
¿Será mejor o peor el año próximo que 2021 para la Argentina si logra firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?
La respuesta cuantitativa es sencilla: será un año con menor crecimiento económico y mayor inflación, con caída del salario real.
Todos los cañones del Gobierno están colocados para firmar un acuerdo, tal como lo demuestran algunas acciones de marketing político (el encuentro del ministro Martín Guzmán con la CGT y la estrategia de afirmar que el organismo hará un “mea culpa” antes de firmar otro acuerdo) y otras concretas, como dejar de intervenir en el tipo de cambio paralelo y cortar el subsidio al “dólar turista”.
En este sentido, la consultora Analytica afirmó que “la suspensión del pago con tarjetas de crédito en cuotas fijas de los viajes y gastos de turismo al exterior es apenas una medida más de las que el Banco Central viene implementando en el marco de su política general de cuidado de las reservas”.
“Si bien afecta a una clase media que le es esquiva electoralmente, apunta a ofrecer prendas de negociación ante el inminente acuerdo con el FMI. Como cualquier acreedor, el Fondo requiere que las divisas sean de algún modo protegidas por el deudor, y eso es lo que viene sucediendo, en especial tras la derrota electoral del oficialismo”, señaló el informe de la consultora de Ricardo Delgado.
Previamente, el BCRA había ajustado los pagos por importaciones y “dejó de intervenir con bonos propios en el mercado del dólar Contado con Liquidación –CCL– liberando su cotización”, tras haber utilizado USD 2.360 millones desde octubre de 2020 con este fin, agregó Analytica.

¿Significa entonces que habrá un acuerdo?; no necesariamente, pero son condiciones básicas para la negociación técnica que empezará este fin de semana en Washington liderada por el delegado argentino ante el organismo, Sergio Chodos.
A partir de ahora se terminarán las especulaciones y las fantasías acerca de la posibilidad de que el organismo sea condescendiente por haberle otorgado un crédito excepcional en 2018 o por la relación de amistad entre su directora gerente, Kristalina Georgieva, y el premio Nobel y padrino intelectual de Guzmán, Joseph Stiglitz.
Por supuesto que es legítimo plantear otro interrogante: ¿cuál sería el panorama si el país no firmara este acuerdo de reprogramación de su pesada deuda de USD 44.000 millones?
Y la respuesta posiblemente sería igual de corta: peor que un escenario con acuerdo, en principio porque se le cerrarían todas las fuentes de financiamiento que tiene disponibles, como las del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Solo por estas fuentes, el Ministerio de Economía calculó que en 2022 ingresarán 12.000 millones de dólares netos; sin ese dinero, sería imposible de calcular el efecto de una emisión monetaria similar para cubrir el déficit fiscal del año próximo, advierten los analistas.
El Gobierno puede sacar pecho con legitimidad para subrayar la fuerte recuperación económica de este año, superior al cálculo de los analistas privados, ya que estará cerca de empardar la fuerte caída del 10% registrada en 2020 por la pandemia y la cuarentena. Pero para 2022, el pronóstico de los analistas ronda el 2,2% según el último informe de Latin Focus y el Gobierno estimó un 4%, mientras que el FMI apostó al 2,5 por ciento.

Como en otras ocasiones, ya comenzaron los debates sobre la denominación de este proceso: si es un “rebote” o “crecimiento genuino”, pero más allá de las diferentes opiniones, el dato será sensiblemente menor al de este año, combinado con una inflación que posiblemente supere al 51% de fin de este año y se podría ubicar en torno del 60-70 por ciento.
Al respecto, un informe del estudio LCG puso el dedo en la llaga, al indicar la inutilidad del congelamiento de precios como principal arma para combatir la inflación, tal como lo demuestran los resultados preliminares de noviembre.
“Nuevamente el mes de noviembre registró una inflación por encima del 3%. Dos meses de discusión sobre los precios para tan malos resultados no parece haber sido un gran acierto”.
“A pesar del congelamiento de alimentos, de un tipo de cambio que se sigue retrasando, tarifas y combustibles congelados y una actividad poco dinámica, la inflación no cede a un ritmo inferior al 40% anual”, señaló el estudio que dirige Guido Lorenzo.
“Lo mejor a lo que puede aspirar el Gobierno, luego de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es a encontrar una nominalidad más alta, en torno al 4% o 5% mensual, una vez que las anclas mencionadas se dejen de utilizar como política antiinflacionaria”, advirtió.

Como resultado, la inflación se situaría “en un rango de entre 60% y 80% para 2022″, frente al 33% proyectado por el Gobierno en el presupuesto.
“Ese nivel de inflación, en un escalón más alto del actual, reabre el conflicto distributivo y pone un cepo al crecimiento”.
Por esta razón, “es de esperar que el próximo año nuevamente los salarios pierdan contra el aumento de los precios y el Estado termine haciendo el ajuste del gasto licuando los ingresos de la seguridad social”.
Este ajuste, que el Gobierno ya comenzó, “redunda en una política fiscal altamente regresiva que se podría haber suavizado e, incluso, evitado si se hubiera comunicado la situación debidamente a la sociedad y se hubiera ejecutado un programa donde todos los actores avanzaran en la misma dirección”, indicó LCG.
“El ministro Martín Guzmán insiste en la necesidad de coordinar expectativas, pero es el primero en desalinear las mismas, planteando metas de inflación incumplibles y, rompiendo así, los contratos”.
Por este motivo, “con este nivel de inflación pensar que la economía puede crecer por encima del arrastre estadístico es muy ambicioso. En especial, con tasas de interés reales negativas y una inflación cuyo nivel ya se encuentra alto y posiblemente se intensifique, lo cual posiblemente redunde en un menor ahorro interno y, por tanto, menores posibilidades de reemplazar la capacidad instalada”.
En la misma sintonía, un informe del estudio ECO GO indica que “sin dólares a la vista, el rápido rebote de 2021 no se va a verificar en 2022. La necesidad de salir de las dos anclas rígidas que operaron este año (el dólar, las tarifas y los combustibles) asegura un nivel de inflación más alta el año próximo”, un diagnóstico que parece de inexorable cumplimiento.
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