La semana pasada, el Gobierno —a través del Ente Nacional de la Electricidad (Enre)— solicitó a las empresas Edenor y Edesur, las prestadoras del suministro eléctrico en el AMBA, que reempadronen a más de 1,5 millones de usuarios de categoría residencial. De esta forma, buscan confirmar que la persona titular del servicio y su grupo familiar efectivamente vivan en ese domicilio y utilicen el servicio.
La medida es un paso para la construcción de bases de datos “reales” de usuarios para poder avaznar con el esquema de segmentación de tarifas que prevé el Gobierno y que permitiría en 2022 comenzar a reducir los subsidios en las tarifas que pagan los usuarios.
Se estima que un 37% del total de los usuarios tiene como titulares del servicio a personas que no viven en ese domicilio o hay otras inconsistencias: personas fallecidas, omisiones o errores en los números de DNI, personas que se declaran como titulares de una pluralidad de domicilios. El sistema considera “titular” a quien efectivamente usa, junto a su grupo conviviente si fuera el caso, el servicio de electricidad en el domicilio declarado.
El plazo para el reempadronamiento es hasta diciembre. En una de las empresas, estimaron que en una primera etapa se empadronarían a unos 700.000 titulares sobre un total de 2,5 millones de clientes.
Fuentes oficiales confirmaron que el Gabinete continúa trabajando en construir la herramienta para procesar la información que permite implementar las tarifas segmentadas. Y para eso requieren contar con una base de datos real, con la información de quién recibirá una tarifa más baja.
Aunque desde el Gobierno no anticiparon aun cómo será los distintos segmentos de usuarios, fuentes del sector aseguraron que una de las opciones que se analizan es una división en tres categorías: tarifas que vayan por debajo de la inflación para los sectores más bajos, tarifas que acompañen a la inflación en el segmento medio y otras que tengan una recuperación de lo perdido en años anteriores para los sectores más altos.
El esquema podría ser también mixto y contemplar zonas determinadas. Esto permitiría que los barrios más vulnerables cuenten con mayores subsidios. En esos barrios suele ser más difícil contar con información detallada de cada usuario.
A comienzos de octubre, en una entrevista con Infobae, el secretario de Energía Darío Martínez anticipó que el Gobierno estaba avanzando con la segmentación de tarifas de acuerdo a los niveles de ingresos de las familias. “No podemos tener una tarifa por la que la gente tenga que dejar de consumir. Es el eje que nos marca el presidente y la vicepresidenta. Y además con un esquema de uso más eficiente de los subsidios para llegar a la gente que no puede pagar”, aseguró.
“Pero hay que estar seguro de la herramienta de segmentación; tiene que ser eficiente e inteligente pero además no podemos cometer errores para no dar marcha atrás. Con la segmentación no se van a resolver los problemas de la energía ni se dejará de subsidiarla. Hay que usarlo de manera más inteligente y más eficiente. Se debe generar una gran base de datos y crear el núcleo familiar, algo que el Estado nunca lo hizo”, continuó.
“Es importante saber cuál es el núcleo de cada familia y va a llevar su tiempo. Creemos que los primeros pasos los vamos a poder dar a comienzos del año que viene y es una herramienta que tiene que ir perfeccionándose y le va a servir al Estado para muchas cosas, como subsidios al transporte y muchas de sus decisiones. Pero hay que tener muy claro cada núcleo familiar, cuáles son los ingresos y si puede o no afrontar estos costos. Pero eso no va a hacer que dejemos de subsidiar la energía”, concluyó Martínez. Según estimaciones oficiales, hoy cerca de la mitad de la tarifa de gas y electricidad cuenta con subsidios.
La segmentación de tarifas generó cortocircutos en el Gobierno en abril de este año, cuando el ministro de Economía Martín Guzmán, que siempre se mostró a favor de la baja de los subsidios a la energía, intentó sin éxito echar al subsecretario de Energía Federico Basualdo, identificado como cercano al Instituto Patria, el think tank de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El enojo contra Basualdo era por su demora en elaborar un esquema de reducción de subsidios a través de la segmentación.
Uno de los principales problemas de los esquemas de segmentación es que se generan inclusiones o exclusiones (gente que recibe el subsidio cuando no le corresponde y al revés). Algunas de las dificultades es que se pueden generar cambios de titularidad para obtener el beneficio: por ejemplo poner el servicio a nombre de una persona jubilada. Pero también, hay datos que no se actualizan como titulares fallecidos o el caso de los inquilinos.
El Gobierno avanza en un esquema de segmentación por ingreso, lo que requiere de información de distintos organismos del Gobierno, como la Anses, la AFIP y el Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social). Durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se intentó aplicar un esquema de segmentación, al que se definió como “sintonía fina”. A fines de 2011, dejaron de recibir facturas subsidiadas de gas, electricidad y agua las personas con domicilio en los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires (Recoleta, Puerto Madero, el corredor de Libertador) y el área metropolitana, countries y barrios cerrados. También se abrió un registro voluntario para los usuarios que quisieran renunciar al beneficio. Pero finalmente no se avanzó mucho más allá.
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