El futuro del cuestionado Guzmán: entre la nueva estrategia post elecciones y la presión del dólar y la inflación

El Gobierno de Alberto Fernández buscará desde este lunes encontrar un segundo aire a su mandato y ya adelantó que acelerará el trámite del acuerdo con el Fondo Monetario, que tendrá desde diciembre un primer paso parlamentario antes de que la negociación vuelva a Washington. Este giro en la estrategia oficial cuenta, según dejan saber en el oficialismo, con el aval de las tres terminales del Frente de Todos, lo que fue leído por algunos funcionarios como un respaldo al ministro de Economía Martín Guzmán.

El jefe del Palacio de Hacienda aparece en los listados de los eventuales fusibles para una renovación de staff de ministros desde hace tiempo, pero su nombre volvió a estar en la discusión después de la derrota del oficialismo en las PASO, que desató un terremoto dentro de la coalición de gobierno y que incluyó amagos de renuncias y una carta abierta de Cristina Kirchner en que cuestionó la dirección de la política económica de Guzmán y señaló que se trataba de “un ajuste”.

No fue la primera vez que la relación entre el ministro de Economía y el sector oficialista que se referencia en la vicepresidenta se tensaba. Anteriormente, y con igual estado público, había tenido lugar a finales de abril el intento de salida del subsecretario de Energía Federico Basualdo, que finalmente quedó en la nada y conservó, hasta el día de hoy, su puesto.

Los cuestionamientos más o menos airados a la política económica de Guzmán fue moneda corriente entre dirigentes cercanos a Cristina Kirchner, por ejemplo, tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2022. En esa ala del Frente de Todos ya adelantaron, incluso antes de que comience su tratamiento en comisiones, que el texto enviado por el ministro sufrirá cambios. Las críticas principales son el recorte en los fondos para subsidios que busca hacer el Ministerio de Economía y el gasto social.

La respuesta “económica” del Gobierno a la derrota en las PASO también fue puesto en tela de juicio en las últimas semanas. Más allá de las intenciones de cierto sector del oficialismo, el paquete de asistencia entre las primarias y las generales fue más acotado de lo que se preveía en un principio. Una de las medidas que se esperaban con mayor expectativa, la posibilidad de un nuevo IFE con un alcance más limitado, no terminó por encontrar forma antes del 14 de noviembre.

Un activo que conservaba Guzmán entre sus pares era, por un lado, poder mostrar la reestructuración con los bonistas privados como un logro -más allá de que el riesgo país, por ejemplo, aún se mantiene en niveles altos- y ser el funcionario al que el FMI reconoce como el interlocutor dentro del Gobierno para alcanzar un nuevo programa financiero.

La nueva impronta que buscará darle el oficialismo al tratamiento de la deuda con el Fondo Monetario fue leído en despachos oficiales como un gesto de respaldo a Guzmán, principalmente porque, según dijo Alberto Fernández, el proyecto de ley con las proyecciones económicas plurianuales cuenta con el apoyo de todo el abanico del Frente de Todos, lo que le quitaría una eventual tensión interna en el inicio de su debate.

“No deja ninguna duda que todos en el Frente de Todos tenemos la plena voluntad de alcanzar un acuerdo sostenible”, comentaba el domingo por la noche, con el resultado puesto y minutos después del primer mensaje presidencial, una fuente oficial. Desde el entorno de Guzmán repetían, incluso antes de las PASO, que no había para el ministro un “antes y después” de las elecciones y que buscaría seguir con ejes de gestión claves. Algunos de ellos, incluso, tendrán una fuerte incidencia en lo sucesivo.

La otra agenda económica: Presupuesto, dólar e inflación

Con todo ese contexto se retomaría esta semana, en paralelo a la discusión que se iniciará en el Congreso por los números negociados con el FMI, el tratamiento del Presupuesto 2022. No tendría lugar todavía el plenario de comisiones, sino que comenzará con reuniones preliminares antes de que Guzmán tenga que defender el proyecto en público. El ministerio de Economía esperaba por la invitación del massismo para asistir.

Además del Presupuesto, la agenda económica de Guzmán seguirá con una serie de proyectos de ley que el equipo económico presentó en el Congreso y que esperan tratamiento. Entre ellos, el de promoción de inversiones hidrocarburíferas, y otras iniciativas sectoriales para la agroindustria, electromovilidad y automotriz.

En el frente externo aparece la restructuración de la deuda, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con el Club de París, un proceso de negociación que no debería extenderse más allá de marzo, que fue el plazo preliminar que acordó el Gobierno con ese consorcio de naciones acreedoras como “puente de tiempo” para encaminar el acuerdo con el FMI.

En el medio de ese trayecto, además, el Poder Ejecutivo deberá realizar más pagos al organismo con los derechos especiales de giro (DEG) que el Fondo envió en agosto al país como parte del reparto general que hizo a sus socios de USD 650.000 millones. A la Argentina le correspondieron USD 4.300 millones que fueron utilizados un mes después para un primer pago de capital al FMI.

Y en diciembre, mes en que se discutirá en el Congreso el programa económico plurianual, tendrá lugar el vencimiento otros USD 1.900 millones. De no mediar la firma de un programa de facilidades extendidas (EFF) como el que negocia Guzmán desde hace más de un año, el Estado argentino debería repagar cerca de USD 20.000 millones a partir de 2022, una suma imposible de afrontar con un nivel de reservas como el que tiene el Banco Central en la actualidad.

La pelea contra la inflación también aparece en la hoja de ruta. El Gobierno puso en marcha una serie de congelamientos de precios como respuesta a los índices más elevados de lo que esperaba a esta altura del año. Guzmán había advertido que el camino de desaceleración de la inflación que comenzó en marzo podía tener un bache, pero una aceleración de precios de esta magnitud puso en alerta al Poder Ejecutivo.

En ese marco, el Gobierno busca asegurarse de que el 2021 no termine por ser el cuarto año consecutivo en que los salarios terminen por abajo de la inflación. Ese fue el objetivo que se planteó el equipo económico una vez que la proyección de precios que había hecho en el presupuesto -de 29% anual- quedó vetusta.

En ese sentido, un dato reciente que marca la fragilidad de los sectores del mercado de trabajo que están desplazados del empleo registrado o público: en lo que va del año los salarios de los trabajadores informales están nada menos que 17 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Respecto al tipo de cambio, para los analistas lo que viene será una suerte de “descongelamiento” del ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial. Para la consultora PxQ, del ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, “se espera que el BCRA revise dicha estrategia en el corto plazo”, mencionó.

“Como se señaló en repetidas oportunidades, un salto discreto en el tipo de cambio oficial tendría un impacto sustantivo sobre el nivel de precios y, por esta razón, es de esperar que el Gobierno busque evitarlo hasta las últimas consecuencias. La aceleración del ritmo de crawling-peg (velocidad de depreciación) parece el escenario más probable y, aunque no tiene el impacto de un salto discreto, tiene efecto sobre los precios”, afirmó.

Por su parte, la consultora Invecq apuntó que uno de los posibles escenarios post electorales implicaría que el Gobierno en materia cambiaria decida “ir hacia un crawling-peg más rápido que el 1% mensual que observamos desde mayo pasado para hacerlo coincidir con la tasa de inflación mensual y que el tipo de cambio real deje de atrasarse (desde mayo cayó 12,5%) y probablemente un levantamiento de algunas restricciones cambiaria que podría llevar a un desdoblamiento del mercado con un segmento comercial controlado y un segmento financiero libre”, concluyeron.

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