019. Más allá de las diferencias entre deuda en moneda local y extranjera y entre deuda bajo ley local y ley extranjera (las dos primeras son más fácilmente “licuables” y legalmente manipulables, lo que no es ni una ventaja del acreedor ni una virtud del deudor) es que la deuda con el FMI equivale a 12,5% de la deuda pública total.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gobierno de Macri aumentó esa deuda en USD 82.400 millones, de USD 240.665 millones a fines de 2015, a USD 323.065 millones a fines de 2019, aunque la cifra de 2015 no computaba los USD 16.000 millones de juicios de deuda perdidos en Tribunales de Nueva York, pagados en abril de 2016. Con esa corrección, resulta que el ritmo de endeudamiento del gobierno de Alberto Fernández (USD 25.281 millones en 22 meses) se acerca al de Macri y lo supera si además se cuenta la deuda “cuasifiscal” del BCRA.
Al respecto, el economista Gabriel Rubinstein plantea el concepto de “deuda estatal neta”, que incluye las deudas en moneda extranjera o registradas en cabeza del Tesoro, pero también aquellas en moneda local y la evolución de las reservas netas del BCRA, ejercicio del cual concluye que la “deuda estatal neta” tanto en pesos como en divisas aumentó en USD 69.525 millones durante la segunda presidente de Cristina Kirchner (2011-15), en USD 44.892 millones durante la de Macri (2015-19) y USD 42.626 millones (hasta septiembre pasado) en la de Alberto Fernández.
La parte en moneda extranjera aumentó mucho más en la de Macri (+ USD 63.801 millones, mientras disminuía USD 18.909 millones en pesos), que en la de Cristina (+ USD 45.073 millones, sumados a USD 24.452 millones en pesos). Sin acceso al crédito internacional y habiendo restructurado la deuda con los acreedores privados, durante la actual gestión la deuda en divisas aumentó en solo USD 6.566 millones, pues no tiene acceso al crédito internacional, lo que compensó endeudándose en más de USD 36.000 millones en su equivalente en pesos. De última, dice Rubinstein, “todos los gobiernos se endeudan de una u otra forma, dado el alto déficit fiscal que no alcanza a licuarse vía inflación”.
El cuadro social
¿Qué resultados tuvo esa configuración macroeconómica sobre el mundo del trabajo e ingresos y las condiciones de vida?
A septiembre pasado, según datos del ministerio de Trabajo compilados por el Ieral, se computaban 12.224.000 trabajadores registrados, un aumento de 88.000 respecto de los 12.136.000 de septiembre de 2019, que a su vez eran 154.000 más que en septiembre de 2015. Pero la composición de esas variaciones muestra la degradación del mercado laboral, imposible de disociar de los efectos de la cuarentena extrema y la pérdida de empresas y empleos privados formales, a pesar de la imposición y sucesiva extensión de la prohibición de despidos y la doble indemnización, que pudo haber preservado algunos empleos, en particular en los momentos más duros de la pandemia, pero también desalienta la creación de empleos en la recuperación. Según datos de la propia cartera laboral, hacia septiembre, aun con niveles de actividad superiores a los de prepandemia, no se logró recuperar un cuarto de los empleos perdidos con el primer impacto y el empleo de monotributistas creció cuatro veces más rápido que el de asalariados formales en el sector privado
Los trabajadores formales privados pasaron así de 49,8% a 48,4% del total, los empleados públicos aumentaron de 26,4 a 27,1% y los monotributistas de 16,3 a 17,5% del total, todos datos que pintan una mayor estatización y precarización del mercado laboral
Entre 2019 y 2021 el número de empleos formales cayó de 9.751.000 a 9.703.000, una pérdida de 49.000 empleos, que fue mucho mayor en el sector privado donde se perdieron 124.000, mientras el empleo público aumentó en 105.000 posiciones y en casas particulares se perdían 30.000 empleos. También declinó, de 403.000 a 379.000 (- 24.000), el número de trabajadores autónomos, víctimas del trato impositivo desigual de la AFIP, El aumento del empleo se concentró en la categoría del monotributo: los monotributistas a secas pasaron de 1.622.000 a 1.741.000 (+ 119.000), en tanto los “monotributistas sociales” de 359.000 a 401.000 (+ 42.000).
Los trabajadores formales privados pasaron así de 49,8% a 48,4% del total, los empleados públicos aumentaron de 26,4 a 27,1% y los monotributistas (a secas y sociales), de 16,3 a 17,5% del total, todos datos que pintan una estatización y lo que los propios voceros del gobierno calificarían, en el llano, de “precarización” del mercado laboral.
