PBI, dólar, inflación y déficit: el Gobierno y el FMI buscarán desde hoy achicar diferencias sobre variables clave para cerrar un acuerdo

En poco más de dos semanas pagará USD 1.900 millones. Una misión de funcionarios comenzarán las reuniones con el staff para acercarse a un entendimiento técnico. Por qué para algunos expertos sería difícil un nuevo programa antes de fin de año

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Argentina aceleró las negociaciones con
Argentina aceleró las negociaciones con el Fondo, pero Georgieva advirtió que aún "falta mucho por hacer"

Cinco funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central comenzarán este lunes una serie de reuniones con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional en el que se jugará gran parte del programa financiero al que aspira el Gobierno para reestructurar el pago de los USD 43.200 millones que restan devolver al organismo del préstamo Stand By de 2018.

Para eso, se involucrarán en discusiones sobre algunas variables económicas decisivas para los próximos años, como el crecimiento del PBI, el nivel del déficit fiscal y su financiación, la inflación, la brecha cambiaria y las reservas internacionales, entre otras.

El desembarco de la delegación argentina en Washington tiene lugar luego de una aceleración del Poder Ejecutivo en las negociaciones con el Fondo , que se registró una vez terminado el proceso electoral el 14 de noviembre, tras la derrota del Frente de Todos en los comicios legislativos.

Desde ese momento, el Gobierno retomó las conversaciones -de manera virtual- con el equipo técnico del FMI para acercar posturas más rápido, con vistas a un horizonte financiero en los próximos meses que prometen más presiones sobre el colchón de divisas con el que cuenta la autoridad monetaria.

El Gobierno y el FMI se involucrarán en discusiones sobre algunas variables económicas decisivas para los próximos años, como el nivel de déficit fiscal y cómo financiarlo, la inflación, el crecimiento del PBI, la brecha cambiaria y las reservas

Por parte del Gobierno participarán el director para el Cono Sur ante el directorio del Fondo, Sergio Chodos, quien además actúa como mano derecha del ministro de Economía Martín Guzmán desde que comenzó el proceso de reestructuración de la deuda el año pasado, el viceministro Fernando Morra, el subsecretario de Finanzas Ramiro Tosi y por parte del Banco Central el vicepresidente Jorge Carreras y el subgerente General de Investigaciones Económicas Germán Feldman.

En tanto, el staff del Fondo Monetario estará liderado por la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental Julie Kozack y el jefe de la misión del FMI para la argentina Luis Cubeddu. Guzmán supervisará las reuniones desde Buenos Aires y tomará un rol mayor una vez que el acuerdo esté más encaminado.

Respecto al déficit primario, Guzmán busca que el 2022 pueda terminar con un 3,3% del PBI para 2022. Por su lado, de acuerdo a estimaciones privadas, el Fondo Monetario busca una cifra más cercana al 2,5% del PBI. De esa forma, la diferencia entre una posición y otra sería de unos $350.000 millones.

La cuestión cambiaria también aparece en la negociación. El FMI exige que el Gobierno encare un sendero de acumulación de reservas más contundente y reducir la brecha cambiaria. En los últimos días, en ese sentido, comenzó un juego de señales por parte del Poder Ejecutivo, como una depreciación del dólar mayorista más rápida, el límite al financiamiento en cuotas de los gastos en dólares en el exterior o el corrimiento del BCRA del mercado de dólar paralelo financiero.

Más allá de optimismos oficiales, como los que un alto funcionario económico manifestaba horas antes del inicio de la misión, Georgieva fue mucho más cauta sobre las perspectivas de un acuerdo inminente: “Falta mucho por hacer”, manifestó.

Guzmán busca que el 2022 pueda terminar con un 3,3% del PBI para 2022. Por su lado, de acuerdo a estimaciones privadas, el Fondo Monetario busca una cifra más cercana al 2,5% del PBI. De esa forma, la diferencia entre una posición y otra sería de unos $350.000 millones.

