Tarifas segmentadas: los primeros aumentos llegarán al inicio de 2022 para los sectores de más altos ingresos

En las últimas semanas, el Gobierno comenzó a acelerar sus planes para implementar las primeras medidas de segmentación de las tarifas de la energía -para los servicios de electricidad y gas- a partir de 2022. Los cambios comenzarían en una primera etapa para los sectores de más altos ingresos, que son los que estiman que pueden pagar el valor real de la tarifa plena.

“Vamos a empezar el año que viene con las primeras medidas los sectores que están más arriba en cuanto a ingresos. El primer dato que vamos a tomar es el ingreso y luego se puede complementar con otros datos como la georreferencia (ubicación) o los que viven en barrios cerrados”, explicó a Infobae el secretario de Energía Darío Martínez.

“La energía hoy está subsidiada para todo el mundo. Hay sectores que tienen que estar cubiertos y otros sectores que pueden hacer frente a a las tarifas. En el medio, hay que hacer un trabajo más fino porque hay muchas particularidades. Es una zona más gris”, agregó el secretario.

Una de las dificultades para implementar tarifas segmentadas es determinar que el titular del servicio que va a recibir el subsidio coincida con la persona que vive en ese domicilio. Esto incluye los casos de inquilinos, personas fallecidas, los que no realizaron cambio de domicilio entre otros. “Tenemos que armar primero el núcleo familiar de cada titular”, detalló Martínez.

Por eso, el Gobierno ya solicitó a las empresas distribuidoras de electricidad del AMBA -Edenor y Edesur- que comiencen con un plan de reempadronamiento de sus usuarios, para identificar que el titular de un sea la misma persona que efectivamente vive en el domicilio que recibe el servicio. Estiman que tendrán que hacer ese trámite un 37% de los titulares del suministro eléctrico en la zona. La misma medida se tomará próximamente también para las empresas distribuidoras del servicio de gas.

Con todo, Martínez señaló que la decisión del Gobierno es que el año próximo los aumentos en las tarifas estén atados a la evolución de los salarios y no de la inflación. “Las tarifas no pueden evolucionar por encima de los salarios”, remarcó.

Según estimaciones de la consultora Ecolatina, en promedio, los usuarios de energía eléctrica hoy pagan aproximadamente el 35% del valor del costo de la energía, mientras que para el caso del gas el porcentaje es del 65% (más alto en el invierno). “El subsidio hoy es para todos igual y las tarifas vienen muy retrasadas con una inflación del 50% hubo subas del 6% para electricidad y 9% para el gas en el año . En valor real, bajó más del 40% lo que pagamos por la energía, pero hay un contexto de 40% de pobres y caída general del poder adquisitivo”, dijo a Infobae Daniel Dreizzen, economista de la consultora y ex secretario de Planeamiento Energético.

“Para los subsidios hay dos caminos. Que la energía sea ‘barata’ y buscar al que puede pagar más. O que la energía tenga su valor real y subsidiar solo al que lo necesita. En muchos casos, los subsidios se pagan después vía impuestos cuando solo el 60% de la población es la que recibe gas natural y el resto tiene que pagar una garrafa”, agregó Dreizzen.

Según los datos de Ecolatina, los subsidios generales para la energía rondarán este año los USD 10.000 millones, un 3% del PBI, un nivel cercano a 2016. Esto incluye varios tipos de ayudas o compensaciones. En el caso de la energía eléctrica -que abarca 70% de total- se cuenta la diferencia entre lo que paga la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a los productores (más caro) y el precio que pagan las distribuidoras de acuerdo a los distintos contratos. Y para el gas, abarca la importación (desde Bolivia o a través de barcos regasificadores) durante los meses de invierno, donde el consumo residencial crece entre 5 y 6 veces.

“La segmentación por ingresos es compleja. Hay otras formas como subsidiar a los sectores más humildes que lo necesitan a través de una tarifa social o aumentos en los planes como AUH. La dificultad es con la clase media. La clase alta podría pagar, la clase baja puede recibir un subsidio, pero con la clase media es más difícil. Usar las tarifas para alivianar el bolsillo termina generando distorsiones en el mercado de la energía”, agregó Dreizzen.

La especialista Cecilia Laclau, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) contó a Infobae que la intención de segmentar la tarifa de servicios públicos demuestra una lógica: es necesario incrementar las tarifas y que este incremento no salga, al menos totalmente, por subsidios.

Sin embargo, advirtió que la segmentación por ingresos es muy compleja. “Toda segmentación tiene sus imperfecciones, pero esta pareciera ser una de las más permeables a esos errores: nuestra economía tiene un gran porcentaje informal y, además, si se tomara por zona, vivir en un área residencial de clase media no implica ser de clase media, el ejemplo de los jubilados es el más claro. Entonces, siempre es mejor entrecruzar datos ya no para ver a quién aumentamos más o a quién aumentamos menos sino para la implementación de una tarifa social amplia. En este momento hay un enorme porcentaje de la población bajo la línea de la pobreza y, también, muchos jubilados que han perdido mucho poder adquisitivo”, destacó.

“En el marco de un país que está pasando por un proceso inflacionario de gran magnitud, creemos que las tarifas deben aumentarse protegiendo a los que menos tienen, sin lugar a dudas. La tarifa social apunta a eso, quizás es momento de perfeccionar sus mecanismos para diferenciar a la gente que lo necesita, incluyendo aquí a quienes no tienen el servicio de gas natural por red o el de agua corriente y a los jubilados que ganan hasta un determinado monto, y avanzar hacia un esquema de incrementos que no sea abrupto pero que sí contribuya a que las empresas (públicas, privadas, mixtas y cooperativas) puedan recomponer sus ingresos y hacer frente tanto al pago de salarios de sus trabajadores (con los aumentos que también ello requiere) como a las inversiones necesarias para brindar un servicio de calidad”, agregó Laclau.

Avanza la licitación para el Gasoducto

El secretario de Energía también adelantó que antes de fin de año se licitará la obra de la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y las obras complementarias. Esta semana se conoció que se incorporaron fondos presupuestarios por USD 400 millones para completar el financiamiento.

Según detalló el funcionario, la conclusión de las obras de esta primera etapa permitirá un incremento en la capacidad de transporte de 24 millones de m3 diarios y generará un ahorro de divisas de USD 1.465 millones anuales y un ahorro fiscal de USD 1.060 millones anual, por sustitución de importaciones de GNL, Gas Oil, así como compensar la caída de la producción de gas de Bolivia.

“La idea es que la licitación, a cargo de Ieasa, salga antes de fin de año. Y que las obras estén finalizadas para el invierno de 2023, cuando ya se pueda comenzar a inyectar gas. Es el desafío que tenemos. El Plan Gas Ar frenó el declino de la producción de gas y el invierno que viene vamos a tener los gasoductos llenos. Las obras también nos habilitan para poder comenzar a exportar en principio a Chile y Uruguay y también a Brasil”, detalló Martínez.

La primera etapa incluye las obras de construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner etapa I entre Tratayen y Saliqueló, construcción del Gasoducto entre Mercedes y Cardales, ampliación Gasoducto NEUBA II (Ordoqui), construcción tramos finales AMBA Sur y Norte, reversión del Gasoducto Norte etapas I y II, y ampliación del Gasoducto Centro Oeste.

La segunda etapa del proyecto contempla aumentar en total la capacidad de transporte en 44 millones de m3 día, lo que permitirá abastecer la demanda interna y potenciar la capacidad exportadora.

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