La evaluación del “caso argentino”: por qué el FMI puede reconocer algunos errores, pero nunca aceptar una mala praxis

Si alguien espera que la evaluación “ExPost” del FMI sobre el crédito concedido a la Argentina en 2018 sea un ejercicio de auto-flagelación, seguramente se decepcionará.

Tal vez no sea el caso del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán, a quienes el representante argentino en el board del organismo, Sergio Chodos, ya les alcanzó el documento, con sus comentarios, pero sí podría ser el de Cristina Kirchner, quien llegó a decir que con el préstamo a la Argentina el FMI había violado sus propios estatutos, afirmación ya dos veces rechazada por el director de comunicaciones del Fondo, Gerry Rice.

El presidente no debería olvidar, además, que en marzo pasado él mismo adelantó a la Asamblea Legislativa la denuncia penal que poco después presentó la Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Crouss, un miembro de Justicia Legítima, en representación del Ejecutivo, ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

La causa, titulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, además de al expresidente, incluyó a Nicolás Dujovne, como ministro de Hacienda; Luis Caputo, como ministro de Finanzas y luego presidente del BCRA y a los también extitulares del Central Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris. Los cargos abarcan incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, defraudación en la administración y hasta violación de la ley del traductor público, por no haber hecho traducir oficialmente al español algunos documentos relativos al acuerdo.

Esa denuncia no cayó bien en el FMI, descripto como partícipe de un fraude. De hecho, funcionarios del Fondo sospechaban hasta hace poco que la “evaluación ex post” del programa se demoraba por presiones del propio gobierno argentino, pues probablemente el documento rechace cualquier insinuación en ese sentido. De todos modos, es una cuestión abierta: al ser un documento de tipo técnico, probablemente se abstenga de ese tipo de consideraciones. Más aún, de señalamientos acerca de que se trató de un crédito para “financiar la campaña de Macri”, como dijo públicamente Guzmán. Y como señalaron también otros voceros del Gobierno, incluido el presidente, apuntando al rol de Mauricio Claver, entonces representante de EEUU en el FMI y hoy titular del BID.

La evaluación –formalmente conocida como “ExPost Evaluation of Exceptional Access” (en la jerga fondista, EPE)–, debió haberse conocido hace un año. Su “excepcionalidad” es relativa: también hubo EPEs de los créditos a Ucrania, Rumania, Portugal, Grecia e Islandia, entre otros. En el caso islandés, además, una de las funcionarias involucradas fue Julie Kozack, subdirectora del Departamento Hemisferio Occidental y actual negociadora con la Argentina. Así que nada de autoflagelación y mea culpa. Críticas de ese tenor, en todo caso, sí pueden esperarse de la “Oficina de Evaluación Independiente”, cuya primera tarea fue, precisamente, evaluar la tarea del Fondo en la Argentina entre 1991y 2001, es decir, básicamente, los años de la convertibilidad.

Lo que sí puede haber es reconocimiento de errores de diseño y pifiadas –por demás evidentes– sobre los efectos que tendría el programa, que no logró el reacceso del país al crédito privado internacional, como se esperaba. Así como tampoco la restructuración de deuda que en agosto de 2020 cerró Guzmán con acreedores privados logró reducir el riesgo-país y salir de la endeblez financiera, como testimonian los casi 1.800 puntos del EMBI argentino y las flacas reservas del Banco Central.

Probablemente, el Fondo si explicite que fue un error del BCRA abrir el mercado de Lebacs, un instrumento de regulación monetaria, a particulares y fondos de inversión. El propio Alfonso Prat-Gay, el primer ministro de Economía de Macri, subrayó recientemente ese error, que es también una de las quejas frecuentes de Guzmán.

Un punto crítico puede ser si el FMI sugirió restructurar la deuda con los acreedores privados o introducir alguna forma liviana de control de capitales, antes de la PASO de agosto de 2019 que precipitó el desbarajuste final del programa. El entonces ministro Dujovne era contrario a cualquier sugerencia en ese sentido.

Por qué y para qué

En un documento de 2010, el Fondo explicó que uno de los objetivos de los EPEs es evaluar si la justificación inicial del crédito fue consistente con las medidas aplicadas, si la estrategia macroeconómica fue correcta y si el programa cumplió sus objetivos. De hecho, como señaló varias veces Héctor Torres, exrepresentante argentino en el FMI, el programa fue un fracaso no porque el gobierno incumpliera sus metas, sino porque no se logró ninguno de sus objetivos.

Dos evaluaciones de talante opuesto tal vez sirvan de guía a la “EPE” del caso argentino. De un lado, las preguntas que planteó la evaluación del caso griego, y del otro ciertas afirmaciones sobre el programa con Portugal, cuyo caso el entonces candidato Alberto Fernández consideró un modelo exitoso.

¿Debió el ajuste haber sido más gradual? ¿Debió el programa haber sido más flexible? ¿Era anticipable una recesión tan grande? ¿Fueron las reformas estructurales suficientes para restaurar la competitividad y el crecimiento? Tales algunas de las preguntas en torno del doloroso caso griego.

El de Portugal es también interesante, porque recibió un auxilio de USD 33.000 millones (dos tercios del FMI y un tercio de otros países de la Unión Europea), que en relación a su PBI (al igual que el auxilio a Grecia de la “troika” FMI, Banco Central Europeo y Alemania), fue superior al que recibió (aunque solo del Fondo) la Argentina.

Al igual que nuestro país en 2018, Portugal sufrió en 2011 un corte abrupto del financiamiento, en simultáneo a crisis en Irlanda, Grecia y España (era moda hablar de los PIGS, por las iniciales en inglés de esos 4 países), al que respondió con un severo ajuste y una fortísima recesión.

Sin embargo, decía la EPE de 2016, si bien el programa logró estabilidad, Portugal aún tenía una deuda pública y privada relativamente alta, “debilidades” bancarias, desempleo de dos dígitos y una “brecha” de competitividad.

Los ajustes en el contexto de una unión monetaria, decía entonces el Fondo (por la pertenencia de Portugal al área del euro) son muy difíciles y llevan tiempo, algo que también podría aplicar a una economía altamente dolarizada como la Argentina.

Otras lecciones, concluía la evaluación expost del caso portugués, era que las metas y las proyecciones de un programa deben ser realistas (por caso, sobre el crecimiento del PBI), que es mejor recargar el esfuerzo al inicio, para evitar la fatiga si el proceso se alarga, y que es clave que el gobierno sea realmente “dueño” del programa, de modo que lo aplique con convicción.

He ahí una clave de la negociación actual y va más allá de la aprobación legislativa. Seguramente en el FMI también leen las cartas de Cristina Kirchner.

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