Los últimos meses de 2001 se caracterizaron por la creciente fragilidad del Gobierno de Fernando de la Rúa, la cual se manifestaba más en la incapacidad de revertir más de dos años de recesión y recuperar el crédito internacional que en la confianza en el sistema financiero. El primer año de la Alianza había cerrado con una leve caída del PBI del 0,8%, y se estimaba que el 2001 cerraría con baja del 4,4%, como promedio, pero en el margen se había ingresado en una depresión con disminuciones del 7,3% en octubre, 8,6% en noviembre y 15,5% en diciembre, en todos los casos en comparación con los ya pobres registros del año previo.
Fue así que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, confiado en su capacidad para sacar al país de crisis profunda como fueron las hiperinflaciones de 1989 y 1990, ideó una medida que, según dijo en ese momento y sostuvo luego, estaba destinada a preservar los depósitos en el sistema bancario y contener el drenaje de reservas en el Banco Central. No fue así: terminó en una debacle financiera y cambiaria.
El decreto 1570 se leyó en los mercados y en los medios como un atropello sobre las libertades individuales a disponer de sus ahorros
El decreto 1570 del sábado 1 de diciembre 2001, con vigencia desde el lunes 3 de diciembre, dispuso que “mientras duren las operaciones financieras” de renegociación de la deuda que había generado un inquietante cuadro de volatilidad en las cotizaciones de los bonos y alza de las tasas de interés –“ante el temor de que se pueda generar inestabilidad en el nivel de los depósitos en el sistema financiero que ponga en riesgo su intangibilidad”, regulada por la Ley 25.466 del 29 de agosto de 2001 destinada a dar garantías adicionales a los depositantes sobre sus ahorros en el sistema bancario– limitar la autorización de “retiros en efectivo de las cuentas bancarias hasta $250 por semana (USD 250), por parte del titular, o del conjunto de los registrados en forma conjunta e indistinta, por el total de las cuentas en cada entidad financiera”, independientemente del total del monto depositado.
La medida fue acompañada por otras disposiciones vinculadas con las transferencias bancarias de fondos al exterior, con la excepción de las vinculadas con operaciones de intercambio comercial, al pago de gastos o retiros que se realizaran fueran del país con uso de tarjetas de crédito o débito, o la cancelación de transacciones financieras con el resto del mundo.
Cabe recordar que ya regía una restricción al retiro de efectivo superiores a $1.000, equivalente a USD 1.000 de entonces (unos $106.000 al cambio oficial actual) cuyo objetivo fue, se aseguró entonces, desalentar la economía informal, y fomentar la bancarización de la economía en su conjunto y fortalecer el cobro de impuestos, puesto que, por el contrario, no se establecieron restricciones a las operaciones financieras entre privados dentro del sistema bancario. Sólo se limitó el uso de efectivo.
Sólo se limitó el uso de efectivo, de modo de desalentar la economía informal y la fuga de capitales guardados en las entidades
El impacto en números
Más allá del claro y obvio malestar entre los depositantes, los depósitos en moneda extranjera del conjunto del sector privado virtualmente se mantuvieron en diciembre en un promedio de USD 44.246 millones, apenas USD 300 millones que en noviembre, aunque venían de una sangría de más de USD 4.500 millones desde el primer canje de deuda, cinco meses antes.
Mientras que los depósitos en pesos, aun convertibles $1 a USD 1, por el contrario, se contrajeron en el primer mes desde la imposición del corralito en un promedio de poco más de 1.000 millones de pesos/dólares, aunque con la pesificación forzosa de las imposiciones en dólares al cambio de $1,40 “volaron” un mes después a $55.795 millones.
Peor fue el curso de las reservas del Banco Central. desde un punto máximo de USD 35.641 millones en enero de 2001 se derrumbaron a USD 15.318 millones en el promedio de diciembre
Peor fue el curso de las reservas internacionales en poder del Banco Central. Desde un punto máximo de USD 35.641 millones en enero de 2001 se habían derrumbado a USD 18.777 millones en agosto; se recuperan transitoriamente a USD 23.481 millones en octubre, y volvieron a caer en la previa al corralito financiero doméstico a USD 19.328 millones, y se acentúa violentamente la disminución con la restricción a las libertades individuales para disponer del efectivo de los fondos propios, en pesos y dólares, a USD 15.015 millones.
Con ese cuadro, la suerte del gobierno de De la Rúa y de su ministro Cavallo, ya estaba echada, y precipitó un capítulo peor apenas un mes después, con la crisis política, fin de la Convertibilidad fija, corralón financiero, default, desdolarización, pesificación asimétrica de depósitos y préstamos en dólares, y consolidación de la depresión que ya se gestaba desde varios meses antes.
Cavallo insiste hoy con que el corralito fue pensado como un recurso de última instancia para “proteger” los depósitos en el sistema bancario, porque sólo restringió el uso del dinero en efectivo, mientras mantuvo todas las transacciones de transferencias entre privados, tanto para la compra y venta de un auto o departamento, como para gastos de viajes internos y de turismo internacional, y pagos con débito y créditos con tarjeta bancaria. Pero, entre otras cosas, no fue contundentemente explicado por un gobierno que carecía de capacidad de generar confianza. El desenlace es el conocido.
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