Qué le exigirá el Fondo Monetario al Gobierno y qué atajos se abren si no llegan a un consenso

Más allá de la discusión simbólica sobre las sobretasas y el plazo del acuerdo, el equipo económico debe preocuparse por las medidas que le exigirá el Fondo Monetario Internacional (FMI), o rogar porque, si no llegan a un consenso, se abra una ventana para refinanciar la deuda al menos por dos años.

Aunque Economía y el staff del Fondo creen que hay voluntad para cerrar un acuerdo antes de fines de marzo próximo, no son pocos los que mantienen su escepticismo debido a la complejidad de la negociación que hay que sellar en tan pocos meses, tanto en términos técnicos como políticos.

En este sentido, la apuesta del ministro Martín Guzmán y del delegado ante el FMI, Sergio Chodos, es que el nuevo auditor regional del organismo que comenzará su gestión en enero, Ilan Godfajn, adopte un enfoque pragmático y no tense demasiado la cuerda entre las partes. Y si bien algunos economistas argentinos han destacado que el ex presidente del Banco Central de Brasil es un “duro” y “ortodoxo”, en Washington destacan que es “pragmático” y que no es un “halcón”, por lo que se adaptará al mandato político que reciba respecto de la Argentina, aunque con mayor conocimiento de la situación local que la vicejefa del área, Julie Kozack.

En particular, Chodos, a quien en el FMI elogian por su habilidad política pero cuestionan por su falta de comprensión analítica de los problemas del país, ha intentado fortalecer en la negociación a Kozack, por encima del jefe del caso argentino, Luis Cubeddu, ya que creen que el técnico venezolano conoce demasiado la realidad local como para aceptar los atajos que le propone Economía.

Fuentes con acceso a la negociación aclararon a Infobae en Washington que el ministro y Chodos han privilegiado en el último año el diálogo con Kozack y han tratado de evitar el contacto con Cubeddu, sin entender que la decisión de firmar o no el programa no será ni de ellos ni de Golfajn, sino de los ministros de los países del Grupo de los Siete.

Al respecto, advirtieron que si el Gobierno sigue poniendo el foco en cuestiones “intrascendentes” relativas al esquema financiero del nuevo programa y no avanza en acordar en las medidas de fondo que le exigirán para llegar a un acuerdo, debería pensar en un “atajo” para que le “reperfilen” la deuda al menos hasta 2024.

Si bien esta no es una opción sencilla, la calificada fuente consultada en la capital de EEUU cree que “es la mejor para las dos partes: al Gobierno le evitaría tener que anunciar e implementar reformas en las que no cree y al FMI le evita ponerse en el medio del tiro al blanco si se firma el programa y tiene que ir cada tres meses a Buenos Aires para que cualquier dirigente del oficialismo los señale como los culpables de la crisis económica”.

Más aún, la fuente consideró que la administración demócrata preferirá una solución intermedia como la mencionada a la espera de un cambio de gobierno en Argentina a fines de 2023, de modo tal de no aparecer como los responsables de una eventual debacle del país -si cae en default- pero sin comprometerse tampoco a otro acuerdo fallido.

Mientras tanto, en Buenos Aires el ex ministro Dante Sica consideró que el FMI le pedirá al Gobierno “consistencia fiscal, trabajar sobre las tarifas y que cuidemos la cuenta de dólares acumulando reservas y para eso no dejar que se siga atrasando el tipo de cambio. Estas cuestiones van a tener impacto sobre el tipo de cambio, la inflación y el crecimiento económico, que será mediocre”.

“El mercado no se pregunta si el Presidente enviará un proyecto al Congreso para acordar con el FMI, sino qué dirá Cristina Kirchner al respecto cuando haya que votarlo. La estrategia enunciada por el presidente de tener un acuerdo rápido con el FMI, que es compleja, muestra señales contradictorias: están dejando de intervenir en el mercado cambiario para no perder tantos dólares, pero al mismo tiempo intervinieron más en otros precios de la economía, como con la ley de envases. Ante este nivel de desconfianza, es imposible que haya inversión con el riesgo país a 1800 puntos básicos”, advirtió el ex ministro de Producción y Trabajo del gobierno de Macri.

En un informe de Abeceb, la consultora que fundó Sica y que se asoció con Qell LATAM Partners –una compañía de inversión y operaciones dedicada a la transformación de la industria automotriz dirigida por el ex GM Carlos Zarlenga–, señala cuáles serán las exigencias concretas del Fondo al Gobierno para postergar por 10 años el pago de los USD 44.000 millones:

- Un ajuste fiscal para hacer sustentable la deuda: No se podrá recurrir a la aceleración de la inflación para licuar los salarios, transferencias y pensiones, como hizo Guzmán en el primer semestre. El paso fundamental es ajustar tarifas. El Congreso, incluyendo el kirchnerismo, debe empezar por aprobar el presupuesto. No hay que olvidar que, si se logra mantener la recuperación, jugará a favor la recaudación tributaria. Además, la sustentabilidad de la deuda se facilita cuando el PBI crece. Y también cuando los intereses a pagar caen. Aquí hay que ver si el FMI acepta una reducción de la tasa. De todos modos, la Argentina ya tiene superávit comercial y de cuenta corriente, aunque la oferta de dividas que esto genera no se nota porque la incertidumbre alimenta la demanda de dólares insaciablemente.

- Recomposición de reservas: es uno de los desafíos de corto plazo más difíciles, ya que implica diseñar un nuevo régimen cambiario mientras se trabajar en corregir la paridad para reducir la brecha. Probablemente el FMI acepte un desdoblamiento cambiario siempre que se ordene el existente. Por ejemplo, apuntando a pasar a un tipo comercial y otro financiero. Pero el timing va a ser crucial. Una corrección exagerada con un pass through alto como el actual juega en contra de la inflación. Para suavizar el salto cambiario hay que conseguir reservas por otros medios. En este sentido, Abeceb consideró que el Gobierno podría recurrir a incentivos fiscales para adelantar liquidaciones –por ejemplo, reduciendo temporalmente las retenciones a la cosecha fina– pero con un costo fiscal. Este eje no es independiente de la corrección que se haga del tipo de cambio: si éste aumenta, el valor de la recaudación por retenciones sube. No hay que descartar apoyos vía prestamos de organismos o de otros gobiernos (¿vía DEG excedentes?).

- Control sobre la expansión del crédito doméstico: tiene como condición necesaria el control del déficit fiscal. El FMI suele ser estricto en lo que hace a la evolución de los agregados monetarios e, incluso, suele equivocarse por exceso más que por defecto. Quizás se exija que el Gobierno utilice más las tasas de interés como forma de favorecer la demanda de activos domésticos; un costo importante es que aumenta el déficit cuasi fiscal del BCRA.

En la misma sintonía, el último informe de ECO GO de Marina Dal Poggetto plantea la misma disyuntiva para el Gobierno: si no firmara un acuerdo, se profundizarían los desequilibrios actuales que se observan en el dólar y los activos financieros, lo que se traducirá en una inestabilidad compleja de manejar en términos políticos; pero si lo firmara debería aceptar determinadas condiciones que al menos en 2022 se reflejarán en mayor inflación y menor crecimiento luego del fuerte rebote de este año. Ninguno de los dos caminos parece sencillo para un gobierno que aspira a que Juntos por el Cambio no gane en 2023.

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