“Es una decisión política que en diciembre se pueda enviar el proyecto de Ley al Congreso que refleje los entendimientos con el FMI. Tiene el respaldo de todo el Frente de Todos”, dijo este viernes el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró también que a partir de 2022 el gobierno segmentará tarifas, de modo reducir subsidios y focalizarlos “en quienes más los necesitan” y que la negociación tiene el apoyo de la vicepresidente Cristina Kirchner.
“El endeudamiento de USD 44,000 millones es un problema muy grave y no tenemos capacidad de pagar USD 19.000 millones en 2022 y 2023 igual. No hay forma”, enfatizó Guzmán, ratificando el objetivo de apurar un acuerdo y borrar la expectativa de un default que dejaría al país como deudor moroso de un club que integran 190 naciones del mundo.
La reducción de los subsidios a la energía, que este año insumirán más de USD 10.000 millones y, de no cambiarse el actual esquema, insumirían hasta USD 16.000 millones en 2022, según calculó el especialista Daniel Gerold, podría ser la principal jugada del Gobierno para acordar.
¿Ahora sí?
A fines de abril pasado, cuando Guzmán buscó avanzar por allí, lo frenó uno de los “guardianes” de esos subsidios, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. El de los del gas es Federico Bernal, titular del Enargas. Lo que el ministro no pudo por oposición de “los Federicos”, apoyados por la vicepresidente y el kirchnerismo duro, es ahora clave para acordar con un organismo cuyas iniciales en inglés (IMF), suelen leerse como It’s mostly fiscal (es mayormente fiscal), debido a su obsesión por hacer cuadrar las cuentas públicas, más en un país que cubre buena parte del déficit con emisión monetaria.
De hecho, señaló la consultora Quantum, el Gobierno ya empezó a avanzar en dos frentes del potencial acuerdo: dejó de intervenir y perder reservas en los mercados de dólar “bolsa” (o MEP) y “contado con liquidación”, acercándose a lo que podría llegar a ser un desdoblamiento cambiario menos enrevesado que el sistema actual, y pidió a Edenor y Edesur, las dos principales distribuidoras eléctricas, que precisen en sus facturas el monto de subsidios que paga el fisco. Preaviso que podría anticipar una vendetta política si el cese de esa canilla termina castigando en particular -en base a criterios socioeconómicos más o menos objetivos- áreas y poblaciones de voto hostil al oficialismo.
¿Alcanzará eso para acordar con el FMI? La respuesta depende de qué otros avances –si alguno– tuvo Guzmán en más de 20 meses de conversación con el Fondo (la primera misión técnica, cabe recordar, llegó al país en febrero de 2020). Lo único inequívoco es el formato: un “Acuerdo de Facilidades Extendidas”, imperfecta traducción de lo que el menú crediticio del Fondo llama Extended Fund Facility (EFF).
El menú del Fondo
El cuadro adjunto sintetiza las principales características de los platos del “menú” del Fondo. El EFF consiste, básicamente, en un programa de “consolidación fiscal” (léase, ir reduciendo el déficit hasta llegar al superávit) de hasta 4 años, más alguna “reforma estructural” a lo largo de ejecución del programa. El período inicial no incluye pagos al organismo. Tras un período de gracia, éstos se agendan para los 4,5 a 5 últimos años de 10 contados a partir del acuerdo.
Suponiendo que el Gobierno firme con el Fondo antes de fin de año, como pretende Guzmán (para no tener que afrontar casi USD 1.900 millones en diciembre con las exiguas reservas del BCRA), la Argentina debería cancelar su actual deuda, de USD 43.200 millones, entre principios o mediados de 2027 y fines de 2031.
Sería el primer EFF de la Argentina. Desde su adhesión al organismo, en septiembre de 1956, el país tuvo 21 acuerdos con el FMI, todos “Stand-by” o “contingentes”, de un máximo programático de 3 años. Uno de ellos fue además “suplementado” entre 2002 y 2003, a caballo de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, durante la gestión ministerial de Roberto Lavagna.
En la década pasada, el Fondo usó el formato EFF para grandes rescates: USD 29.700 millones para Irlanda en 2010, USD 38.000 millones para Portugal en 2011, USD 36.4000 millones para Grecia en 2012 y USD 17.500 millones para Ucrania en 2015, amén de otro, renegociado, de hasta USD 12.500 millones, con Pakistán. Así, llegó a tener EFFs con más de una veintena de países, pero en los últimos años redujo esa cartera a USD 34.000 millones y una decena de países, incluyendo economías pequeñas como las islas Seychelles, Jordania, Kenya, Gabón, Camerún y Costa Rica.
Los cuatro grandes del EFF
La guía más próxima a lo que podría ser un acuerdo con la Argentina son los cuatro EFF más grandes que tiene vigentes el Fondo: con Ecuador (USD 6.496 millones), Angola (USD 4.452 millones), Pakistán (USD 5.914 millones) y Egipto (USD 5.400 millones).
El cuadro adjunto, de un estudio de la consultora Analytica, precisa los aspectos más rígidos: en todos los casos el organismo impuso límites al resultado financiero del Sector Público (saldo fiscal más intereses de deuda), no permitió atrasos en los pagos externos, impuso como meta la acumulación de reservas internacionales netas (con las cuales afrontar los pagos de deuda) y también metas estrictas de “gasto social”.
En cambio, fue más tolerante en cuanto a la asistencia del Banco Central al Tesoro (la permitió para Pakistán, pero no para Angola y Egipto), aunque fijó límites en los casos en que la asistencia es posible. E impuso techo a la base monetaria de Angola, pero no a las de Pakistán y Egipto. El caso de Ecuador es diferente, por tratarse de una economía oficialmente dolarizada.
Problemas, reformas y plazos
El propio Fondo dice que el EFF está orientado a países que enfrentan “serios problemas de balanza de pagos, cuya resolución exige un plazo prolongado, reformas estructurales y un plazo más largo de repago”.
No es casual que la Argentina y tres de los cuatro principales receptores de EFFs (Ecuador, Pakistán y Egipto) sean cuatro de los cinco principales deudores del FMI, y que Angola sea el octavo. La cartera de crédito del organismo está altamente concentrada, al punto que la Argentina representa el 29,3%, los primeros cinco deudores el 59% y los primeros diez el 72% de los préstamos pendientes.
El Gobierno se equivocaría, sin embargo, si piensa que la exposición del FMI al “riesgo argentino” le puede ser útil para presionar. La deuda del país equivale a menos del 4% de la capacidad crediticia total del organismo, que este mismo año dispuso, como quien abre una canilla en su casa, emitir USD 650.000 millones en “Derechos Especiales de Giro”, su propia moneda.
Al cabo de casi dos años de reuniones, las conversaciones de Guzmán entraron en la una recta que en pocas y decisivas semanas definirá cuán agitado será el próximo verano argentino.
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