Con reservas en nivel crítico, el Gobierno ya no puede sostener la política de dólar subsidiado

La receta del “populismo sin plata” que intenta llevar adelante Alberto Fernández chocó con los límites que impone la realidad. El gasto electoral, el incremento del empleo público, las tarifas congeladas y los millones de planes sociales se pueden mantener a costa de una gigantesca emisión de pesos por parte del Banco Central y un nivel cada vez más alto de inflación. Pero cuando se trata de mantener el precio del dólar subsidiado, las cosas se vuelven mucho más complicadas.

La escasez de dólares es de lejos el principal escollo que tiene por delante el Presidente para transitar sus dos próximos años de gestión. De cómo se resuelva depende la posibilidad de sostener el fuerte repunte de la economía de este año.

La actividad se aceleró en los últimos meses y se estima una suba de 10% del PBI para este año, lo que ya dejaría atrás el bajón de la pandemia. Pero mantener la mejora en 2022 es una historia bien diferente.

En las dos semanas posteriores a las elecciones legislativas, el Gobierno dio muestras de agotamiento para defender el tipo de cambio y evitar el aumento de la brecha. Primero fue la decisión de dejar de intervenir en el dólar implícito en el mercado de bonos. El “contado con liquidación” venía de $ 170, en la previa electoral pasó a $ 180 y ahora ya está en $ 215. Un salto de 25% en menos de dos meses.

La prohibición de financiar gastos en el exterior en cuotas fue otra de las señales en la misma dirección. La demanda de dólares para turismo crece fuerte en los meses de verano y ahora el titular del BCRA, Miguel Pesce, busca desalentarlo. Pero lo más probable es que el impacto de la medida sea marginal e insuficiente para el objetivo buscado de minimizar la caída de reservas durante el verano. La lógica indica que el tipo de cambio para viajes debería sincerarse y reflejar el verdadero precio de mercado.

Para un Banco Central con pocos dólares, los subsidios que aún se mantienen para controlar el tipo de cambio se vuelven obscenos. Quienes compran pasajes, estadías en hoteles y gastan con tarjeta en el exterior acceden a un tipo de cambio “turista” de $ 175, cuando el dólar libre cotiza arriba de $ 200. Esto significa que aquellos que viajen al exterior tienen un descuento de 13% en dólares por comprarlo desde la Argentina. Un paquete all inclusive de 2.000 dólares en realidad cuesta USD 1.740. Los restantes USD 260 las pone el Estado argentino para los veraneantes. El problema no son las compras en cuotas, sino que se mantenga abierta la posibilidad de acceder a semejante subsidio.

En octubre el balance cambiario arrojó un déficit de USD 538 millones por compra de pasajes y paquetes al exterior, además del pago de servicios internacionales. Se trató del nivel más alto desde el inicio de la pandemia y tiene a profundizarse dramáticamente en los próximos meses. Allí debe buscarse la explicación de la polémica medida adoptada por el Central el viernes.

Otro sinsentido es que se mantenga el esquema de compra de dólar “solidario” por USD 200 mensuales. En octubre, de acuerdo a la información oficial, fueron 685.000 personas las que compraron USD 137 millones, aprovechando un tipo de cambio inferior al de mercado.

Cuentas de almacenero

Una cuenta de almacenero basta para concluir que al Central sólo le alcanzan sus dólares propios como máximo hasta enero. A las reservas brutas se les deben descontar el swap chino, los encajes de los depósitos en dólares y el préstamo del Banco de Basilea. La cifra ya está por debajo de los USD 5.000 millones.

De ese total, habrá que pagarle USD 1.900 millones al FMI en diciembre y otros USD 730 millones de intereses en enero. Pero además también habrá que enfrentar vencimientos de los nuevos bonos en dólares colocados en la renegociación de la deuda del año pasado, por USD 690 millones. La decisión de obligar a los bancos a vender al Central antes del 1 de diciembre sus dólares propios es otro reflejo de las urgencias del momento. Serían unos USD 600 millones, para que el BCRA transite un complejo diciembre.

La caída continua de reservas cada vez más escasas coincide con una enorme emisión monetaria para despedir el año. Según cálculos del economista Fernando Marull, la cifra ascenderá a $ 250.000 millones para enfrentar el rojo fiscal de diciembre. El mes próximo aumenta la demanda de pesos de público y empresas, pero luego habrá que salir a absorber la “resaca” en enero y febrero.

El dólar “oficial” es una historia aparte. El objetivo de evitar una devaluación brusca sigue siendo central para el equipo económico. Lograrlo no será fácil. Por un lado, requiere de mantener un cepo estricto y administrar el flujo de acceso al mercado a los importadores. Pero al mismo tiempo será necesario acelerar la suba del tipo de cambio para pasar del 1% a cerca del 3% por mes, algo que en alguna medida ya está previsto en el proyecto de Presupuesto 2022.

Con este delicado panorama, el objetivo del ministro de Economía, Martín Guzmán, es pasar el verano como sea, ganar tiempo hasta acordar con el FMI. La incógnita ni siquiera pasa tanto por el arreglo, que le conviene a ambas partes, sino por el efecto que podría generar entre los inversores. Hoy el clima hacia la Argentina es profundamente negativo: la mayoría piensa que el Gobierno incumplirá rápido el compromiso que asuma con el organismo. La propia calificadora Moody´s indicó que es “altamente probable” que ello suceda. El razonamiento es que sería un milagro que el Gobierno esté dispuesto a realizar un ajuste de las cuentas públicas en 2023, año de elecciones presidenciales.

Cristina Kirchner rompió el silencio que venía manteniendo desde las legislativas. En su nueva carta se muestra a favor de cumplir con los compromisos, es decir le dio un aval al avance de las negociaciones y un eventual acuerdo con el FMI. No se privó, sin embargo, de condicionar su respaldo a los compromisos que se asuman: “La definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituír el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social”. Se trata de una señal por cierto no muy tranquilizadora para los mercados.

El desafío, por lo tanto, no es sólo patear para adelante los vencimientos de casi USD 40.000 millones con el Fondo, sino diseñar un programa económico creíble, que permita encauzar las expectativas. Aún no está para nada claro si eso es posible. Los antecedentes no le juegan a favor a Guzmán: el canje que permitió renegociar la deuda el año pasado no generó ninguno de los efectos positivos esperados, el riesgo-país supera los 1.800 puntos básicos, se descuenta una nueva reestructuración en dos años y las reservas del Central son cada vez más escasas.

Para el ministro se acerca la hora de la verdad. En los próximos días debe presentar su “plan económico plurianual”, que deberá alinearse a las negociaciones con el Fondo. El sendero fiscal, el futuro del cepo cambiario y las reglas del mercado laboral serán sólo algunas de las variables que debería incluir. El veredicto de los mercados llegará muy rápido, antes de fin de año, y se transformará en una guía de cómo transitará la economía argentina los próximos dos años hasta las elecciones del 2023.

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