La inflación, el ajuste del dólar oficial y el aumento de impuestos serán las principales variables a la hora de promover una baja del déficit fiscal en 2022 y llegar a un acuerdo con el FMI. Esto implica que serían las jubilaciones y los salarios del sector público los principales perjudicados ante la necesidad de realizar un recorte del rojo del sector público. El ajuste de tarifas, en cambio, será moderado ante la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, algo que este año volvió a quedar a mitad de camino.
El ajuste que deberá encarar el Gobierno el año próximo es relevante, pero de ninguna manera inalcanzable. Según estimó el economista Guido Lorenzo, de la consultora LCG, “el rojo de arranque de 2022 se proyecta en 4% del PBI. Pero sin gasto COVID y por el rezago de la fórmula de movilidad comenzaría con un déficit primario de 3,1% del PBI”. El proyecto de Presupuesto para el año próximo prevé un rojo primario de 3,3% del Producto, pero para el Fondo se trata de un ajuste insuficiente.
Por los propios dichos del ministro de Economía, Martín Guzmán, no cabe esperar ningún ajuste al estilo tradicional para bajar el déficit. Esa tarea en su mayor parte el “trabajo sucio” lo terminará haciendo la inflación, que según las principales consultoras privadas volverá a ubicarse en niveles de 50% anual, aunque algunas piensan incluso que podría estirarse al 60%. El ministro señaló ayer durante su participación en las jornadas monetarias y bancarias organizadas por el BCRA que la intención para el año próximo es “reducir el financiamiento del Tesoro vía emsión monetaria”.
Será inevitable el ajuste de tarifas, que en el caso de la luz ya precisaría de un aumento de 150% para eliminar los subsidios. Sin embargo, semejante aumento es totalmente inviable en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo. La intención de Guzmán es avanzar con un aumento segmentado, pero es algo que ya se intentó en otras oportunidades sin que se haya llegado a implementar.
El FMI pide un mayor recorte del déficit fiscal para el 2022. El Gobierno proyectó 3,3% del PBI para el año próximo, pero para el organismo es un valor exagerado
Entre energía y transporte, los subsidios llegaron este año a 3,2% del PBI. En un escenario razonable, el objetivo sería que no sigan aumentando, pero eso necesariamente requerirá de aumentos mayores a los de este año, que en el caso de luz y gas no llegaron al 10%. No será fácil evitar que los aumentos tarifarios no se acerquen a la inflación durante 2022. Además, los aumentos de los precios internacionales de la energía también ponen más presión a la ecuación.
Por otra parte, la aceleración en ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial también aportará mayores ingresos fiscales. De hecho, los Derechos de Exportación se calculan al dólar oficial, por lo que un aumento más rápido que el actual automáticamente se traduciría en un incremento de los ingresos fiscales. Obviamente si se cumple con la expectativa de cosecha récord también colaboraría para una mejora de los números fiscales. En definitiva, todo el comercio exterior aportaría más ingresos en un escenario de mayor ajuste del tipo de cambio oficial.
El estudio de LCG arroja que la presión fiscal ya está en niveles máximos históricos, en torno a 24,2% del PBI, incluyendo el aporte solidario. Sin embargo, en los últimos días hubo varias manifestaciones de funcionarios dejando entrever la posibilidad de subir algunas alícuotas o crear nuevos impuestos. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, por ejemplo, habló de la posibilidad de aumentar retenciones para desacoplar los precios de los alimentos de los valores internacionales. La medida, sin embargo, apuntaría a mejorar los ingresos de las arcas públicas.
El ministro de Producción, Matías Kulfas, salió a cruzar a Feletti y señaló que era solo una idea en danza, aún no definida.
Guzmán, por su parte, dejó entrever la necesidad de avanzar sobre quienes poseen mayor patrimonio. Habló concretamente de “acciones impositivos” con el objetivo que “los ricos no se hagan más ricos”. No está claro si sería a través de una nueva versión del aporte solidario o con una mayor progresividad en las escalas de los actuales tributos, ya sea Ganancias o Bienes Personales. La ventaja de esta última opción es que no requeriría del visto bueno legislativo ante un Congreso que estará mucho más parejo en ambas cámaras.
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