Por decimoctava vez en el año el Gobierno dispuso la ampliación del Presupuesto del corriente año, ahora por $1,25 billones, equivalente a un 15% de la pauta original que aprobó el Congreso nacional un año atrás. Lo hizo a través del Decreto 809 que se publica este viernes en el Boletín Oficial, con la firma de todos los miembros del Gabinete Nacional, encabezada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, y el agregado de dos anexos, uno con 789 folios en el que se detalla la distribución de las nuevas partidas.
Según el procesamiento de Infobae de esas planillas las jurisdicciones más favorecidas en esta oportunidad con el refuerzo de las partidas autorizadas a gastar se destacan:
1) $267.984 millones para Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), para responder al cumplimiento de los ajustes determinados por la Ley de Movilidad Previsional;
2) $187.788 millones para Producción Integral y Acceso al Hábitat (Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat);
3) $187.494 millones para Asistencia en Servicios Económicos (Obligaciones a cargo del Tesoro), básicamente se trata de una partida adicional para cubrir los subsidios a sectores de bajos recursos;
4) $173.099 millones para Asistencia Financiera a Empresas Públicas (Ministerio de Economía), fundamentalmente pago de subsidios mientras persista el congelamiento de tarifas de los servicios públicos, particularmente de energía y transporte de pasajeros;
Subsidios económicos y asistencia a empresas públicas recibieron un refuerzo presupuestario de $380.000 millones
5) $115.218 millones para Acciones de Abordaje Integral Comunitario (Ministerio de Desarrollo Social);
6) $64.623 millones para el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Ministerio de Educación);
7) $32.791 millones para Prevención y Control de Discapacidades (Presidencia de la Nación);
8) $27.076 millones para Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal (Ministerio de Seguridad);
9) $23.625 millones para Intercepción y Capacitación (Poder Judicial de la Nación);
10) $18.878 millones para Asistencia Financiera a Empresas Públicas (Ministerio de Obras Públicas);
En menor medida se destacan incrementos de partidas para: Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas (Ministerio de Seguridad, Gendarmería Nacional) $14.566 millones; Sostenimiento Operacional Estado Mayor General del Ejército Argentino (Ministerio de Defensa) $14.300 millones; Refacción Auditorio Presidente Perón -Cenard- (Ministerio de Turismo y Deportes) $14.110 millones; Prestaciones de Previsión Social (Ministerio de Defensa) $12.680 millones; y Servicios de Informática y Comunicaciones (Ministerio de Seguridad, Policía Federal Argentina) $11.031 millones.
Mayor desequilibrio fiscal
Si se tiente en cuenta que en las 17 modificaciones presupuestarias previas desde el inicio de 2021, a través de Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros y en menor medida de decretos de necesidad y urgencia el ejecutivo y en uso de atribuciones delegadas por el Poder Legislativo, se habían agregado $1,34 billones, surge un aumento acumulado equivalente a 30,9% de la previsión original.
Semejante desvío en un año en que los recursos tributarios se vieron favorecidos por la reactivación de gran parte de la economía, tras la fuerte depresión del año previo que provocaron las medidas preventivas de la irrupción de la crisis sanitaria, y el ingreso extraordinario de un giro del FMI por unos 4.300 millones de Derechos Especiales de Giro ($427.400 millones), se explica por dos fenómenos principales: 1) el desvío de la meta de inflación de 29% a más de 52% actualmente; y 2) el “Plan Platita” para recuperar parte del electorado ausente y que votó en contra del oficialismo en las primarias de agosto.
Semejante desvío en un año en que los recursos tributarios se vieron favorecidos por la reactivación de gran parte de la economía se explica por la subestimación de la inflación y el “Plan Platita”
Así se llega a un incremento del gasto total respecto del presupuestado inicialmente de $2,6 billones, y del déficit fiscal total acumulado al 23 de noviembre por parte de la Administración Central de $0,87 billones a $1,78 billones, en el caso de que se ejecute la totalidad de las partidas ampliadas.
De ese desequilibrio de las finanzas públicas el Banco Central financió hasta el viernes de la semana anterior el equivalente a 36%, por la vía de Asistencia al Tesoro con la transferencia de utilidades contables por $787.712 millones y Adelantos Transitorios por $147.599 millones.
El resto de financió con colocación de deuda interna y saldos pendientes de pago con algunos proveedores del Estado.
Según los datos de la Secretaría de Hacienda, al martes pasado se había ejecutado el 87,7% de la partida autorizada a ese momento, con lo que restaba un margen para poco más de un mes hasta cerrar el año de 12,3%, compatible con la estacionalidad alta que caracteriza a diciembre con el pago anticipado del medio aguinaldo a jubilados y pensionados, y en menor medida a parte del personal de la Administración Central.
Al martes último se había ejecutado el 87,7% de la partida autorizada, y restaba un margen de 12,3%, el cual se amplió a 22,3% para poder cubrir con holgura la estacionalidad alta de diciembre
Ahora, con el agregado de $1,25 billones de las partidas presupuestarias dicho margen se amplió a 22,3%, de modo de asegurar compromisos a pagar en los primeros meses de 2022, así como de asistir a provincias y municipios cuyos representantes del oficialismo serán claves para aprobar diversos tratamientos legislativos antes de que se renueven las Cámaras legislativas con mayor participación de diputados y senadores de la oposición desde el 10 de diciembre.
Semejante “corrección” de la partida presupuestaria para el corriente año le exigirá al ministro Martín Guzmán revisar los números que espera presentar al Congreso en los primeros días de diciembre para consideración del cuerpo legislativo, con proyecciones plurianuales, y luego recibir la aceptación de las autoridades del Fondo Monetario Internacional para cerrar el acuerdo de refinanciación de los próximos vencimientos.
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