“Queremos promover la inversión productiva que genera empleo y asegurar así que la recuperación llegue a cada familia argentina. Este camino requiere, antes que nada, seguir impulsando el crecimiento del mercado interno. Y para ello, el Estado debe ser capaz de impulsar la demanda agregada (…) Es necesario también seguir el camino del ordenamiento de las cuentas del Estado, pero jamás a costa de un ajuste del gasto”. La frase la dijo Alberto Fernández, el domingo pasado al anunciar envío al Congreso de un plan “plurianual”, base para un eventual acuerdo con el FMI.
La explícita renuncia presidencial a ajustar el gasto público implica que el Gobierno seguirá aumentando la presión tributaria luego de haber creado o aumentado entre 14 y 19 tributos -según cómo se haga la cuenta- y suspendido casi todos los beneficios del acuerdo fiscal de fines de 2017, por el que las provincias se comprometían a reducir “Ingresos Brutos”, un tributo distorsivo y “en cascada”, y mientras el oficialismo impulsa otra “tasa”, ahora sobre los envases, de fin supuestamente ambiental.
A mediados de 2020 el “vademécum tributario argentino” compilado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) contaba ya 165 impuestos y tasas entre Nación, Provincias y Municipios, de los cuales 11 explican el 90% de la recaudación. Ahora, un estudio en curso del Ieral de la Fundación Mediterránea muestra que si no fuera por la evasión, la presión tributaria argentina ya supera la de países europeos de alta fiscalidad, como España e Italia, la de vecinos como Chile e incluso, si se excluyen diversos tipos de “IVA” que aplican algunas ciudades brasileñas, la de Brasil.
El estudio analiza la carga impositiva sobre familias y empresas en 5 países y 9 municipios de América Latina y Europa, distingue la presión tributaria “efectiva” (recaudación fiscal en porcentaje del PBI), de la “legal”, la que resulta si empresas y familias pagan todos los impuestos, sin evadir siquiera parcialmente ninguno de ellos.
La cuestión es pertinente, pues el argumento -a menudo esgrimido por quienes atribuyen al gasto público virtudes de igualador social y motor del crecimiento- de que la presión “efectiva” es superior en algunos países europeos soslaya que los servicios que los respectivos estados prestan a cambio son de calidad superior a los del estado argentino (como reflejan, por caso, los resultados de las pruebas PISA de educación) y que a menudo una menor presión efectiva resulta de rehuir al menos parte de una asfixiante presión legal.
El estudio, encabezado por el economista Marcelo Capello, constató que la presión tributaria efectiva argentina subió cerca de 12 puntos en los últimos 20 años y está entre las más altas de América Latina, junto a Brasil. Peor aún: impuestos “distorsivos”, como los derechos de exportación, el impuesto al cheque, ingresos brutos (provincias) y tasas de seguridad e higiene que (con diversos nombres), aplican los municipios, suman casi 8% del PBI.
Para precisar la verdadera presión tributaria, el estudio asumió evasión cero: empresas y familias pagan absolutamente todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales en 9 municipios de 5 países: CABA y La Matanza en la Argentina, Brasilia y San Pablo en Brasil, Santiago, en Chile, Madrid y Barcelona en España, y Roma y Milán en Italia. El proyecto, en curso, incluirá también los casos de Australia y Estados Unidos.
Con la ayuda de los economistas Agustín Cugno, Francisco Santinelli, Nicolás Cámpoli y Jonás Alvarado, Capello estudió los tributos aplicables en cada caso a una empresa industrial y otra de servicios y a 3 familias “tipo”, una pobre, otra de clase media-media y otra media-alta
Para las empresas, el estudio asumió el pago de Ingresos Brutos, Tasas de Seguridad e Higiene en dos rondas, compra de insumos y materias primas, y luego el IVA, Aportes Personales, Contribuciones Patronales e Impuesto a las Ganancias sobre el “agregado de valor” del proceso productivo.
Matanza impositiva
Llegó así a que para una empresa industrial de aparatos de uso doméstico la presión tributaria en CABA y La Matanza es menor a la de Brasilia y San Pablo y mayor a la de los demás ciudades y países. Pero si se excluye el IVA, la presión sobre una empresa situada en los distritos matancero y porteño es superior a la de una firma similar en cualquiera de los demás municipios y países considerados.
Para precisar la presión tributaria “legal” sobre las familias, el estudio asumió 3 tipos, aunque en todos los casos de 4 integrantes, dos adultos de 35 años y dos menores de 18 años. Una familia pobre que gana el “Salario Mínimo Vital y Móvil” ($ 31.104) en la Argentina o su equivalente, otra que gana el salario promedio formal (RIPTE, $ 87.619) y otra que gana 3 veces el promedio ($ 211.600). Las situaciones, claro, no son similares: para la Argentina (promedio de CABA y La Matanza) el ingreso por habitante es de USD 8.547 anual, para Brasil USD 7.011; para Chile USD 14.137, para España USD 27.057 y para Italia 31.676 dólares.
No todas las familias son iguales
Además, se asumió que el cónyuge recibe ingresos adicionales en función de datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Otros supuestos son que la familia pobre no tiene auto, la media-media tiene un Gol Power 2014 y la media-alta un Focus Titanium 2020, y habitan, respectivamente, en departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en el centro de cada distrito. Otros supuestos tienen que ver con el ahorro y la estructura de consumo, según datos de la Encuesta del Indec.
Los resultados muestran que, además de una alta presión tributaria sobre las empresas, la Argentina aplica una fuerte presión sobre las familias. Como puede observarse en el gráfico de arriba, En La Matanza y CABA, en caso de pagar todos los impuestos, las familias preservan como “ingreso disponible” un máximo del 56,5% de su ingreso bruto, bien por debajo de los dos tercios que preservan en Santiago de Chila, Madrid y Barcelona e incluso del 57% que llega a preservar una familia pobre, en su respectivo contexto, en Roma y Milán,
Los impuestos al trabajo, como los aportes personales, y al consumo, como el IVA, son la parte del león que se lleva el Estado de los ingresos de las familias,
Capello aclaró a Infobae que para el cálculo de la presión “legal”, al no conocerse las “elasticidades de demanda”, se asumió en todos los casos que las empresas trasladan a las familias todo el peso impositivo por lo que el valor resultante es el máximo para los 9 municipios y 5 países del ejercicio.
Calcular la presión impositiva “legal” en cada localidad argentina es un ejercicio extremadamente complejo. A mediados del año pasado, un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) relevó 5 actividades productivas en 30 localidades, detectando que algunas debían pagar hasta 41 gravámenes nacionales, provinciales y municipales.
El estudio del Ieral sirve para ratificar, a nivel de los principales centros urbanos de países con los cuales la Argentina se suele comparar, que la presión tributaria “legal” es ya alta, aunque el Gobierno crea que puede seguir aumentándola.
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