Según los datos del primer trimestre de cada año, la tasa de desempleo pasó de 7,1% en 2015 a 10,1% en 2019 y 10,2% en 2021. Pero hay allí algo de efecto óptico: el desempleo no aumentó más porque la tasa de actividad (la población que trabaja y/o busca trabajo), que había aumentado de 44,6 a 47% entre 2015 y 2019, cayó a 46,3% en 2021. En base a datos del Indec y la EPH, el Ieral calculó que la tasa de cuentapropismo aumentó de 21,3 a 24,4% del empleo y la de “asalarización” cayó de 73 a 71,8%, de los cuales un tercio son asalariados no registrados (en negro). En definitiva, más pérdida de calidad laboral.
En ese contexto, la evolución del salario privado formal, único del que se cuentan datos fiables y que en términos reales había caído 14% entre 2015 y 2019, aumentó un 2% entre septiembre de 2019 y septiembre pasado. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que se trata del segmento que más se achicó del mercado laboral.
De resultas de todo esto la tasa de pobreza (primer semestre de cada año) pasó de 28,4% en 2015 a 35,4% en 2019 y a 40,6% a mediados de 2021, mientras que la de indigencia aumentó de 5,7 en 2019, a 7,7% en 2021 y 10,7% en 2021, aunque un informe más reciente, no oficial, del Observatorio de Deuda Social de la UCA calculó que este año llegó al 44% de la población.
La caída de la calidad del empleo y los ingresos reales se refleja, por ejemplo, en el aumento de la tasa de pobreza (de 27,2 a 28,2%) entre las personas ocupadas. Otro dato del informe del Observatorio que encabeza Agustín Salvia y en el que también participó el economista Martín Rapetti, es que 47% de los trabajadores no tiene vínculos con el sistema de seguridad social y solo 29% de la población pudo mantener en los últimos 3 años un status de “empleo pleno”, ratio aún más bajo en los sectores pobres. “El Covid agravó una tendencia de un sector informal cada vez más pobre y precarizado”, señaló Salvia a Infobae.
Esto se refleja también en que el 44,7% de la población vive con un programa social. “El efecto de sacar estos programas sería devastador sin mayor empleo”, aclaró Salvia. Más sorprendente aún es que la cobertura de la asistencia estatal es del 33,8%, contra 33,4% del último año del gobierno de Macri, lo que indica que el relato oficial de una mayor protección social tampoco se verifica en las cifras. Sí hubo, aclaró Salvia, un pico de mayor protección durante la pandemia con el IFE (se pagaron tres cuotas en 2020) y una extensión de la cobertura de la AUH y otros programas.
La niñez
En ese marco, no es de extrañar que, para mediados de 2021, un estudio de Unicef, el organismo de Naciones Unidas dedicado a la infancia y la adolescencia, haya detectado que 3,8 millones niñas y niños del país vean vulnerados sus “derechos fundamentales” (las dimensiones que usa Unicef para su “indicador multidimensional” son educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura, y hábitat seguro) y que la pobreza en ese segmento de la sociedad sea del 54,6%, bien por sobre la general.
Para lograr niveles de un dígito de pobreza infantil, calculó el informe, la economía necesitaría crecer a una tasa superior al 3% anual en términos reales durante 15 años. Lo que remite al futuro y, por de pronto, lo que ocurrirá en los próximos dos años.
Al respecto, Infobae consultó a cuatro economistas sobre lo peor y lo mejor de los dos primeros años de política económica de Alberto Fernández y lo más importante o determinante de cara a la segunda mitad de su mandato. He aquí las respuestas:
- Gabriel Rubinstein, fundador y director de Gabriel Rubinstein & Asociados: Me cuesta encontrar algo bueno. La restructuración de la deuda fue tortuosa y si bien significó un ahorro no logró recomponer acceso al crédito externo. Siento que se pierde el tiempo. En pandemia, el ATP y el IFE estuvieron bien, hasta por ahí. El manejo de la pandemia no fue bueno ni en lo económico ni en lo sanitario. Y está lleno de leyes controvertidas como la doble indemnización o la prohibición de despidos, que pudo tener algún efímero efecto positivo, pero ya debieron haberse derogado, porque si no está todo inmóvil. Y encima cuando más o menos mejoraban algunas cosas torpedean y le dan al déficit y a la emisión monetaria con muy malos diagnósticos. No veo mucho para rescatar.
En cuanto al futuro, lo más importante es que acuerdo con el FMI, que seguro lo van a hacer, lo cumplan.