Según creen en Gobierno, la delegación que llegará a los Estados Unidos el fin de semana no tendrá la potestad de cerrar la negociación de manera definitiva, sino que esa última instancia tendrá lugar más adelante. Los funcionarios argentinos explicarán cuestiones de coyuntura económica y de perspectivas de la economía argentina y para definir determinadas líneas de trabajo para la recta final de la negociación.

Los funcionarios argentinos explicarán cuestiones de coyuntura económica y de perspectivas de la economía argentina y para definir determinadas líneas de trabajo para la recta final de la negociación. La aspiración de máxima del equipo económico es poder tener concretado un entendimiento con el staff y haber completado su tratamiento legislativo antes de fin de año.

La Casa Rosada espera llevar adelante una secuencia en la que, tras el entendimiento técnico, pueda llevar ese consenso al Congreso para su discusión con la oposición, luego llevarlo al directorio del Fondo Monetario para su debate y aprobación y, como último paso, que el ministro de Economía Martín Guzmán, el presidente del Banco Central Miguel Pesce y Kristalina Georgieva le pongan la firma a un programa financiero a 10 años, con unos cuatro años y medio de plazo de gracia y que despeje el calendario exigente de vencimientos de deuda que afronta el país en 2022 y 2023.

Sergio Chodos liderará la misión
Sergio Chodos liderará la misión argentina en Washington

La duración de esa secuencia, por todos los pasos que requiere para su concreción, es una de las cuestiones que despiertan mayores dudas entre expertos y economistas del sector privado, que consideran que sería difícil -por el tenor de las discusiones que estén en la mesa de negociación y la necesidad de un aval geopolítico robusto en el directorio del FMI- que un acuerdo, aunque sea en un primer entendimiento técnico- pueda cristalizarse antes de que termine el 2021.

Las consecuencias de una demora mayor en la firma de un Extended Fund Facility (EFF) que reestructure la hoja de ruta de la deuda con el organismo serán una exigencia aún mayor a las escasas reservas del Banco Central. El 22 de diciembre se descuenta que el Gobierno argentino pagará la próxima cuota de capital por USD 1.900 millones que está prevista hacia el Fondo Monetario. La gran pregunta es si habrá ya rubricado un programa nuevo hacia marzo, cuando comenzarán a caer vencimientos mucho más pesados.

Un informe reciente de la consultora ACM analizó punto por punto los pasos a seguir en una negociación estándar como la que encaró la Argentina y si bien consideran que un consenso “tiene buenas probabilidades de alcanzarse”, también aseguraron que “vemos poco factible que el mismo pueda ser alcanzado antes de fines de febrero próximo”.

El 22 de diciembre se descuenta que el Gobierno argentino pagará la próxima cuota de capital por USD 1.900 millones que está prevista hacia el Fondo Monetario

La consultora lo atribuyó a una serie de cuestiones burocráticas que tornan lento el avance de una reestructuración con un peso como el que tiene la que discuten el Gobierno y el organismo. Para ACM, los dos primeros pasos, es decir el entendimiento técnico y la aprobación parlamentaria podrían alcanzarse antes de fin de año en el mejor de los casos. El resto -un primer análisis de los directores del Fondo y el visto bueno final- no lo ven factible antes de fines de febrero.

En primer lugar, porque comienza a principios de 2021 un receso de invierno en el Hemisferio Norte y, un detalle no menor, porque en enero asumirá en su cargo el nuevo Director del Departamente del Hemisferio Occidental, el brasileño Ilan Goldfajn, un economista de orientación ortodoxa, que ocupará el lugar que supo cubrir Alejandro Werner y que supervisará las negociaciones.

Los empresarios, que esperan lo antes posible un acuerdo que sirva como señal para anclar expectativas, empieza a masticar la sensación de que podría tratarse de un acuerdo “puente” que sirva para despejar vencimientos de deuda y descomprimir así la presión sobre las reservas y el tipo de cambio, pero ven lejos un programa financiero que tenga un nivel de condicionalidad que implique ciertas reformas estructurales que buena parte del sector privado espera, como cambios en materia de regulaciones laborales y, sobre todo, impositivas.

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