- Marina Dal Poggetto, Directora de Eco Go, coautora, con el politólogo Daniel Kerner, de la consultora global Eurasia Group, del libro “Tiempo perdido”: Por la dinámica propia de las variables, lo mejor y lo peor se mezclan. El gobierno dilapidó las posibilidades de entrada de plebiscitar su gestión. Arrancó con la ley de reactivación productiva e insinuó que iba a una consolidación fiscal, detrás de lo que debía venir la restructuración de la deuda. A fines de 2019, la Argentina tenía un problema de liquidez, no de solvencia. La restructuración debía hacerse en el marco de un programa con el FMI. Postergando todo, el Gobierno convirtió un problema de liquidez en uno de solvencia. Así, la negociación de la deuda en dólares con los bonistas, que para el Gobierno fue un éxito, terminó siendo un fracaso. Además, según Economía la renegociación de la deuda en pesos fue un éxito, porque reconstruyeron la curva de pesos, pero el manejo de política económica llevó al cepo y una brecha cambiaria del 120 % por excedente de pesos y faltante de dólares. Tuvimos un rebote significativo, que ya superó los niveles de prepandemia, pero no es sostenible e implicó una enorme transferencia de ingresos. Reventaste los ingresos de los jubilados y tenés una inflación muy alta, brecha cambiaria y una violenta distorsión de precios relativos: muchos bienes subieron al doble de la inflación, con tarifas congeladas.
En cuanto al futuro, se necesita urgente un plan de estabilización, para descomprimir lo que viene. Después de dos años procrastinando, ahora vienen los vencimientos con el FMI. El acuerdo con el Fondo es necesario. Uno que le permita a la Argentina postergar decisiones descomprime pero no es la panacea. Argentina tiene un problema de competitividad sistémica, que se agravó. Se necesita estabilización, pero también reformas estructurales. Y cuanto más se demore, peor: este esquema de precios es hiper-recesivo. El principal subsidio hoy es la venta de $ 100 a la importación, cuando en el paralelo se vende al doble. Si no sincerás, habrá un cepo cada vez más grande y se agravarán los problemas fiscales. En un marco de alta presión fiscal, alta evasión y mercado laboral con altísima informalidad. El sistema previsional no se puede corregir si no se arregla el plano laboral. Estabilizar no te lleva lejos sin reforma estructural.
- Ricardo Delgado, Director de la consultora Analytica: Lo mejor –que, como todo, es relativo a con qué se compara- es que no se sufrió tanto en términos de la caída del empleo, que fue bastante inferior a la caída del salario. Y además se recuperó en casi todos los sectores a niveles parecidos a los de prepandemia. En los mercados laborales se ajustó por precio, no por cantidad.
Lo peor es más grave que lo mejor: hubo y hay un mal diagnóstico inflacionario. Es un error de apreciación, no se lo toma como un fenómeno macroeconómico que debe ser coordinado desde el ministerio de Economía y el Banco Central, sino como un tema de abusos de posición dominante de los que se encarga la secretaría de Comercio, que no depende del ministro de Economía (Martín Guzmán), sino del de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas), un reflejo del error de diagnóstico. Además, hay cierta conformidad con 3 o 4% mensual de inflación, lo que es muy riesgoso hacia adelante.
El futuro va a a estar tamizado por el acuerdo con el FMI, que será una hoja de ruta, un mapa que marcará los bordes de la economía al menos en los próximos dos años. Con metas trimestrales, al menos dará cierta certidumbre sobre el camino a seguir. Si se comunica bien, servirá para moderar las expectativas privadas de devaluación y aceleración inflacionaria que sufrimos en los últimos dos años. No resolvería los problemas, pero daría las coordenadas básicas dentro de las cuales moverse. Nada va a sobrar. Vamos a vivir en un contexto de muchas escaseces y restricciones.
-María Castiglioni, Directora de C & T Asesores económicos: Hay poco para rescatar de positivo, lamentablemente. No hubo más que una política de parches y en 2020, cuando se restructuró con los bonistas, se perdió la oportunidad de avanzar más rápido con el FMI y en lineamientos de futuro. En un contexto de precios internacionales favorable a la Argentina, el cepo se ajustó cada vez más, y eso complica mucho el funcionamiento de la economía.
A pesar de los controles, la inflación es cada vez más alta: está ligada al déficit fiscal financiado con emisión, por no haber acordado con el FMI, generar un cambio de expectativas y acceder a crédito más barato para financiar el déficit. Más allá de los enormes desafíos, en 2019 había una oportunidad. El gobierno anterior había alcanzado equilibrio fiscal y los precios estaban alineados: si acordaban más rápido con los bonistas y el FMI se podría haber transitado mejor la pandemia. Además, fue un error extender tanto la cuarentena: más allá del IFE y el ATP, se perdieron empresas y empleos de manera definitiva. Por eso siguen hablando de subir los impuestos.
El desafío es generar un sendero que mejore las expectativas. Es muy difícil que la economía crezca con este modelo. Con el cepo es cada vez más difícil financiar inversiones y crecer. Y lo que se necesita es más inversión, productividad y capacidad instalada.
SEGUIR LEYENDO: